Reducción de la jornada laboral: aprender del error de Francia
«A finales de los 90, el gobierno socialista francés decidió reducir la jornada laboral. La experiencia fue un fracaso absoluto»
Yolanda Díaz. | Alejandra Svriz
A finales de los años 90, el gobierno socialista francés decidió reducir la jornada laboral a 35 horas. La idea era reducir el paro, induciendo un «reparto» de las horas de trabajo: si los ocupados trabajaban menos, habría horas disponibles para los parados. Además, se pensó que aumentaría el bienestar de los asalariados al disponer de más tiempo libre, lo que a su vez podría redundar en una mayor productividad.
La experiencia francesa tiene una enorme importancia para España, ya que el gobierno sanchista-leninista está considerando una medida similar. La tiene porque, pese a haberse realizado de forma mucho más razonable de la que está planteando la ministra Yolanda Díaz, la experiencia de Francia con la reducción de la jornada laboral fue un fracaso absoluto. Lo dice el Fondo Monetario Internacional en su informe «¿Están felices los franceses con la jornada de 35 horas?» (IMF working paper; Are the French happy with the 35-hour worktime?; noviembre 2006, que puede encontrarse aquí).
El párrafo final de dicho informe es elocuente: «En general, nuestra evaluación de los efectos de la semana laboral de 35 horas es negativa. Fracasó en aumentar el empleo y aumentó la rotación del personal. La evidencia basada en personas con más de un empleo, las transiciones de empresas grandes a pequeñas y encuestas de satisfacción con el tiempo de trabajo, sugiere de manera consistente que una significativa porción de la fuerza de trabajo fue forzada (a hacer algo que no quería) por la reducción de la jornada laboral».
Ténganse en cuenta algunas diferencias claves. La ministra Díaz propone reducir el tiempo de trabajo manteniendo la remuneración sin cambios (es decir, propone aumentar compulsivamente los salarios, lo que equivale a una expropiación a los empleadores). Tampoco plantea cambio alguno en las cotizaciones sociales ni en el cómputo de las horas extraordinarias.
«El gobierno francés creó un problema donde no lo había; el gobierno español parece dispuesto, a crear muchos problemas donde no los hay»
En cambio, la reducción de la jornada laboral se hizo en Francia con una reducción proporcional de los salarios (excepto para quienes cobraran el salario mínimo), al mismo tiempo que se rebajaban las cotizaciones sociales (de manera inversamente proporcional a la magnitud de la remuneración) y se flexibilizaba el uso de las horas extras (se permitió un mayor número con una prima menor con relación a una hora normal).
En Francia se reconoció que la medida implicaba un aumento de costes laborales y una complicación para la organización de la producción. Por eso el gobierno intentó amortiguar esos efectos con las medidas mencionadas. En España, la ministra Díaz también conoce esas consecuencias, pero nada propone para remediarlas por dos razones: 1) ella es comunista, por eso siempre intentará reducir los beneficios empresariales, que considera íntegramente fruto de la explotación del personal; 2) no busca mejorar el mal funcionamiento de nuestro mercado laboral (recordemos que España tiene la mayor tasa de paro de Europa) sino obtener una rentabilidad política (esta sí, fruto de la explotación del sector privado por parte del gobierno).
Lo relevante es que, pese a los recaudos tomados por el gobierno francés, la medida fue un fracaso. En las empresas donde los salarios se redujeron en igual proporción que el tiempo de trabajo, muchos asalariados buscaron un segundo empleo o se fueron a trabajar a empresas pequeñas (donde la reducción de la jornada laboral se hizo dos años después que en las grandes). En aquellas en donde los salarios se mantuvieron o se redujeron menos que proporcionalmente, hubo una mayor rotación, despidiendo empleados «caros» por desocupados dispuestos a cobrar menos. El número de ocupados quedó igual.
Entre 1997 y 2000, la productividad (producción por ocupado) cayó 3,7% en las empresas con una jornada semanal de 35 horas, en comparación con las empresas pequeñas (que, como se dijo, siguieron inicialmente con una jornada de 39 horas). El grado de satisfacción de los asalariados no mejoró con relación al de otros países con una jornada laboral convencional.
El gobierno francés creó un problema donde no lo había; el gobierno español parece dispuesto, siguiendo su costumbre, a crear muchos problemas donde no los hay.
