Cisma fiscal de Cataluña. Año I
De aquí al mes de junio se debe institucionalizar la Agencia Tributaria de Cataluña
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. | Europa Press
El avance del tiempo es inexorable y sin darnos casi cuenta hemos llegado al momento en el que los acuerdos PSOE-ERC-PSC para perpetrar el cisma fiscal de Cataluña echan a andar con emplazamientos fijos para este mismo primer semestre de 2025, especialmente tres de esos acuerdos.
El primero de ellos, que afortunadamente ya no se ha cumplido, la creación en el primer pleno de la legislatura de la Convención Nacional (un nombre con resonancias de la Revolución Francesa, sin duda), que debe ser la guía espiritual de todo el proceso y que taxativamente debe presidir alguien de ERC.
El segundo emplazamiento tiene como fecha de ejercitación el primer semestre del año que acaba de empezar y está ya directamente enfocado a la secesión fiscal. Se trata de la Agencia Tributaria de Cataluña, que contará con amplios poderes, como la inspección, la liquidación y la recaptación (sea lo que sea lo que así se denomina en los acuerdos), en el marco de nuevas competencias fiscales de capacidad normativa, de gestión autonómica excluyente y de atribución al Estado de un porcentaje de recaudación para compensar los servicios que el Estado presta a la Generalitat.
Por otra parte, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, creada por el Estatuto de Autonomía reformado en 2006, severamente cuestionado por el Tribunal Constitucional y que ahora quiere volver a contar con las mismas prerrogativas que en su día fueron anuladas. También el plazo para esta Comisión reformada es el primer semestre de este año.
Esto no quiere decir que los acuerdos no vayan mucho más allá, solo que las fechas de ejecución son las más perentorias en lo que se refiere a los múltiples compromisos asumidos por el Gobierno en su pacto con los independentistas; el denominado «modelo tributario federal».
Estamos, pues, en una tesitura en la que todo el peso de las decisiones depende de la voluntad del presidente del Gobierno, que insiste una y otra vez en que cumple con la palabra dada. La cuestión es que, en este caso, cumplir con la palabra dada en materia de federalización del Estado implicaría iniciar un proceso de reforma constitucional que amparase las veleidades del señor Sánchez y sus socios. Esta reforma, por su envergadura y profundidad legal, exigiría el procedimiento largo de reforma constitucional, es decir, con mayorías cualificadas y referéndum nacional. Políticamente, hoy, una quimera.
Asimismo, exigiría una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ya que tras la poda que le hizo el Tribunal Constitucional, hay una contradicción flagrante entre el contenido de los acuerdos y el texto estatutario, especialmente en los Artículos 201 y 206.
Ambas cuestiones trascienden el propio ámbito decisorio catalán por cuanto las demás comunidades autónomas deberían adecuar asimismo sus respectivos estatutos a la federalización resultante de las decisiones del señor Sánchez, que todavía no ha dado un paso para afrontar sus compromisos (diría que afortunadamente).
Es cierto que los cronistas económicos nos referimos de una manera reduccionista a las dificultades del Gobierno para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, basándonos en las diferentes condiciones que ponen de los socios que necesita, a veces contradictorias entre unos y otros. En lo que no entramos frecuentemente es en esos graves problemas de la institucionalización del Estado, de la naturaleza del Estado mismo, que es donde el imperativo constitucional pone realmente el freno.
Sánchez, por mucho que se lo crea, no puede hacer lo que le da la gana, aunque, como presume últimamente, tenga el BOE.
