Del auto de fe al linchamiento: cuando la acusación sustituye a la justicia

El 30 de abril de 1578, una mujer llamada Jeanne Harvilliers camina hacia el cadalso en la ciudad francesa de Ribemont. Avanza despacio. Sabe que no habrá indulto. Tampoco apelación. Su destino está decidido antes de que el fuego se encienda. Su crimen, según la sentencia, no es un hecho demostrable, sino una condición: ser bruja.

La acusaron de provocar enfermedades, de pactar con el diablo, de participar en aquelarres. Confesó. No porque fuera culpable, sino porque la tortura y el miedo llevaban a confesar lo que el tribunal necesitaba oír. El proceso fue público, ejemplarizante. El objetivo no era solo castigarla a ella, sino tranquilizar a la comunidad: el mal había sido identificado, nombrado y eliminado. La hoguera no buscaba verdad, sino alivio colectivo. Cinco siglos después, nadie arde en una plaza pública. Pero el mecanismo que condujo a Jeanne hasta el fuego no ha desaparecido. Solo ha cambiado de escenario.

La lógica del auto de fe

El auto de fe no era únicamente un ritual religioso o judicial. Era un espectáculo social. La acusación se proclamaba ante todos, el acusado perdía su condición de persona para convertirse en símbolo, y el castigo servía para reafirmar una moral compartida. La duda no tenía cabida. Cuestionar el proceso equivalía a ponerse del lado del mal.

La caza de brujas no fue un delirio medieval aislado, sino un fenómeno moderno, sostenido por juristas, teólogos y autoridades civiles. Se escribieron tratados, se perfeccionaron métodos de interrogatorio, se creó un lenguaje que hacía imposible la defensa. Bastaba con la sospecha. Bastaba con la denuncia. Bastaba con que «muchos lo dijeran».

Hoy nos gusta pensar que aquello pertenece a una época de ignorancia. Sin embargo, la tentación de sustituir la justicia por el clamor colectivo sigue viva. Y, en algunos aspectos, es más rápida y más devastadora que nunca.

El fuego digital

Las redes sociales y los medios digitales han creado una nueva plaza pública. No hay hogueras, pero hay viralidad. No hay verdugos oficiales, pero hay multitudes que juzgan, sentencian y ejecutan reputaciones en tiempo real. El linchamiento ya no requiere pruebas, sino impacto. Ya no necesita un juez, sino una narrativa convincente.

En este contexto, la acusación adquiere una fuerza desproporcionada. Una vez lanzada, resulta casi imposible detenerla. El proceso se invierte: primero se destruye el honor, después —si llega— se discute la verdad. Y aunque el tiempo o los tribunales aclaren los hechos, el daño ya es irreversible. No es necesario que la acusación sea falsa para que el linchamiento sea injusto. Basta con que se adelante al juicio.

El caso Julio Iglesias

En los últimos días, Julio Iglesias ha sido objeto de acusaciones graves difundidas en medios y redes sociales. No corresponde a un articulista —ni a la opinión pública— determinar si son ciertas o falsas. Eso compete exclusivamente a un juez, con garantías procesales, pruebas y derecho a defensa.

Conviene decirlo con claridad: no sabemos si Julio Iglesias es inocente o culpable. Y quien afirme lo contrario miente o se arroga una autoridad que no tiene. Pero hay algo que sí sabemos. Sea cual sea el desenlace judicial —si es que llega—, su honor público ya se ha perdido para siempre. Porque el honor, ese concepto antiguo que hoy parece incómodo, no sobrevive a la sospecha viral. La absolución no repara lo que la acusación ha destruido. Y aquí es donde el paralelismo con los autos de fe se vuelve inquietante.

Acusar no es juzgar

En el siglo XVI, Jeanne Harvilliers fue condenada porque su relato encajaba en el imaginario del mal. Hoy, el acusado es quien encaja en una narrativa previamente aceptada: poder, fama, género, contexto. No importa tanto lo que haya ocurrido como lo que la sociedad está dispuesta a creer. La lógica es binaria. O estás con la acusación o estás contra la víctima. O crees sin matices o eres cómplice. El espacio de la duda —esencial para la justicia— se percibe como una traición moral. Pero dudar no es absolver. Y exigir pruebas no es negar el sufrimiento de nadie. Es, precisamente, la única forma de proteger a todos: a las posibles víctimas y a los posibles inocentes.

El precio de la rapidez

La justicia es lenta por una razón. Porque investiga, contrasta, escucha. El linchamiento es rápido porque no necesita comprobar. La velocidad es su virtud y su peligro. En nombre de una causa justa —combatir abusos reales— se acepta un método profundamente injusto: la condena anticipada.

El problema no es creer a quien denuncia. El problema es convertir la denuncia en sentencia. Cuando eso ocurre, se rompe un principio civilizatorio básico: nadie debe ser castigado sin juicio. Y el castigo hoy no es la cárcel ni la hoguera. Es algo más sutil y, en muchos casos, más definitivo: la destrucción de la reputación, el aislamiento social, la sospecha perpetua.

Honor, ese concepto incómodo

Durante siglos, el honor fue un bien jurídico y moral. No siempre se gestionó bien, pero se entendía su valor: una persona podía perder bienes, libertad o incluso la vida, pero el deshonor la expulsaba de la comunidad.

Hoy, el honor se considera un concepto viejo, casi ridículo. Sin embargo, basta observar el efecto de una acusación pública para comprobar que sigue siendo central. Lo que se destruye primero no es la carrera ni el patrimonio, sino el nombre. Y el nombre, una vez manchado, no se limpia. En los autos de fe, la humillación precedía al castigo. Hoy ocurre lo mismo. La exposición mediática es parte esencial del proceso. No basta con señalar; hay que exhibir.

No defender culpables, no fabricar culpables

Este artículo no defiende la inocencia de Julio Iglesias. Tampoco afirma su culpabilidad. Defiende algo más incómodo y, por eso mismo, más necesario: el derecho a no ser condenado sin pruebas.

Defiende la idea de que la justicia no puede delegarse en titulares, ni en redes sociales, ni en la emoción colectiva del momento. Defiende que el dolor de una posible víctima no se repara destruyendo sin juicio a otra persona. Y defiende que el Estado de derecho se debilita cada vez que aceptamos el linchamiento como atajo moral.

Jeanne Harvilliers murió quemada para que otros se sintieran seguros. Para que la comunidad creyera que el mal estaba controlado. Hoy no quemamos cuerpos, pero seguimos sacrificando reputaciones para tranquilizar conciencias. La historia no se repite de forma exacta, pero rima. Cambian los símbolos, no los impulsos. Seguimos necesitando culpables rápidos, explicaciones sencillas y castigos visibles. Seguimos confundiendo justicia con desahogo. La diferencia es que ahora sabemos —o deberíamos saber— que la verdad no nace del grito, sino de la prueba. Que la justicia no se construye con aplausos, sino con garantías. Y que cuando renunciamos a ellas, no avanzamos: retrocedemos.

Una sociedad que sustituye los tribunales por la multitud no se vuelve más justa, sino más primitiva. Una sociedad que acepta la condena sin juicio no protege mejor a las víctimas; se vuelve insegura para todos.

No sabemos si Julio Iglesias es culpable o inocente. Lo sabrá, o debería saberlo, un juez. Lo que sí sabemos es que, como Jeanne Harvilliers, ya ha sido expuesto al fuego simbólico de su tiempo. Y ese fuego, una vez encendido, rara vez se apaga. La pregunta no es qué opinamos del acusado.

La pregunta es qué tipo de sociedad queremos ser cuando acusar basta para destruir.