'Ley Antiokupas': la cháchara y el susto
«Particulares y comunidades de vecinos podrán luchar definitivamente contra la ‘okupación’ ilegal»
Un agente de Policía Nacional frente a una máquina retroexcavadora durante la demolición del edificio okupado ‘La Higuera’, en el barrio de Tetuán, a 14 de octubre de 2022, en Madrid | Europa Press
La música fue una y la letra otra. Todos recordamos la cháchara (Colau, Montero, Iglesias) en las lejanas nieblas y nieves del ayer: son buenos chicos, ofrecen talleres literarios, ofertan cursos de cocina, hacen malabares, renuevan el barrio, etc. El susto siempre fue predecible: yonquis, sintecho, vagabundos, toxicómanos y marginales sometidos a una red jerárquica donde pagaban por su cama y techo a otros (mejor situados que ellos) sin escrúpulos ni retrasos en los billetes. Los barrios viejos y cascos antiguos de media docena de ciudades españolas, junto a barrios enteros residenciales abandonados en las mejores costas, se pintaron de este nuevo chabolismo, brillante en aparatos tecnológicos de toda laya y jeta dura.
Falta poco, muy poco, para que todos podamos disfrutar en libertad y al natural de una Ley Antiokupas que nos libere, a partes iguales, de chácharas vacuas y sustos letales. El Congreso de los Diputados comenzó a tramitar en febrero pasado lo dictado a doble espacio por el Senado, gracias a la mayoría del PP, para desalojar las viviendas «okupadas» en 24 horas y condenar con penas de hasta tres años de prisión a los autores.
El texto es afluente de tres ríos y no conocerá presa ni desbordamiento por ningún cauce: Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Enjuiciamiento Civil. Particulares y comunidades de vecinos podrán luchar definitivamente contra la «okupación» ilegal, que empezó por estas tierras con un extraño canto de sirenas, fábulas para inocentes y otras nanas que la realidad siempre negó. Si son dos o más autores los asaltantes serán tratados, según el texto, como grupo organizado e insta al inmueble a la devolución del IBI y del Impuesto de Patrimonio a los dueños de las viviendas usurpadas. La Proposición de Ley será real para suelos robados y usurpados.
No caben bromas. La primera, en la frente. Desalojo «exprés»: una vez que la autoridad pública requieran a los «okupas» el desalojo, el plazo máximo será de 24 horas, tras dicho tiempo estarán autorizados para habitar la vivienda y en caso contrario: «los agentes procederán al lanzamiento inmediato si no se ha producido el desalojo voluntario». Además, las penas carcelarias subirán en duración y contundencia: de uno a tres años si la vivienda se ha «okupado» con violencia e intimidación, y de seis a dieciocho meses en caso contrario. Si los «okupas» devuelven la vivienda de forma voluntaria en menos de 48 horas desde su requerimiento la condena será entre 30 y 90 días.
Los promotores también conocerán el frío de los barrotes: quienes promuevan la «okupación» se enfrentarán a penas de tres meses a un año, y si es funcionario hasta 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público. A su vez, en el interior mismo de los enjuiciamientos rápidos se incluirán el de allanamiento de morada (Código Penal) y usurpación. Las empresas también podrán pedir la inmediata recuperación de la posesión del inmueble (Enjuiciamiento Civil) siempre que se hayan visto privadas sin su consentimiento. Se elimina, asimismo, la posibilidad de que un jurado popular pueda juzgar casos por allanamiento de morada a los angelitos.
El abuso del Movimiento Okupa en España fue una epidemia y el mayor robo conocido
En la florida exposición de motivos se resalta los daños que hace la «okupación» para la convivencia vecinal y toda la inseguridad regalada a una buena comunidad de gentiles y gente de bien. Señala el texto: «El incivismo y el atentado a la convivencia pueden derivar incluso en casos dramáticos». Se sugiere cómo algunas zonas, debido a la presencia y lacra «okupa», empeoran su estatus.
La ley llega a darle al presidente de la comunidad potestad para denunciar ante las autoridades conductas dañosas para una finca o que contravengan los estatutos. Podrán plantear al propietario medidas preventivas como tapiar puertas y ventanas. Se tumba la ley de propiedad horizontal y se podrá desalojar de inmediato al «okupa» que realice actividades prohibidas. El propietario de una vivienda «okupada», también, recibirá la devolución de los tributos relacionados con la misma: IBI o Impuesto de Patrimonio, una vez declarada la «okupación» ilegal. Finalmente, se mantendrá la consideración de inmueble como residencia habitual del propietario para que no se pierdan los beneficios fiscales si la quiere vender para reinvertir en otra. Todos los malos a la calle.
El cuento «okupa» llega a su fin. Pulen comas y puntos en el Congreso de los Diputados desde el 24 del pasado mes pero, los máximos implicados en la materia, aseguran el éxito de la iniciativa. Congreso y Senado pueden darse la mano, en ocasiones, para mejorar la vida de la gente. PSOE y PP, a la manera europea, pueden firmar folios juntos que no sean papel mojado ni letras borrosas.
El abuso del Movimiento Okupa en España fue una epidemia y el mayor robo conocido con el apoyo y connivencia de cuatro políticos hipócritas que habitaban, mientras tanto, chalés con piscinita en forma de riñón o pisazos en las mejores zonas urbanas con terrazas para jugar a los bolos. El cuento «okupa», como tantos otros cercanos al delito y atropello, no prosperará. Nuevas cortinas de ladrillos taparán las flores y los girasoles inventados. Nuevos muros, del suelo al techo, no dejarán ver el mar ni el amor entre las ballenas y los delfines. Nadie, con las nuevas medidas, volverá a sentirse inseguro al calor del propio fuego. El cuento «okupa», sin cháchara ni susto, solo formará ya parte de la tradición oral.
