THE OBJECTIVE
OPINIÓN

Qué aprender del socialismo para recuperar la libertad

«El Gobierno no calcula las pérdidas y ganancias de sus decisiones económicas; sus gastos se deciden con criterios políticos»

Qué aprender del socialismo para recuperar la libertad

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez. | Europa Press

En 1980, el conjunto de Administraciones Públicas recaudó en impuestos el equivalente a 25,7% del PIB. En nombre del «estado de bienestar» (en minúsculas) y de la «justicia social», ese porcentaje es ahora 38,1%.

Toda la recaudación tributaria surge, en última instancia, de los que trabajan en el sector privado (que con sus impuestos pagan la totalidad de las nóminas de los empleados públicos; por eso, estrictamente, estos últimos no pagan impuestos). Haber incrementado la recaudación tributaria 12,4 puntos del PIB, equivale a que, cada año, el sector privado sufre una confiscación adicional de € 186.700 millones, por encima de lo que pagaba en 1980 (obviamente, hablamos de euros de igual poder adquisitivo). A su vez, eso equivale a que cada ocupado en el sector privado paga, de media, € 10.300 anuales más de impuestos que en 1980.

La voracidad del sector público no conoce límites. Por eso, además de sablear a los ciudadanos de esta forma, multiplicó por 10,5 la deuda pública, que pasó del equivalente a 10,2% del PIB en 1980 a 107% ahora.


Si los socialistas de todos los partidos hubieran dicho en 1980 que su proyecto de «sociedad del bienestar» implicaba esos niveles adicionales de confiscación e intervencionismo (las autonomías editan cada año más de un millón de páginas en sus boletines oficiales, que se suman a las cerca de 250.000 páginas del BOE y las casi 33.000 normas vigentes de la UE, con las que tampoco se contaba en 1980), es seguro que la gente se hubiera negado. Un dato más: nadie contaba con que el IVA, que comenzó con un tipo general del 12% en 1986, saltara al 21% desde 2012.

Los socialistas de todos los partidos también ocultaron la necesaria reducción de la libertad individual derivada del avance del «estado del bienestar»: si tienes que transferir cada año € 10.300 más al Gobierno, tu capacidad para ahorrar, invertir, donar o gastar, de construir tu proyecto de vida, está limitada.


El Gobierno no calcula las pérdidas y ganancias de sus decisiones económicas; sus gastos se deciden con criterios políticos (como puede constatarse en el «mercado persa» que significa cada negociación presupuestaria). Sin pérdidas y ganancias (el método soviético), no hay forma de saber si los recursos se aprovechan de la mejor forma para satisfacer las necesidades del consumidor.

En 1980, el gasto público primario (no incluye los intereses de la deuda) equivalía al 29,3% del PIB; ahora ronda el 44%: una expansión de la esfera política en la economía de casi 15 puntos del PIB, que implica una mayor ineficiencia en el aprovechamiento de los recursos. La pérdida de bienes y servicios que conlleva esa mayor ineficiencia supone un menor bienestar, paradójicamente como resultado del «estado del bienestar». Esto también ha sido cuidadosamente ocultado.


La clave del avance del marco mental e institucional socialista es que se hizo de a poco. La estrategia paciente
de largo plazo de los socialistas de todos los partidos fue un éxito: lo que hubiera sido sin ninguna duda rechazado, hoy se acepta como algo «normal».

Si los que buscamos recuperar la libertad perdida planteáramos como objetivo volver a las cifras de 1980, lo más probable es que la gente sintiera vértigo y miedo. Por eso, debemos aprender de la estrategia socialista: habrá que aspirar a desarmar el monstruo del «estado social» de a poco, progresivamente, para que nadie perciba una alteración radical de la situación actual.

Empero, estamos lejísimos de ponernos manos a la obra. Estos días, el político con más probabilidades de reemplazar a Pedro Sánchez presentó una propuesta de ley de conciliación que profundiza el marco socialista. En lugar de denunciar el empobrecimiento material y moral del estatismo, en lugar de prometer una reversión completa de las políticas sanchistas, Núñez Feijóo propone extender a 20 semanas el permiso de maternidad/paternidad (ahora 16 semanas) y entrometerse en la libre negociación de la jornada laboral entre empresarios y asalariados con una extemporánea jornada de cuatro días. Lo hace al mismo tiempo que el absentismo laboral está en máximos históricos, la Seguridad Social está quebrada y las empresas no consiguen el personal que necesitan. Simplemente, increíble y lamentable.

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