Por una democracia militante

En mi artículo anterior, planteaba el problema de la proclividad española a empezar las revoluciones bien y acabarlas mal, haciendo referencia al caso presente, que se inicia con una brillante Transición a la democracia para terminar empantanados en el sanchismo, con su ristra de catástrofes, incendios, descarrilamientos, apagones, corrupción, mentiras, pucherazos, violaciones de la Constitución y graves amenazas al sistema democrático, todo ello con enorme coste económico y en vidas humanas.

Proponía yo una serie de reformas para enderezar nuestra deriva, reformas dirigidas a reforzar (o resucitar) los conocidos mecanismos de control y contrapeso de Locke y Montesquieu. Mencionaba, siguiendo a Guillermo Gortázar, la conveniencia de cortar las alas presidenciales de lo que debiera ser un simple primer ministro y de cambiar la ley electoral poniendo fin a las listas cerradas y bloqueadas, que anulan la independencia del Poder Legislativo. Y proponía, pero no tuve espacio para desarrollar el tema, el convertir nuestra democracia neutral, tolerante y garantista, en una «democracia militante». 

Se llama «militante» a un sistema legal democrático que no es totalmente neutral, es decir, que no acepta en pie de igualdad a todas las ideologías y, por lo tanto. a todos los partidos. En concreto, que trata de un modo restrictivo a aquellas ideologías que no son democráticas. Para ofrecer un ejemplo muy claro, la Constitución alemana (Art. 21) no admite a los partidos totalitarios: «Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales». Uno podrá objetar, ante esta discriminación, que la democracia militante no es totalmente democrática, y posiblemente lleve razón. Pero la experiencia nos muestra que es preferible una democracia no totalmente «perfecta» (es decir, incondicionalmente igualitaria) a una democracia inerme ante los asaltos del totalitarismo en sus diversas formas.

Históricamente, comunismo y fascismo-nazismo han sido las ideologías que han amenazado, en numerosos casos con éxito, a las democracias neutrales o no militantes. Hoy nos encontramos con nuevas versiones del totalitarismo, enmascaradas para poder traspasar las barreras que protegen a las democracias militantes; las formas más comunes de lo que podríamos llamar «neototalitarismo», ya no se declaran abiertamente comunistas o fascistas, sino que adoptan la forma de los diversos «populismos». Hay populismos de izquierda y populismos de derecha, pero su punto común es la idea de que la voluntad popular expresada en un momento dado, está por encima de la legislación, la justicia y las normas democráticas en general.

El principal promotor (e inventor) de la «democracia militante» fue un politólogo alemán refugiado en los Estados Unidos tras escapar de la Alemania nazi, Karl Löwenstein, que señaló que el excesivo formalismo y neutralismo de la constitución de Weimar permitió el acceso al poder de Adolf Hitler, pese a haber este manifestado en más de una ocasión su propósito de instaurar una dictadura, cosa que hizo a las pocas semanas de haber sido investido como canciller.

«Uno de los problemas de nuestra Constitución es que fue redactada en un momento de optimismo y falta de objetividad»

La Constitución española de 1978 adolece de problemas parecidos a la alemana de Weimar. Uno de los problemas de nuestra Constitución es que fue redactada en un momento de optimismo y falta de objetividad, fruto de la euforia de la sociedad española ante el fin de la dictadura franquista. En aquellos momentos flotaba en el ambiente la convicción de que todo el que se había opuesto al franquismo de un modo u otro era intrínsecamente bueno y democrático: se incluían aquí todos los partidos de izquierda y todos los nacionalismos regionales, en especial el catalán, el vasco y el gallego. En virtud de ello, se dio amplia autonomía a las regiones, que pronto asumieron atribuciones nacionales, en especial la catalana y la vasca.

Sobre la ingenuidad de los «padres de la Constitución» recomiendo la lectura de un reciente artículo de Fernando del Pino titulado, con cierta incongruencia, El tendero y disponible en el blog del autor. Cuenta del Pino cómo un «padre de la Constitución», José Pedro Pérez-Llorca, tuvo la entereza de felicitarle por sus críticas, ya que, después de las nubes de incienso que sobre ella y ellos (los «padres») se habían vertido, resultaba refrescante una visión serena y objetiva sobre las imperfecciones de nuestra Carta Magna, cuya redacción, dijo Pérez-Llorca, había sido «una improvisación permanente».

Así como en la Alemania democrática el principal problema era el pasado nazi (también el comunista) y el posible rebrote de un movimiento de tal naturaleza, y a impedir tal peligro se dirige el Art. 21 de su Constitución, en la España de la Transición los legisladores no vieron ningún peligro en el fortalecimiento del nacionalismo regional. En concreto, Suárez cometió repetidamente el error de preferir a Pujol frente a Tarradellas, acelerando así la retirada de este de la palestra política. Tarradellas se marchó previniendo con acierto de los designios nacionalistas de Convergència. Esta ceguera no fue solamente de Suárez; a los políticos españoles les ha costado muchos años reconocer la potencial deriva separatista de Convergència y yo creo que aún no han sacado las debidas conclusiones.

Una es muy clara: los partidos nacionalistas regionales ponen en peligro la integridad de la nación española y, por lo tanto, no deben tener fácil acceso a la Cortes españolas. Al igual que en el Parlamento de Madrid o en el de Valencia, debiera requerirse a cualquier partido un 5% del voto nacional para lograr representación en las Cortes españolas. O alternativamente, quizá aún más recomendable fuera, en las elecciones generales, adoptar el sistema de dos vueltas, que, entre otras virtudes, dificultaría también coaliciones contra natura como las que mantienen a Sánchez en la Moncloa burlando toda lógica democrática y en detrimento del interés de la mayoría de los españoles, que son saqueados, e incluso, como hemos visto recientemente, masacrados, por la corrupción y la parálisis de un Gobierno ilegítimo.

«Apartar las sucias manos de los políticos del Poder Judicial es indispensable para mantener la separación de poderes»

Otra importante reforma «militante» para reducir los poderes del presidente (o, mejor, primer ministro) sería establecer una limitación al tiempo o duración en que se podría ostentar ese cargo: ocho años, consecutivos o fraccionados. Es tiempo bastante para desarrollar un programa de Gobierno, y más que excesivo para una ejecutoria desastrosa, y probablemente criminal, como la de Sánchez, que ya ha insinuado más de una vez que intentará quedarse indefinidamente.

Otra institución que necesita reforma profunda es el Tribunal Constitucional; en un país como el nuestro, ningún tribunal debe ser nombrado por ningún órgano político, sino exclusivamente por un órgano representativo de los jueces. Sánchez ha ofrecido un recital de cómo adueñarse el Gobierno de los puestos de nombramiento político. El apartar las sucias manos de los políticos del poder judicial es un requisito indispensable para mantener la separación de poderes. El TC debe ser un órgano exclusivamente técnico jurídico y le debe estar vedado, con penas, al menos, de destitución fulminante, el inmiscuirse en campos ajenos a los estrictamente constitucionales, como viene haciendo desde que Conde-Pumpido lo preside y los políticos le embutieron una mayoría «progresista». Teniendo en cuenta que el TC no forma parte del Poder Judicial, el Tribunal Supremo debiera tener una Sala de fiscalización del TC, que anulara las sentencias extralimitadas.

El TC, por otra parte, en lugar de sacar de la cárcel a sus amigos socialistas, debiera examinar los casos abundantísimos de violación de la Constitución,empezando por los perpetrados por el Gobierno de la nación, que, por ejemplo, lleva ya mucho tiempo transgrediendo el artículo 134, relativo a los presupuestos, con total impunidad. Esta y otras violaciones, como las del artículo 3, acerca de las lenguas nacional y regionales, debieran dar lugar a la destitución de los políticos responsables y a la del Gobierno en pleno si hubiere lugar. ¿No dice la Constitución, en su artículo 14, que todos los españoles son iguales ante la ley? ¿O es que los políticos son más iguales que el resto? Yo creo que sí, que son más iguales que el resto y que, por tanto, la ley se les debe aplicar con mayor rigor. A este respecto, y ya de paso, sería el momento de plantearse el escándalo del número desproporcionado de aforamientos, privilegio injustificado del que se benefician nuestros políticos de toda laya.

Hay una serie de formalidades que se han ido relajando en consonancia con el espíritu tolerante de la Constitución, con consecuencias muy graves. El juramento (o promesa) al tomar posesión de un cargo es un ejemplo. Todo diputado debiera jurar o prometer fidelidad a la Constitución antes de tomar posesión, sin formulitas privadas ni otras zarandajas por el estilo, con arreglo a una fórmula igual para todos. La fidelidad tanto a las leyes como a la integridad de la nación son obligaciones muy serias de los diputados, que nunca deben ser tomadas a la ligera. Y si a alguno no le gusta la fórmula, nadie le va a obligar a jurar; pero, eso sí, no podrá tomar posesión. Que pase el siguiente.

«Una moción de censura debe ser ‘destructiva’, es decir, de tener éxito, debe conducir a la disolución de las Cortes»

Ahora bien: el juramento no es, no debe ser, una mera fórmula. Es un compromiso muy serio. Por eso los cargos políticos que violaran la Constitución deben ser juzgados y destituidos si son declarados culpables de perjurio. La política no debe ser una sinecura, ni menos un enchufe, sino, ante todo, una carga y una grave responsabilidad.

Esta no es evidentemente, la opinión de Pedro Sánchez, como viene demostrando incluso desde antes de auparse al poder con una cuestionable «moción de censura». Otra institución ésta, por cierto, y con esto termino, que también debiera modificarse (Art. 113 de la Constitución). Una moción de censura no debiera ser «constructiva», es decir, no debiera dar acceso a un nuevo candidato a la presidencia. Este grave error es lo que permitió a Sánchez colarse como un gato en la presidencia sin ser ni siquiera diputado. Una moción de censura debe ser «destructiva», es decir, de tener éxito, debe conducir directamente a la disolución de las Cortes y a una nueva convocatoria de elecciones generales. Si se trata de renovar el Gobierno, debe ser el electorado el que exprese su opinión, no una coalición improvisada de partidos oportunistas. La reforma del deplorable artículo 113 debe ser el primer paso para convertir en «militante» nuestra democracia.

Sé que me he dejado muchos puntos en el tintero, y que habrá juristas que puedan completar la lista con mucha más pericia y autoridad que yo (ver, por ejemplo, el libro España, democracia menguante, coordinado por Manuel Aragón). Pero el tema de la «democracia militante» es de mucha urgencia y creo que el mero planteamiento, por apresurado e incompleto que sea, es necesario.