Santiago Abascal se alinea con el Kremlin
En Vox se está volviendo costumbre repetir las consignas de Moscú sin disimulo
Ilustración de Javier Rubio Donzé.
«Es gravísimo que en Rumanía se haya detenido al ganador de las elecciones, y que se le nieguen derechos civiles. Es muy grave que estén construyendo un nuevo telón de acero digital, que acabe con la libertad de expresión y de representación. Lo echaremos abajo», escribió el líder de Vox en su cuenta de X, en referencia a la detención de Călin Georgescu, el candidato ultranacionalista rumano investigado por presuntos vínculos con Rusia.
Técnicamente, Georgescu ganó la primera vuelta, no las elecciones completas. El Tribunal Constitucional anuló la primera vuelta y canceló la segunda. Pero lo más grave del tuit de Santiago Abascal es su alineamiento con Moscú. ¿Acaso Abascal cree que un millón de euros en efectivo, armas de fuego, explosivos y municiones acumuladas en una vivienda no es como para sospechar que algo huele a podrido en Rumanía? ¿En Vox ya no se respetan las labores policiales? ¿En Vox ya no se respeta al poder judicial? Parece mentira que Santiago Abascal, que ha dedicado su carrera a recordar que sufrió la violencia de ETA, ahora asuma la retórica del victimismo contra el Estado de derecho cuando la Justicia actúa contra alguien que, según la policía rumana, podría estar vinculado con redes de influencia de un estado criminal como Rusia. En Vox se está volviendo costumbre repetir las consignas de Moscú sin disimulo. Porque cuando se elige hablar como los propagandistas a sueldo, cuando se utilizan sus mismos giros retóricos y se comparte su indignación prefabricada, es que ya se ha cruzado la línea.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Abascal en esta deriva? ¿Hasta qué punto está Vox dispuesto a convertirse en altavoz de las narrativas del Kremlin? Si en su partido queda alguien con un mínimo sentido de la coherencia democrática, debería preguntárselo. Aunque me temo que ya es demasiado tarde.
Hagamos ahora un breve repaso…
Călin Georgescu es un político ultranacionalista rumano, conocido por sus posturas euroescépticas, anti-OTAN y favorables a Rusia. Considera a Vladímir Putin «uno de los pocos ‘verdaderos líderes’ mundiales» y ha cuestionado la legitimidad de Ucrania como Estado, al calificar a su país vecino de «Estado inventado». Se presentó como candidato independiente en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 y dio la sorpresa al ganar la primera vuelta con alrededor del 22% de los votos. Su inesperado éxito generó acusaciones de injerencia extranjera: autoridades y expertos señalaron que una masiva campaña online orquestada por un «actor estatal» favoreció su candidatura en redes sociales (principalmente TikTok). La oficina del presidente rumano incluso denunció públicamente una posible interferencia externa (presumiblemente de Rusia) en esos comicios.
Ante las sospechas de influencia rusa y financiación opaca de la campaña, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló los resultados de la primera vuelta y canceló la segunda vuelta prevista para el 8 de diciembre de 2024, ordenando repetir las elecciones en mayo de 2025. Esta decisión polarizó al país: miles de simpatizantes de Georgescu protestaron en Bucarest exigiendo libertad y que se respetara la votación, mientras sectores proeuropeos alertaban del peligro de interferencia rusa en la democracia rumana. Georgescu denunció el «robo» de las elecciones y anunció su intención de volver a postularse, incluso apelando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se reanudara el proceso electoral. La coyuntura dejó en vilo a la sociedad rumana, dividida entre quienes veían al candidato soberanista como una alternativa antiestablishment y quienes lo percibían como un instrumento de la influencia rusa en el país.
Sin embargo, esta semana ha habido un giro en los acontecimientos. El pasado 26 de febrero de 2025, a poco más de dos meses de las nuevas elecciones, Călin Georgescu fue detenido por la Policía rumana mientras circulaba en coche por Bucarest. Agentes especiales lo trasladaron a la sede de la Fiscalía General para ser interrogado en relación con una serie de delitos graves. Ese mismo día, la Fiscalía emitió un comunicado oficial imputándole seis cargos penales. Entre las acusaciones figuran: instigación a acciones contra el orden constitucional (en grado de tentativa), por haber llamado a sus seguidores a desobedecer la anulación de las elecciones; comunicación de informaciones falsas y falsedad en declaraciones continuada relativas a la financiación de su campaña electoral; iniciativa o constitución de una organización de carácter fascista, racista o xenófobo, así como constitución de una organización de carácter antisemita, y promoción pública del culto de personas culpables de genocidio, crímenes contra la humanidad o de guerra, junto con la difusión de ideologías fascistas.
Estas últimas imputaciones están vinculadas a declaraciones de Georgescu exaltando a figuras como el dictador pronazi Ion Antonescu, a quien llegó a calificar de «héroe» nacional que el pueblo rumano debe respetar. La Fiscalía lo investiga por presuntamente crear un movimiento ultraderechista con tintes fascistas y antisemitas, y glorificar públicamente a criminales de guerra, violando las leyes rumanas que proscriben la apología del fascismo y el negacionismo del Holocausto. Asimismo, se le acusa de ocultar u ofrecer información falsa sobre los fondos de su campaña, ya que Georgescu declaró oficialmente gastos nulos pese a haber desplegado una intensa campaña en redes sociales y actos públicos.
Medios locales señalan que su popularidad se vio impulsada por un ejército de cuentas de TikTok que etiquetaban su nombre masivamente durante la primera vuelta, lo que ha despertado sospechas de financiación ilegal o apoyo extranjero encubierto. Tras más de cinco horas de interrogatorio, Georgescu fue dejado en libertad bajo control judicial por 60 días mientras avanzan las investigaciones. Bajo esas medidas cautelares, tiene prohibido salir de Rumanía, crear o usar cuentas en redes sociales para difundir mensajes de odio, y portar armas. Pese a la gravedad de los cargos, Georgescu reiteró a la prensa su intención de seguir adelante con su candidatura en las elecciones de mayo, denunciando una «persecución política» en su contra.
La detención de Georgescu estuvo coordinada con una amplia operación policial contra su entorno inmediato. En la madrugada del 26 de febrero se realizaron 47 registros domiciliarios simultáneos en varias provincias (Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov y Cluj), dirigidos principalmente contra asociados del candidato sospechosos de actividades ilegales. El principal objetivo fue Horațiu Potra, un exmilitar y mercenario considerado el jefe de seguridad de Georgescu. Potra, de 44 años, es un personaje clave: sirvió como legionario en la Legión Extranjera francesa y habría comandado un contingente de cientos de contratistas militares rumanos en África. También es conocido por sus vínculos con grupos paramilitares rusos, en especial con la organización Wagner, ligada al Kremlin. De hecho, Potra apareció fotografiado en 2023 junto al embajador de Rusia en Bucarest, Valeri Kuzmin, y viajó a Moscú poco antes de las elecciones de noviembre, lo que levantó suspicacias sobre posibles contactos directos con emisarios rusos.
En los registros efectuados en la residencia de Potra, los fiscales descubrieron un auténtico arsenal de guerra y una gran suma de dinero en efectivo. Según el comunicado oficial, escondido bajo el suelo de la casa había un seif (caja fuerte) con más de un millón de euros en fajos. Además, se incautaron armas de fuego y municiones de alto calibre, incluyendo pistolas, subfusiles, granadas de mano y hasta lanzagranadas, suficientemente armamento «para equipar a un pequeño ejército», en palabras de los investigadores. También fueron halladas armas blancas (machetes, hachas, cuchillos) y otros pertrechos en poder del grupo de Potra. La magnitud del arsenal hace suponer que estos elementos podían alterar el orden y la paz pública si se empleaban con fines violentos. Horațiu Potra fue detenido e interrogado (no era su primer encontronazo con la ley: ya en diciembre de 2024 había sido arrestado 24 horas tras ser interceptado con hombres armados cerca de Bucarest).
Sin embargo, un tribunal ordenó su liberación bajo control judicial en espera de juicio, decisión que la Fiscalía anunció que apelará dada la peligrosidad del acusado. Junto con Potra, fue arrestado Marin Burcea, otro miembro del círculo de seguridad de Georgescu. Burcea es un excombatiente de élite también formado en la Legión Extranjera, conocido por el apodo de «El Francotirador». Su detención reveló detalles inquietantes: la pareja de Burcea aparece fotografiada con soldados chechenos leales al líder ruso Ramzan Kadyrov, y en una de las empresas vinculadas a él se encontró un cuadro con la imagen de un comandante checheno. Estos indicios refuerzan la tesis de las autoridades de que el entorno de Georgescu no solo acumulaba armas y dinero en efectivo de procedencia dudosa, sino que mantenía conexiones internacionales potencialmente peligrosas.
Las investigaciones han sacado a la luz una red de contactos políticos y económicos entre Georgescu y círculos prorrusos. Fuentes judiciales citadas por medios rumanos describen que Georgescu se rodeó de personas con profundos vínculos con Rusia, incluidos exmilitares, empresarios y exagentes de inteligencia conectados al régimen de Moscú. Por ejemplo, se menciona a Andy Constantin Lupu, un joven dirigente del partido nacionalista LEU, cuya familia tiene relaciones documentadas con organizaciones asociadas a Rusia, y que prestó una finca en Izvorani para usarla como base operativa de la campaña de Georgescu. Otro allegado, George Teșeleanu, presume de haber trabajado en instituciones científicas tanto de Rusia como de Ucrania, consolidando nexos en la región.
En el caso de Horațiu Potra, sus viajes a Moscú y su presencia en actos de la embajada rusa sugieren coordinación o al menos apoyo estratégico por parte de entidades afines al Kremlin. De hecho, autoridades rumanas indican que la ayuda de Rusia a Georgescu se ha vuelto cada vez más evidente a medida que se revelan sus contactos con individuos involucrados directamente en operaciones del Kremlin. Cabe destacar que el propio discurso de Georgescu ha estado alineado con los intereses del Kremlin: durante la campaña hizo llamados a cesar la ayuda de Rumanía a Ucrania y criticó abiertamente a la OTAN. Estos mensajes fueron amplificados rutinariamente por medios estatales rusos y redes sociales progubernamentales de ese país, creando un eco mediático que benefició su imagen entre ciertos sectores del electorado rumano.
En cuanto al apoyo financiero, las pesquisas se centran en esclarecer si hubo fondos rusos encubiertos en su campaña. Georgescu declaró que su campaña no tuvo gastos, pero los analistas consideran imposible alcanzar la visibilidad que logró en redes sin recursos significativos. Las autoridades rastrean ahora los posibles flujos de dinero no declarados; la hipótesis es que capital de procedencia rusa pudo haber sufragado la maquinaria propagandística en TikTok y otros canales digitales que impulsaron la candidatura soberanista. En suma, se perfila un entramado en el que actores prorrusos —tanto dentro de Rumanía como desde Rusia— habrían brindado a Georgescu respaldo logístico, mediático y quizá económico para desafiar al establishment prooccidental rumano.
El caso de Călin Georgescu ha provocado reacciones encontradas en el país. En el espectro político, los partidos tradicionales y las instituciones estatales defienden la acción judicial como una cuestión de Estado de derecho y seguridad nacional, mientras que sectores nacionalistas la denuncian como persecución política. El primer ministro Marcel Ciolacu (socialdemócrata) subrayó públicamente que «la Justicia es independiente y se aplica por igual a todos», recordando que Rumanía es una democracia con plena separación de poderes. Ciolacu, sin comentar directamente el proceso de Georgescu, enfatizó que en contexto electoral las autoridades deben aportar pruebas extremadamente sólidas si investigan a un candidato, para no dar pie a acusaciones de motivación política.
Otros líderes proeuropeos e intelectuales fueron más contundentes: Remus Pricopie, rector de la Escuela Nacional de Estudios Políticos, afirmó en televisión que «el Estado rumano está funcionando» y advirtió que, de no haberse frenado a tiempo, el país corría el riesgo de tener «un criminal, asociado a la mafia tipo KGB» al frente del país. Por otro lado, los aliados y simpatizantes de Georgescu reaccionaron con indignación. El partido ultranacionalista AUR (Alianza para la Unidad de los Rumanos), tercera fuerza parlamentaria, se ha posicionado claramente a su favor. Su líder George Simion acudió junto a otros dirigentes y centenares de seguidores a las puertas de la Fiscalía durante el interrogatorio, denunciando «un abuso del Estado totalitario». Simion declaró que impedir que Georgescu concurra a las elecciones «no es normal» y confirmó que AUR lo respaldará si logra mantener su candidatura. De hecho, AUR fue quien convocó las multitudinarias marchas de enero en Bucarest en contra de la anulación de los comicios, donde miles de manifestantes corearon «¡Libertad!» y exigieron la segunda vuelta electoral. En esas protestas se vieron banderas rumanas y pancartas pidiendo la «libertad de ‘nuestro padre’» (en alusión a Georgescu). La sociedad rumana, por tanto, se encuentra dividida entre quienes ven a Georgescu como víctima de un aparato estatal pro-UE que busca excluir a un candidato incómodo, y quienes lo consideran un peligroso caballo de Troya del Kremlin.
El debate también ha trascendido fronteras: la breve detención de Georgescu fue noticia internacional e incluso personalidades como el empresario Elon Musk cuestionaron públicamente el arresto, calificándolo de «desastre» democrático. No obstante, en Rumanía la mayoría de fuerzas políticas institucionales —tanto del gobierno de coalición proeuropeo como de la oposición moderada— apoyan la repetición electoral limpia en mayo y confían en que las autoridades presenten toda la evidencia sobre la presunta trama rusa. Las próximas semanas serán decisivas: la Justicia deberá decidir antes del 15 de marzo si Georgescu puede inscribirse formalmente como candidato para los comicios del 4 de mayo, todo ello mientras prosigue la investigación penal en su contra. La tensión entre el imperativo de la seguridad nacional y la percepción de una competencia electoral justa marcará el pulso político del país en este período previo a las elecciones.
En cuanto al patriota Santiago Abascal, juzguen ustedes…
