La lucha por el poder en la patronal
La inoportuna disputa entre CEOE y Cepyme debilita a los empresarios y favorece la táctica divisoria del Gobierno
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. | Diego Radamés (Europa Press)
CEOE y Cepyme andan a la greña demostrando en primera instancia una enorme capacidad para ser inoportunas. En las circunstancias actuales, con un Gobierno gravemente dividido por una cuestión que atañe muy principalmente a los empresarios, como es la entronización de las subidas automatizadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el impacto fiscal de dichas subidas y la tramitación de la reducción de la jornada laboral, lo que menos se le ocurriría a un estratega de una de las partes del litigio es ofrecer una imagen de división y clamoreo. Pues, contra toda lógica, es en lo que estamos.
Parece desprenderse de las versiones que circulan que las trifulcas se deben a cuestiones puramente estatutarias y procedimentales. El que quiera quedarse ahí, con un rifirrafe estatutario o con un enfrentamiento de personas, pues que se quede. Como diría un castizo, de lo suyo gasta. Pero eso no es creíble. Es cierto que hay cuestiones estatutarias, interpretaciones sesgadas de normas, pero de escasa entidad y que en ningún caso justificarían el desbarajuste que se ha introducido en las patronales.
Los vaivenes reglamentarios se dan en todas las organizaciones y casi nunca responden a razones objetivas, sino a cuestiones de poder, mayormente de permanencia en el poder. La propia CEOE ha reformado sus estatutos y su normativa electoral varias veces, sin que llamara a escándalo. José María Cuevas estuvo 23 años como presidente de CEOE, Ferrer Salat y Díaz Ferrán, tampoco tuvieron limitación de mandatos. Rosell propició la reducción a dos mandatos y Garamendi en julio de 2023 volvió al mandato sin limitaciones temporales.
Que ahora se pretenda montar el casus belli contra Cepyme sobre si es el Comité Ejecutivo o la Junta Directiva quien tiene atribuciones para cambiar la norma electoral y limitar las delegaciones de voto es, además de una frivolidad, de una inoportunidad pasmosa. En la tesitura actual del país, las relaciones laborales están fuertemente mediatizadas por un Gobierno que ni siquiera está de acuerdo consigo mismo y que sólo pretende debilitar a las organizaciones patronales y dejarlas en el mismo espectro zombi que a los sindicatos, que se resume con el clásico dame pan y llámame tonto.
Está también abierta la grave cuestión de la reducción de jornada laboral sin reducción de salarios y la realineación de los emolumentos de los trabajadores a tiempo parcial, sobre la que cabría aún alguna sorpresa que frene su tramitación. Me consta que en el Consejo Económico y Social (CES) hay un vivo debate sobre ello.
Antonio Garamendi erró el 20 de enero advirtiendo a Gerardo Cuerva que presentaría un candidato alternativo a la presidencia de Cepyme. Manca finezza por parte del vasco en varios sentidos. El primero y más evidente por lo abrupto del aviso, pero también porque, siendo dos organizaciones distintas, aunque entroncadas, parece invadir el territorio pyme desde lo que venimos en llamar gran patronal. A este traspié han seguido acciones disuasorias con ciertas organizaciones para que retiren su apoyo a quien hasta hoy es su representante legítimo y lo será hasta las próximas elecciones, al menos. El patinazo adquirirá peor cariz en el caso posible y no descartable de que Cuerva consiguiera ser reelegido. ¿Qué harán entonces?
El efecto SMI, aunque Díaz Pérez no lo reconozca, existe y se aprecia inmediatamente en la negociación de los convenios colectivos, espoleando las demandas salariales y endureciendo las posiciones. Algunas patronales territoriales y sectoriales ya están inquietas por las próximas negociaciones.
Presentarse a estas negociaciones en orden disperso, incluso con posiciones no cohesionadas, puede elevar lo que ha empezado como un error táctico electoral a la categoría de error mayúsculo.
