Díaz quiere resucitar los sóviets
«Díaz podría reflexionar sobre las causas de su influencia menguante en la política y no volcar su ira contra las empresas»
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. | Alejandra Svriz
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, doña Yolanda Díaz (en adelante V2) huye hacia ninguna parte. Después del fracaso personal sin paliativos en las elecciones gallegas, las malas previsiones de resultados de Sumar el domingo en el País Vasco le han provocado una especie de frenesí que se manifiesta en continuos anuncios, avisos y amenazas nada disimuladas de cambios legislativos que tienen como objetivo lo que ella considera avances de los derechos laborales.
No sé si todo quedará en un postrer esfuerzo por arrancar los últimos votos posibles en Euskadi y en las elecciones europeas o es que le zumban en los oídos las críticas de sus propios correligionarios y teme por su liderazgo. En todo caso, si se da crédito a las intenciones de V2 para los próximos meses, las empresas pueden echarse a temblar.
La retórica progresista, con más de un siglo de antigüedad y obsolescencia, que emplea V2, lo mismo le lleva a hacer una lectura personalísima y sesgada de la Carta Social Europea que a la implantación de sóviet en las empresas privadas. Le da igual. Todo sea por el retardo-progreso que inspira a la tambaleante jefa de Sumar.
Alguien ha podido enarcar la cejas ante la mención de los sóviets, pero es tal cual. V2 negocia con el presidente del Gobierno del que ella forma parte, que los sindicatos, entendiendo por tales a los que ella alimenta, Comisiones Obreras y UGT, sean quienes tomen decisiones en las empresas sobre las condiciones de trabajo, el empleo y la propia organización del trabajo. Para decirlo con toda claridad, que los sindicatos manden y que los empresarios se limiten a invertir y a pagar.
Por supuesto, esta sovietización empresarial se perfecciona con la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración de empresas y holdings y con el derecho absoluto a conocer todas las interioridades de la empresa, incluidas las contables, las financieras y las de estrategia comercial.
El comentario que merece esta iniciativa sería jocoso si no fuera porque el presidente del Gobierno con el que negocia está tieso de votos en el Congreso, independientemente de que alguna de estas ideas no le parezcan mal del todo. Me inclino a pensar que lo de «asegurar la democratización de los procesos de toma de decisiones en el ámbito de las empresas», como propone V2, le puede sonar bien a Pedro Sánchez.
Pero V2 no se para en la creación de sóviets. Quiere más y por ello ha hecho suyas unas conclusiones del llamado Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) a favor de una reclamación de UGT sobre los importes de las indemnizaciones por despido improcedente. V2 eleva por su cuenta esas conclusiones del organismo al rango de normas vinculantes y ha desplegado gran actividad propagandística para crear el clima favorable a eliminar entre las causas objetivas de despido el descenso de los resultados de las empresas.
Como buena manipuladora, V2 habla de que las empresas despiden por causas económicas «no porque tengan pérdidas, sino porque no obtienen los beneficios previstos», algo que no dice el Estatuto de los Trabajadores (Art.51.1 y siguientes). De lo que habla el texto legal es de «disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas» (que no de beneficios, como dice V2) y señala un sistema muy preciso de control durante un periodo de nueve meses consecutivos (tres trimestres a efectos contables) en el que los ingresos o ventas se reduzcan respecto del año anterior.
Según su discurso, V2 prefiere que la empresa llegue a una situación límite de pérdidas, lo que pudiera ocasionar la incapacidad para pagar las indemnizaciones, a que se tomen decisiones sobre la plantilla antes de verse abocados al cierre para todos los trabajadores. Pero no se queda ahí.
Con su acostumbrada sobreactuación, V2 propone una indemnización por despido improcedente a la carta, sin topes, aplicando cuantías adaptadas «a las circunstancias personales» del trabajador. Es decir, se quiere cargar la igualdad y la seguridad en la aplicación de la ley y provocar la dilación en el cobro de las indemnizaciones que supondría una negociación trabajador por trabajador, circunstancia por circunstancia y cuantía por cuantía.
La señora Díaz podría reflexionar sobre las causas de su influencia menguante en la política y no volcar sus iras contra las empresas y dejar en paz aquello que está funcionando pacífica y razonablemente.
