Campaña de la Renta: somos más vasallos que ciudadanos
«Una de las peores cosas que podemos hacer es normalizar como algo rutinario la declaración anual del IRPF»
Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022, en la Administración de Hacienda de Montalbán, a 1 de junio de 2023, en Madrid (España). | Carlos Luján, Europa Press
Una de las peores cosas que podemos hacer como sociedad es normalizar como algo rutinario la declaración anual del IRPF. No debemos hacerlo porque, en la práctica, esta declaración nos hace más vasallos que ciudadanos. Y eso es lo opuesto a la libertad y la democracia.
La primera señal de vasallaje es la falta de transparencia: el modelo 100 de la Agencia Tributaria se ha convertido en un galimatías de decenas de páginas y cientos de casillas, escrito en una jerga ininteligible (hay, por caso, reducciones, deducciones, compensaciones, imputaciones y atribuciones de renta).
No es aceptable que uno se siente a hacer su declaración «a ver cuánto da». La complejidad ha llegado a tal punto que es imposible hacer una previsión. El modelo 100 debería constar de no más de dos o tres páginas y tendría que poder ser rellenado por cualquiera que supiera leer y escribir: cuánto se ha ingresado, una deducción personal y familiar, y un tipo impositivo único.
También es un síntoma de vasallaje la forma en que la declaración obliga al individuo a desnudarse frente al estado (con minúscula, al menos mientras no escribamos «individuo» con mayúscula): si está casado, soltero, viudo o divorciado; cómo se compone su familia, si tiene o no hijos, y en su caso, sus edades; qué propiedades tiene y dónde se ubican; cuántas cuentas bancarias utiliza y en qué bancos; si se han hecho donaciones o no, y a quién; si se han cobrado dividendos y, en su caso, de quién; cómo le ha ido en sus inversiones en acciones y fondos de inversión, y así mil detalles más, que desconocen hasta nuestros amigos más íntimos.
Un tercer elemento de vasallaje es la arbitrariedad injustificable. ¿Por qué se limita a 4 años la posibilidad de compensar pérdidas? ¿Por qué el gobierno declara ciertos acontecimientos de «excepcional interés» perdonando una parte de los impuestos? ¿Por qué las obras de eficiencia energética o la compra de un coche eléctrico merecen una deducción y otras cosas no? ¿Por qué hay deducciones adicionales para familias numerosas o monoparentales, pero para las demás no? Estas y muchas otras arbitrariedades se suman a la dispar configuración del IRPF en cada autonomía, gracias a lo cual, dos personas con exactamente los mismos datos, pagan distinto en función del lugar de España en el que vivan.
Pero tal vez el aspecto que mejor demuestra el desdén de la clase política hacia los contribuyentes, y por qué es cierto que los considera sus vasallos, es la evolución del «mínimo del contribuyente»: son los mismos 5.550 euros desde 2015, pese a que el IPC desde entonces subió un 22%.
El modelo 100 forma parte de una operación de ocultamiento, para que el contribuyente no sea capaz de saber qué parte de sus ingresos le confisca el Gobierno. Si se le pregunta a cualquiera qué porcentaje de su renta tiene que destinar a pagar el IRPF, no podrá responder a menos que se siente con calculadora, lápiz, papel y todos los datos a mano. Ocultamiento que se complementa con otro, aún mayor: el que se hace a los asalariados todos los meses, al ocultarles la parte más importante que pagan de cotizaciones sociales, inventando que son «a cargo del empleador». Sumando todas las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA e Impuestos Especiales incluidos en los precios de las cosas que se compran, entregamos la mitad o más del fruto de nuestro trabajo en nombre de la «justicia social» y el «progreso».
El «estado de bienestar» ha degenerado en un mecanismo doblemente de vasallaje, porque mientras restringe la libertad individual por la exagerada factura tributaria a la que obliga, por otro lado, mantiene dependiente del Gobierno a crecientes franjas de la población. El «estado del bienestar» separa a los ciudadanos en dos clases, aunque todos vasallos: los pagadores de impuestos y los que viven de ellos. Con este esquema solo ganan los políticos.
