El Grupo de Puebla y Pedro Sánchez: alianza en la lucha contra las democracias liberales
El presidente se alinea con esta asociación de líderes de izquierda en busca de apoyo ante la presión mediática y judicial
Ilustración de Javier Rubio Donzé.
El Grupo de Puebla es una organización internacional creada en 2019, compuesta por líderes y exlíderes políticos progresistas de América Latina y España. Surgió con el propósito de ofrecer una alternativa ante el auge de la derecha conservadora en la región y el mundo. Sus miembros promueven una agenda antiliberal, con un enfoque particular en contrarrestar lo que consideran un imperialismo ejercido por Estados Unidos y las élites neoliberales.
Figuras prominentes que han apoyado o son miembros activos de este grupo incluyen a Lula da Silva, presidente de Brasil; Evo Morales, expresidente de Bolivia; Rafael Correa, expresidente de Ecuador; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España; así como líderes políticos españoles como Adriana Lastra e Irene Montero. Otro miembro influyente es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela.
El Grupo de Puebla no es únicamente un foro de discusión. Desde su fundación, ha hecho explícito su apoyo a gobiernos que, bajo estándares democráticos tradicionales, son vistos como dictaduras autoritarias. En particular, el grupo ha respaldado de manera firme a la revolución cubana y al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Por otro lado, el grupo critica abiertamente las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a estos gobiernos, argumentando que son medidas de agresión imperialista y de injerencia en los asuntos internos de naciones soberanas.
Una característica particular del Grupo de Puebla es su enfoque en lo que denominan lawfare, un concepto que refiere al uso de procedimientos judiciales como un instrumento para perseguir y desacreditar a líderes políticos progresistas. Miembros del grupo, como Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Evo Morales, han sido acusados de corrupción, pero ellos y el Grupo de Puebla sostienen que estas acusaciones forman parte de una estrategia de persecución judicial impulsada por élites conservadoras que buscan desarticular los movimientos de izquierda en la región. El exjuez español Baltasar Garzón, condenado en 2012 por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación, ha sido un defensor de esta narrativa, argumentando que el lawfare es una herramienta de las derechas para mantener el statu quo en detrimento de los proyectos progresistas.
El surgimiento del Grupo de Puebla se enmarca en un contexto mayor de alianzas progresistas en América Latina. Precedido por el Foro de São Paulo, una agrupación de partidos de izquierda y movimientos sociales creada en 1990 con el objetivo de resistir el avance del neoliberalismo y el imperialismo en la región, el Grupo de Puebla se presenta como una versión más moderna y flexible de estos intentos de coordinación de la izquierda latinoamericana.
El Foro de São Paulo fue fundamental en la conformación de lo que el analista uruguayo Sebastian Grundberger ha llamado la «Galaxia Rosa», una red de organizaciones políticas y sociales que buscan promover el socialismo en la región, tanto a nivel electoral como en la construcción de narrativas públicas. El Grupo de Puebla, al igual que el Foro, defiende una forma de gobierno que mezcla elementos democráticos con estructuras radicales, argumentando que estas últimas son necesarias para la defensa del socialismo ante las injerencias externas, particularmente de Estados Unidos.
El Grupo de Puebla, en su estructura más flexible, se compone principalmente de individuos, en contraste con el Foro de São Paulo, que incluye partidos y organizaciones. Esto le permite mayor agilidad en su discurso y en sus acciones, pero también lo expone a críticas por su falta de cohesión y claridad ideológica. Entre sus miembros más visibles se encuentran políticos de alto perfil y exmandatarios, lo que le ha conferido un peso simbólico importante en la política de izquierda latinoamericana.
Desde su fundación, el Grupo de Puebla ha sido objeto de numerosas críticas. Su negativa a reconocer las violaciones de derechos humanos en Venezuela y Cuba ha generado rechazo entre defensores de la democracia liberal. Los detractores del grupo argumentan que su retórica populista en favor de la «democracia participativa» es, en realidad, una defensa velada del autoritarismo de izquierda.
El hecho de que figuras como Jorge Rodríguez, un actor clave en el Gobierno de Nicolás Maduro formen parte del grupo, refuerza estas críticas. Jorge Rodríguez, al igual que su hermana Delcy, estuvieron involucrados en las coacciones denunciadas por el presidente electo Edmundo González Urrutia ocurridas en la Embajada española en Caracas. Según el relato de este último, tuvo que firmar un documento preparado por el régimen chavista bajo amenazas, como condición para poder salir de Venezuela y proteger a su familia.
Muchos analistas consideran que el Grupo de Puebla utiliza el término lawfare de manera oportunista para deslegitimar investigaciones legítimas sobre corrupción y abuso de poder. Algo muy parecido a lo que pasa en España con Pedro Sánchez, asediado por su propia corrupción en el ámbito familiar. De hecho, Pedro Sánchez, el día que escribió su primera carta a la ciudadanía, recibió el apoyo del Grupo de Puebla mediante un comunicado: «El Grupo de Puebla expresa su solidaridad con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, frente a la campaña de acoso y desprestigio reputacional que ha denunciado estar enfrentando junto a su familia».
Un año antes, el presidente del Gobierno se había dirigido a los participantes de la cumbre del Grupo de Puebla de 2023 enviándoles un cariñoso mensaje en el que agradeció al grupo sus «aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social». Pedro Sánchez orbita en torno al Grupo de Puebla, alineándose con su visión. Lo que busca es recibir el respaldo del grupo frente a la presión mediática y judicial y reforzar su posición dentro del escenario político internacional como un actor clave en los movimientos de izquierda dentro del «espacio latino».
El Grupo de Puebla ha buscado expandir su influencia a nivel internacional. Una de las claves de esta expansión es su alianza con China, Rusia e Irán. Estos países, que han desarrollado fuertes intereses geopolíticos en América Latina, han encontrado en el Grupo de Puebla un aliado natural en su estrategia de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. A través de medios estatales y propaganda, especialmente en el caso de Rusia, estos países han apoyado las narrativas del grupo, promoviendo su visión antiimperialista y antiliberal. En este sentido, el Grupo de Puebla representa un nuevo frente en la batalla ideológica que se libra a nivel global entre el liberalismo occidental y las autocracias de izquierda y derecha que buscan socavar los principios de la democracia liberal.
