¿Por qué lo llaman reducción de jornada cuando es una subida desorbitada de salarios?
«Díaz deja en pañales a Cuerpo con la anuencia de Sánchez: necesita que Sumar se recupere a costa de su ministro»
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. | Jesús Hellín (Europa Press)
La inefable vicepresidenta segunda (en adelante V2) ha dejado con un palmo de narices al inane ministro de Economía, con el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Es decir, la maximalista V2 ha dejado en ridículo al más posibilista compañero (?) de Gobierno. En realidad, esto no tiene mayor importancia que la de indicarnos el estado de permanente necesidad en el que se mueve el presidente Sánchez y las claudicaciones que van alfombrando su peripecia.
Lo verdaderamente importante está en el propio proyecto de ley y en cómo se ha fraguado. V2 propone, dispone y a los sindicatos, simplemente los compra. Que con ello se arrase el acervo de cultura de la negociación trabajosamente acumulado, que ello se oponga a la letra y el espíritu del Artículo 37 de la Constitución le importa una higa. Ella manda, ella administra el supuesto bien común, eso sí, siempre de acuerdo con sus propias necesidades y urgencias políticas.
Da lo mismo imponer la subidas del salario mínimo interprofesional, frente a quienes realmente tienen que pagar el pato, que ignorar las razonables objeciones y cautelas de sus colegas de Consejo de Ministros. Para ella, basta con una frase de efecto para cauterizar las críticas. Esta vez ha sido la enfática y capciosa «la reducción de jornada ha sido ganada en la calle». Y nosotros sin enterarnos.
La reducción de jornada viene aplicándose en la negociación colectiva desde hace muchos años. Convenio a convenio, negociación tras negociación. Pero eso no tiene rentabilidad política. Primero hubo que priorizar los convenios de ámbito autonómico (una ficción política más) sobre los de empresa y sobre los sectoriales, porque tanto las empresas individualmente como los sectores saben con exactitud hasta dónde pueden llegar en las siempre necesarias reformas laborales.
V2 ha montado un proyecto de ley que en la fachada exterior solo habla de jornada laboral, porque de dinero ni se habla, que es de mal gusto. Pero realmente es una notable subida salarial sin contrapartida, tanto en los empleados fijos y a tiempo completo, como de manera más burda y evidente en los empleados a tiempo parcial.
Estos empleados, que por voluntad propia o por razón de la oferta laboral, tienen jornada reducida, tendrán derecho a un incremento proporcional de su salario, porque éste se calcula sobre la remuneración de los trabajadores a tiempo completo. Es lo que Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, resume como «ajustar la variable en salario y no en tiempo de trabajo». O lo que es lo mismo, otro regalo de V2 que pagan las empresas.
Se trata del mismo o parecido truco al de la indexación del salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio. Cada vez que trepa el SMI, sube el salario medio y, por lo tanto, debe volver a subir el SMI para situarse en ese 60%. Un truco circense.
Para justificar lo injustificable de no contar con las opiniones empresariales, (por ejemplo, la de un oligarca fontanero que ha venido con su ayudante a purgar el radiador) V2 ya ha anunciado que admitiría enmiendas, acaso alguna del ministro de Economía, sobre ayudas a empresas de pocos trabajadores y sobre plazos de aplicación de la ley. Es decir, que negociará cuánto de arbitrariedad y sectarismo añadirá al que considera su histórico triunfo.
Luego, una vez conseguido el fulgurante éxito, promete mesas de negociación para durante año y medio marear la perdiz sobre ampliaciones y limitaciones en la ordenación de la jornada. No es difícil adivinar que trata de meterse dentro de las propias empresas y decidir por ellas como organizar su trabajo. Al tiempo.
No voy a dejar pasar la oportunidad de mencionar aquí y ahora una medida de V2 que atañe a la inspección laboral e incurre en una flagrante inconstitucionalidad, por intromisión en la vida de las personas. Me refiero al acceso directo de funcionarios del Gobierno, sin matices ni garantías, al obligatorio registro horario en todas y cada una de las empresas. Conocida la fluidez y mal uso que este Gobierno da a información que atañe a personas, el que un cualquiera pueda conocer estos datos sin limitaciones es, simplemente, una injerencia insoportable en los derechos individuales.
Esta es una pulsión Beria que toda buena comunista, como V2, guarda en su almario.
