Chapoteando en la ciénaga de los sectores públicos
El submundo burocrático crece y se alimenta del dinero de los españoles sin apenas control y con manga ancha
Ilustración de Alejandra Svriz.
En el debate entre políticos que ha suscitado la renacionalización parcial de Telefónica cabría decir que todos mienten. Los que se rasgan las vestiduras y los que aplauden hasta con la orejas. La realidad es que todos los gobiernos nacionales y autonómicos actúan con las mismas o parecidas dosis de cinismo. Cómo, si no, justificar la existencia de casi 2.200 entidades públicas nacionales y autonómicas de naturaleza tan dispar como fundaciones, organismos autónomos, entes públicos, consorcios, sociedades mercantiles… que conforman las administraciones paralelas utilizadas para saltarse a la torera toda clase de leyes y reglamentos y para mantener, en sentido estricto, a la clientela política contenta.
Es bastante difícil contar con una cifra exacta de organismos públicos ya que ni siquiera dentro del Ministerio de Hacienda coinciden las cifras si las cuenta el IGAE o si es el Inventario de entes del propio Departamento el que las reseña. En cualquier caso, esas más de 2.000 criaturas burocráticas no han dejado de crecer, especialmente en las comunidades autónomas, pero también el Gobierno central apetece ampliar las 330 «cosas» de diversa morfología jurídica para tener lugares cómodos y bien dotados económicamente donde ir aparcando a los ex y a los futuros altos cargos y a la militancia sin graduación.
En las administraciones paralelas de las comunidades autónomas el liderazgo indiscutible lo tiene Cataluña, que supera en número incluso al Estado, con 360 entes (entre otros, 109 consorcios, 95 fundaciones, 54 entes públicos y 62 sociedades mercantiles) seguida de Andalucía (200), País vasco (163), Madrid (134), Comunidad Valenciana (133) y Galicia (115), por hablar solo de las que superan el centenar.
Solo en forma de subvenciones, este colmado de entes públicos se funde al año unos 7.000 millones de euros, lo cual no agota en absoluto la succión que suponen para los Presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas. Hay múltiples fórmulas para dotar a estos organismos parasitarios del sistema administrativo, desde contratos de servicios y obras hasta avales, pasando por encomiendas de gestión o créditos.
«Con este panorama y este desbarajuste sin freno en la creación de criaturas parasitarias de las comunidades se explica el despropósito de las deudas acumuladas»
Baste decir que, según el Tribunal de Cuentas, sólo las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Navarra incluyen a todos sus organismos en las cuentas generales de la comunidad (las dos últimas excepto las cuentas de las universidades). El resto sólo incluyen una parte, a veces ínfima de esa superestructura, como es el caso de Madrid, que mete en sus presupuestos apenas del 10% de los entes que están obligados a supervisión del Tribunal de Cuentas. Lo demás circula por limbos administrativos, contables y financieros fruto de la imaginación expansiva y de las necesidades clientelares de cada Ejecutivo. Esto es tan así, como que el Tribunal de Cuentas califica como obligados a su supervisión 1.336 entes de los cerca de 1.800 existentes en las comunidades autónomas.
Con este panorama y este desbarajuste sin freno en la creación de criaturas parasitarias de las comunidades autónomas se explica en buena parte el despropósito de las deudas acumuladas por las mismas. El 43,5% sobre su PIB, de la Comunidad Valenciana, el 32,4% de Cataluña o el 32,1% de Murcia y Castilla La Mancha. Porcentajes atroces que tienden a cronificarse.
Con la excepción de la Comunidad Valenciana, que acaba de anunciar la supresión de seis organismos bajo fórmula de Agencias que ni siquiera habían comenzado a funcionar, pero que hubieran supuesto un gasto añadido de 323 millones de euros a los 3.851 millones que se llevarán las diversas entidades de esa burocracia en la sombra y de Andalucía, que también ha iniciado una senda de reducción de canonjías, el submundo burocrático crece y se alimenta del dinero de los españoles sin apenas control y con una manga ancha propia de manirrotos irresponsables.
Así se explica la resistencia a reducir el déficit y la deuda pública. Así se alimenta el distanciamiento de la sociedad de los gobiernos dispendiosos y disolventes.
Así también sufre la democracia.
