La melonada del año
Que las Cámaras debatan y aprueben o rechacen los Presupuestos es una pérdida de tiempo, según la ministra portavoz
Ilustración de Alejandra Svriz.
La melonada política del año le corresponde con todos los honores a una de las ministras multiusos, que lo es de Educación, Formación Profesional y Deportes, pero desempeñándose como portavoz del Gobierno. Dice la señora Alegría que el Gobierno no lleva los Presupuestos Generales del Estado al Congreso porque, sin garantías de que salgan adelante, sería una pérdida de tiempo para el Congreso y por tanto para los españoles.
Todos hemos entendido a la primera lo que quiere decir la vocera del Ejecutivo. El legislativo no está para estudiar, valorar y decidir sobre el contenido de un proyecto de ley fundamental para el desempeño de las tareas administrativas en el Estado, porque está tremendamente ocupado en convalidar decretos y servir de escenario de las sórdidas matinés de los miércoles. Eso sí que es aprovechar el tiempo.
La preocupación por el tiempo de la ministra es un sarcasmo. Baste recordar, que los presupuestos para este año no se presentaron de acuerdo con los plazos constitucionales porque el señor Sánchez prefirió regalar un valioso tiempo a los dos principales partidos separatistas catalanes para que celebraran sus respectivos congresos y nombraran a sus cargos orgánicos. Argüía el señor Sánchez, que como socios parlamentarios del Gobierno, tendrían toda su capacidad renovada para apoyar unos presupuestos, convenientemente adaptados a las exigencias que los dirigentes de estos partidos le plantearan.
Como todas las cosas que dice el señor Sánchez, aquellos argumentos no sirvieron desde el primer minuto para garantizarse un debate presupuestario pacífico, sino todo lo contrario. Desde que los señores Puigdemont y Junqueras afianzaran su poder en sus partidos, el nivel de exigencias ha aumentado hasta hacer prácticamente imposibles los planes del presidente del Gobierno.
Pero no son solo los socios parlamentarios los que le niegan el pan y la sal al jefe del Ejecutivo. Son sus propios socios de gobierno los que le crean dificultades, al parecer insalvables para que el Consejo de Ministros cumpla con su obligación, que es enviar un proyecto de ley de Presupuestos a la Cámara Baja, para su dictamen, aprobación, remisión al Senado y votación última en el Congreso de las enmiendas que la Cámara Alta estime oportuno aprobar.
Lo que viene ocurriendo sistemáticamente es que el Ejecutivo ha prescindido olímpicamente del poder legislativo, reduciendo su condición institucional a un partidillo de improperios y un desafío para ver quién mea más lejos fuera del tiesto. Esto se traduce en que el pueblo español, titular de la soberanía nacional, se queda sin potestad legislativa, expoliado de la capacidad de discutir, aprobar o rechazar los presupuestos, como prevé el Artículo 66.2 de la Constitución Española.
La memez dicha por la ministra portavoz sobre la pérdida de tiempo que sería debatir los Presupuestos Generales del Estado es mucho más que un insulto a los españoles. Es la constatación de lo que piensa este Gobierno sobre los poderes del Estado. El cuestionamiento permanente del Poder Judicial, acosado además por las incursiones del Tribunal Constitucional en ámbito de la Justicia ordinaria, se completa con el vaciamiento de contenido de la actividad parlamentaria, suplantada por cabildeos y negociaciones bajo cuerda y hasta fronteras por medio.
El Gobierno se cree que con la publicación de unos datos de coyuntura favorables lo tiene todo hecho. Salvo que los datos que ofrece son exclusivamente los que le convienen para crear la ficción de que España va como un cohete, olvidando o escondiendo, por ejemplo, los 687.884 parados con contratos fijos discontinuos, que la inefable ministra de Trabajo saca de las estadísticas para que no le estropeen las cifras viciadas de los efectos de su Reforma Laboral. Se conoce que contar los parados reales, 3,3 millones, es otra pérdida de tiempo.
También debe ser una pérdida de tiempo para la ministra de Hacienda explicar que el déficit público en 2024 del que presume, que fue del 2,8 por ciento, se debe a que los españoles pagaron un 7,7 por ciento más de impuestos en el año y que, a pesar de ello, la deuda de la Administración Central aumentó en 45.645 millones de euros.
Y como ustedes no están para perder más de su valioso tiempo, lo dejamos aquí.
