Las mentiras de Zapatero, la izquierda caviar y el momento de Venezuela
«El problema con Venezuela es que no hay elecciones libres, democráticas y competitivas»
Zapatero y Maduro en una imagen de archivo. | Europa Press
Es fama que los chavistas, tanto los de dentro como los de fuera de Venezuela, exhiben una capacidad ladina para distorsionar la verdad, forzar la realidad y difundir sus versiones de los hechos fuera de contexto, y con ello pretender poner el mundo al revés, de acuerdo a la conveniencia de un sistema autoritario.
Como especialistas en fomentar fake news y de hacer que ciertas personas crean a pie juntillas lo que dicen, se recrean rizando el rizo de las mentiras, o pretendiendo convertir en argumentos válidos lo que son justamente evidencias del equívoco, del atropello y de ese autoritarismo.
Algo así es lo que acaba de hacer José Luis Rodríguez Zapatero, acaso el chavista con más prestaciones del lado este del Atlántico (aunque en eso compite con Ignacio Ramonet) al afirmar que el asunto hoy en Venezuela con María Corina Machado es que «ya estaba inhabilitada», lo que la descalificaría de entrada para las presidenciales de este año.
El problema con Venezuela es que no hay elecciones libres, democráticas, competitivas en las que se respeten los derechos electorales de las personas en edad de votar, ni los derechos políticos de los candidatos con mayor arraigo popular, ni de sus partidos políticos.
En las elecciones de mayo de 2018, en las que resultó electo Nicolás Maduro (y que no fueron reconocidas por unos 60 países donde rigen democracias de corte occidental), ya habían sido violados esos mismos derechos: los comicios fueron convocadas fuera del lapso constitucional, y por una Asamblea Constituyente organizada por el gobierno para darle el balazo en la nuca al acosado Parlamento (la oposición había alcanzado en 2015 la mayoría absoluta y tenía poderes hasta para enjuiciar a Maduro).
En esas elecciones de 2018 hubo un uso grosero de los recursos del Estado a favor del ventajismo oficialista; todos los medios de comunicación públicos y privados fueron puestos obligatoriamente al servicio de la candidatura del gobierno y los principales líderes opositores y sus partidos políticos tenían prohibido competir, por vía de inhabilitaciones administrativas.
El desconocimiento de ese congreso opositor, esas elecciones ilegítimas, y la dura represión a sangre y fuego de las protestas masivas callejeras entre 2014 y 2017 explican en parte la aguda crisis política que persiste en Venezuela y que hoy corre el riesgo de convertirse en un paisaje internacional, en una situación estancada.
Zapatero al zapato chavista
Ahora, seis años después, en las elecciones de 2024 un régimen chavista francamente autoritario, impopular y sin dinero apunta a repetir este expediente para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional responde como puede: con tibios comunicados de preocupación, en un mundo con otras urgencias. Desde afuera el chavismo cuenta con tipos como Zapatero para imponer una narrativa que le ayude a darle un barniz pasable a este proceso que busca perpetuar un régimen agotado, en un país donde una minoría fuertemente armada y rica impone sus designios a una mayoría empobrecida y sin derechos democráticos.
Las inhabilitaciones son solo un expediente para escoger cuáles candidatos pueden postularse y cuáles no; cuáles sirven de actores secundarios para ayudar a reelegir a Maduro en un proceso donde se vota pero no se elige. Para los que llegaron tarde a esta zaga, María Cortina Machado está inhabilitada por una decisión administrativa, ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro a través de la Contraloría General de la República y ratificada más tarde por el también chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Todo ello sin que mediara un juicio de donde derivara una sentencia firme y definitiva, lo que contraría la Constitución Nacional y convierte en inconstitucional, que es decir ilegal, esa decisión, según explican juristas.
En Venezuela, para los que no se dan por enterados, no hay separación de poderes, y tanto el Congreso (Asamblea Nacional), como la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral (CNE, supuesto poder electoral devenido en «ministerio de las Elecciones»), la Fuerza Armada y todas las demás instituciones son controlados por el Ejecutivo, que hoy es decir Nicolás Maduro y la nomenclatura del alto chavismo en el poder absoluto desde hace 25 años.
«Para Zapatero, como todos los chavistas de la élite, permitir unas elecciones libres equivale para el régimen a entregar el poder»
Machado está inhabilitada para concurrir a cargos públicos por designios de un régimen que se niega a aceptar unas elecciones libres, democráticas, competitivas y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Desde la ONU hasta la Unión Europea, pasando por todas las democracias de corte occidental y el venezolano de a pie, abogan por unas elecciones libres y democráticas como única forma de detener la larga crisis política, económica y social que sufre este agobiado país y que se agudizó desde 2013, cuando Maduro llegó al poder como heredero a dedo del caudillo Hugo Chávez.
Por las buenas o por las malas
El de Maduro es un régimen sumamente impopular (solo tiene 9% de apoyo, según encuestas como la de Delphos, a finales de 2023), mientras el 85% de los venezolanos quiere un cambio político que se les niega con jugarretas y faroleos como los que justifica Zapatero. Aunque hoy palidece ante lo que ocurre en Ucrania, en Gaza, Siria o Sudán, la crisis de Venezuela sigue siendo una de las peores en su tipo en América, y origen de un continuo éxodo de migrantes y refugiados que se han esparcido por el mundo (incluyendo España, hoy quinto destino mundial de esta diáspora que ya suma 7,7 millones de personas, según Acnur). Cerrar las posibilidades de un cambio político en condiciones democráticas, pacíficas, electorales y constitucionales es la apuesta arriesgada del régimen y sus acólitos como Zapatero. Y para ello apuestan a la impunidad, a forzar la barra cada vez más y a buscar legitimidad justamente con esas elecciones.
Fueron anunciadas el 5 de marzo, fecha en la que se informó de la muerte de Chávez, y se realizarán el 28 de julio, esa sí con certeza, la fecha del nacimiento del caudillo militar que gobernó a sus anchas y cuya imagen todavía el régimen quiere exhibir como si fuera el insepulto cadáver del Cid, para alentar a sus decepcionadas huestes. Las elecciones, valga decir, deberían ser en diciembre, según la Constitución. Pero al adelantarlas y acelerar la inscripción de candidatos sin oportunidades reales de ganar, y dispuestos a bailar al son de la marcha militar, el gobierno elimina de entrada a competidores reales, mientras presume de ejercer una supuesta «democracia real y participativa». Para los sesudos analistas, esas solas fechas emblemáticas ya ilustran por sí solas la debilidad electoral del régimen de Maduro. Un régimen sin calle, sin seguidores, sin dinero, sin legitimidad, sin argumentos más allá de la fuerza y la violencia… y de los razonamientos forjados, como los de Zapatero. «No hay no hay condena penal contra Machado, por lo que no se la puede inhabilitar según la Constitución», observa en un análisis la ONG Acceso a la Justicia sobre el caso de la frustrada candidata Machado.
El Tribunal Supremo de Justicia no permitió a la defensa de Machado acceso al expediente que consagró la inhabilitación administrativa, ni le dio derecho a exponer sus alegatos, lo que «denota una clara denegación de justicia» sobre este caso en el que nunca se respetaron los lapsos ni el debido proceso. «La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley», señala el artículo 49 de la Constitución de Venezuela, citada por Acceso a la Justicia. El caso es que la líder clara de la oposición, la ganadora de la elección primaria con 92% de los votos, queda fuera de la carrera presidencial.
El propio Zapatero, en su nefasta intervención en el programa La Noche, en 24H, argumenta que para el chavismo «el fin justifica los medios». Por estas horas, mientras transcurre el plazo final para inscribir candidatos aceptados por el régimen de Maduro, hay más detenciones de opositores, especialmente dirigentes del partido Vente, de Machado, suben las presiones y amenazas autoritarias contra activistas por los derechos humanos, periodistas, políticos opositores y ciudadanos comunes que se atrevan a protestar por los constantes cortes de luz y agua, falta de combustibles, o en demanda de aumentos de salarios y pensiones en el sector público.
Un país de escandalosas desigualdades
En Venezuela, por cierto, un pensionado recibe el equivalente a 25 dólares por mes y el salario mínimo equivale a $4 por mes, no sube desde hace dos años, aunque el país compite desde hace años en el podio de la tasa de inflación más alta en el mundo. La economía, estúpido, es una de las razones del fracaso y la impunidad de la supuesta revolución chavista. De manera peregrina, el gobierno culpa de la crisis a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al régimen y sus protagonistas principales por sus atentados contra la democracia, los derechos humanos y la corrupción generalizada.
El gobierno llama esas sanciones «el bloqueo». Pero basta con darse una vuelta por Caracas para saber que por aquí se consiguen productos de todo el mundo, para las mayorías lo que no hay es con qué comprarlos. En tiendas exclusivas brillan camionetas de lujo que valen más que un piso en un barrio de clase media, hay chocolates, whisky y jamones europeos más baratos que en el Duty Free de cualquier aeropuerto (entran sin pagar aranceles porque el propio gobierno y sus empresarios civiles y militares allegados controlan en beneficio propio esa economía de puertos).
Mientras, estudios como la encuesta Encovi, divulgada esta semana por la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello, exponen que el 40% de los alumnos entre 3 y 17 años de edad no pueden asistir a clases con regularidad; el 89% de los hogares están en condiciones de «inseguridad alimentaria», es decir, pasan hambre.
En medio de la anárquica liberación de la economía, el 83% de los hogares son pobres por ingreso (sin dinero suficiente para comprar una canasta básica) y el 52% están atrapados en la pobreza multidimensional, la vinculada no solo a los ingresos, sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación. «La apertura económica de facto que ha tenido lugar en economía venezolana, a partir del año 2019-2020, ha hecho que se amplíen las diferencias sociales. Éstas no solamente están relacionadas con el estrato social de pertenencia sino muy especialmente al acceso de las oportunidades», destaca el informe de Encovi.
Hay otros hallazgos que ilustran el fracaso de la llamada revolución bolivariana, ese movimiento caudillista vendido por la izquierda como lo último que trajo el barco de la historia cargado de espejitos de justicia social: en el país no existe el crédito, esa palanca de movilidad social y solo 1% de los hogares tiene algún ahorro (en 2015 era el 27%). La izquierda caviar europea, de la que Zapatero es uno de sus más rancios exponentes, todavía pretende vender el asunto Venezuela como una confrontación entre ricos y pobres, donde los buenos son los pobres y libertarios chavistas, con su «presidente obrero», y su «comandante eterno», el insepulto Hugo Chávez, con su olor a pólvora de las guerras de Simón Bolívar, y una supuesta justicia social que no se ve por ninguna parte.
Según ese discurso chavista, del otro lado de este sainete estarían los imperios de Estados Unidos y la Unión Europea, con sus vende patria dentro del país y sus «títeres», como los políticos opositores que en realidad se montan sobre la ola de las ansias de un cambio en justicia, libertad y democracia. El problema es que en Venezuela las acusaciones de «terrorista», «traidor de la patria» son dos de las muletillas más socorridas para montarle expedientes a cualquier opositor, detenerlos de manera arbitraria, desaparecerlos por horas o días, torturarlos, mandarlos al exilio obligado o voluntario, suprimirles sus derechos políticos y dejarlos presos sin sentencia.
Esos son los medios que terminan justificando tipos como el bien informado de Rodríguez Zapatero.
