La lección de Repsol en medio del barullo político
La empresa avisa de que prorrogar el gravamen temporal a las energéticas podría afectar a sus inversiones en España
Sede de Repsol en Madrid. | Cézaro De Luca (Europa Press)
El barullo político formado por la coincidencia episódica de Sumar y del PP en sendas votaciones en el Congreso de los Diputados sobre cláusulas abusivas en las hipotecas y sobre la necesidad de que exista mayor transparencia en los envíos de armas a países en conflicto, por muy aparatoso que se haya querido hacer tiene poco significado. Apenas es un escarceo de Sumar y del PP que incomoda al PSOE, y por ende, al Gobierno, hundido estos días en debates internos que sí adquieren tintes de mayor profundidad e importancia.
Que Sumar quiera sacudirse cualquier relación con los casos de corrupción que amenazan al PSOE es natural. Que el PP busque protagonismo parlamentario para no dejarse arrastrar por la diatriba permanente entre la señora Díaz Ayuso y el señor Sánchez, que indudablemente afecta al relieve político del señor Núñez Feijóo, es perfectamente lógico. La pirueta de ambos grupos encaja en estrategias políticas cuya trascendencia empieza y acaba en esos hechos.
En cuestiones importantes nunca van a coincidir dichos grupos. Ahí están para demostrarlo la distancia homérica de posiciones en materia presupuestaria y fiscal. La indolencia del Gobierno en materia presupuestaria nos deja sin los debates que se deberían estar produciendo ya, por ello tenemos que volver al debate impositivo, especialmente en lo que se refiere al Gravamen Transitorio a algunas compañías eléctricas y a la banca, que para mí ha llegado al punto de discusión adecuado.
En el caso de las eléctricas, la intención del Gobierno de convertir lo transitorio en permanente, con la modificación también del hecho imponible, trasladando éste de la facturación a los beneficios (lo que suponía la mayor aberración conceptual de esta carga fiscal) y la extensión a todo el sector, ha tropezado con la oposición de Junts y la incomodidad, al menos, del PNV, aliados imprescindibles del Gobierno.
Independentistas catalanes y peneuvistas se han caído del guindo cuando han recibido la advertencia de la compañía Repsol de que las importantes inversiones que tiene previstas en los respectivos territorios se pueden ver comprometidas si prospera la idea gubernamental de eternizar ese impuesto.
Al Gobierno le quedan dos opciones, o deja morir el gravamen en su fecha de caducidad, que es el 31 de diciembre, o mantiene el impuesto y pierde el apoyo parlamentario a los presupuestos generales del Estado, si es que algún día se decide a presentarlos.
De momento, la primera salida por la tangente la ha hecho Sumar, pidiendo al Ejecutivo que compre una cuota accionarial en Repsol que sea suficiente para redirigir la empresa hacia posiciones más pacíficas con las directrices del Gobierno, a la manera de lo que ha hecho ya con Telefónica. O sea, cometer un error mayúsculo para enmendar un gran error anterior. Que en España existan empresas multinacionales parece una especie de castigo bíblico, aunque nos pasemos la vida suspirando porque multinacionales oriundas de otros países se instalen aquí.
Si las multinacionales españolas deciden que el ambiente inversor es hostil, pueden emprender procesos de deslocalización del tipo adoptado por Ferrovial o cualquier otro modelo. El ámbito europeo está abierto y deseoso de nuevos asentamientos de empresas. La actitud del Gobierno es jugar con fuego y la del PP es zigzagueante, ya que en algún momento su presidente, el señor Feijóo, insinuó que el impuesto, con diversas adaptaciones, podría mantenerse.
Los políticos no acaban de entender que las empresas no viven al día, como ellos, pendientes de una u otra votación. Las empresas tienen proyectos a medio y largo plazo; programan su financiación meticulosamente; estudian las condiciones de los mercados desde todos los ángulos, incluido el fiscal; evalúan los riesgos, también los riesgos políticos y normativos…
Repsol ha tenido presencia de ánimo para advertir a los políticos de las consecuencias que una mala decisión puede tener para sus ciudadanos-electores, sin aspavientos, ultimátum ni amenazas. Sencillamente, como debe ser.
