Alquileres turísticos: Europa ha hablado
«El plan de vivienda de la Comisión Europea adquiere una relevancia especial frente a la demagogia en el debate público»

La sede de la Comisión Europea en Bruselas en una imagen de archivo.
Hoy escribo con una cierta satisfacción tras conocer el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, anunciado por la Comisión Europea el pasado 16 de diciembre, y especialmente su posicionamiento sobre los alquileres turísticos, denominados en el ámbito comunitario «alquileres de corta duración» (short-term rentals).
Quienes me seguís sabéis que soy una firme defensora de esta modalidad de alojamiento, siempre que se trate de una oferta legal, de calidad y sometida a restricciones racionales basadas en datos, que permitan garantizar el equilibrio en cada territorio. No comparto, por tanto, la eliminación del sector anunciada por el alcalde de Barcelona, ya que conduciría a un monopolio hotelero, y los monopolios difícilmente contribuyen a la competitividad ni al bienestar de los consumidores.
Creo en el derecho de elección, en la diversificación de la riqueza que el turismo puede aportar a distintos barrios de las ciudades y en la existencia de una oferta de alojamiento que permita a muchas familias visitar otros destinos. Creo, en definitiva, en la democratización del turismo, porque viajar y conocer otros lugares nos enriquece, fomenta la tolerancia hacia culturas distintas y nos acerca a realidades diversas.
La grave crisis de acceso a la vivienda que sufrimos y la dificultad de encontrar soluciones a corto plazo han llevado a algunas administraciones a señalar a los pisos turísticos como responsables directos del problema y del incremento sustancial de los precios. Resulta especialmente llamativo en el caso de Barcelona, donde no se conceden nuevas licencias desde 2014, lo que hace difícil sostener que los pisos turísticos hayan sido los causantes de las subidas más recientes.
A partir de esta premisa se ha construido un relato carente de datos y rigor, que en muchos casos no se corresponde con la realidad. Se anuncian miles de pisos turísticos ilegales cuando, en realidad, en esas cifras se incluyen habitaciones, pensiones encubiertas, alquileres temporales y otras modalidades distintas. Sin embargo, el titular simplifica: todo son pisos turísticos. Se promete que miles de viviendas pasarán al mercado de alquiler de larga duración, cuando es incierto que eso vaya a suceder, pues cada propietario decidirá libremente el uso de su inmueble. Y así, eslogan tras eslogan, se ha intentado desacreditar un sector regulado y legal del alojamiento.
Por todo ello, el pronunciamiento de la Comisión Europea en el marco de su Plan de Vivienda Asequible adquiere una relevancia especial frente a la demagogia instalada en el debate público. Entre las medidas anunciadas, la Comisión ha confirmado que trabajará en una propuesta legislativa sobre los alquileres de corta duración durante el próximo año, con el objetivo de presentarla en el último trimestre de 2026.
Los objetivos de esta iniciativa serán:
- Establecer un marco normativo coherente, claro y predecible, basado en datos, que permita compatibilizar el acceso a la vivienda con un turismo sostenible.
- Permitir a las autoridades nacionales y locales adoptar restricciones justificadas y proporcionadas, especialmente en zonas con problemas de acceso a la vivienda.
- Reforzar la protección de los consumidores.
- Distinguir entre anfitriones profesionales y no profesionales.
Aunque la Comisión reconoce que en determinadas zonas los alquileres de corta duración pueden tener impacto sobre la disponibilidad de vivienda asequible, resulta muy relevante el reconocimiento explícito del valor y las ventajas que aportan los pisos turísticos. Entre ellas, destaca la ampliación de opciones para los consumidores, la generación de ingresos adicionales para los anfitriones, su papel como incentivo para la rehabilitación y mejora del parque residencial, y su contribución positiva al turismo, a la economía local y al empleo.
En un debate tan sensible como el del acceso a la vivienda, la Comisión Europea ha optado por el equilibrio. Legislará desde una perspectiva amplia y basada en evidencias, con la voluntad de avanzar hacia una regulación común de los alquileres de corta duración que sea proporcional, equilibrada y plenamente respetuosa con el Derecho de la Unión Europea. Este enfoque, junto con las declaraciones del comisario europeo de Energía y Vivienda, el socialdemócrata Dan Jørgensen, desmonta la narrativa según la cual prohibir el sector favorece automáticamente el acceso a la vivienda.
Europa ha hablado. Ahora son las distintas administraciones las que deben decidir si apuestan por el camino de la evidencia, el equilibrio y la proporcionalidad.
