Derogar el sanchismo-leninismo

El artículo 68 de la Constitución es clarísimo: «El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara». Y añade: «Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato». 

Si las elecciones generales fueron el 23 de julio de 2023, el Congreso queda disuelto el 23 de julio de 2027, si es que no se disuelve antes por la convocatoria de elecciones anticipadas. Las elecciones deberían ser, como máximo, entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre de 2027.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez el cumplimiento de la ley es algo opcional. Por eso estarían elucubrando fórmulas para poder retrasar la convocatoria electoral hasta noviembre de 2027, como se informó en estas páginas hace pocos días. No sería solo un nuevo golpe a la institucionalidad del país. El peligro añadido es para qué utilizarían el tiempo que les queda en la Moncloa.

Sánchez, sabedor de que ya no habrá alquimia suficiente que le permita mantenerse como presidente, es capaz de subir la apuesta hasta lo inimaginable con tal de revertir su suerte. Literalmente, cualquier cosa es posible para comprar el apoyo de los partidos disolventes y/o complicar las cosas todo lo posible al próximo Gobierno, soñando con que en algún momento futuro la gente diga «vuelve, Pedro». 

En ese marco es que yo interpreto la extemporánea propuesta de la comunista Yolanda Díaz de «democracia en el trabajo». Pretende obligar a las empresas con al menos 25 empleados a entregarles un porcentaje del capital social de entre el 2% y el 10%. Además, los asalariados deberían ocupar entre un tercio y la mitad de los asientos de los consejos de administración, supongo que con cuotas según identidad sexual, raza o cualquier otro criterio que se les ocurra. 

Esas y otras propuestas en el mismo sentido («fondos ciudadanos» para comprar acciones de empresas, la creación de un «índice de desarrollo democrático corporativo», etc.) están contenidas en un informe encargado por Yolanda Díaz a unos «expertos». Se trata de profundizar el ataque al derecho de propiedad, para concretar lo que vengo llamando sanchismo-leninismo, que, como se ve, es más que un simple juego de palabras.

Se me dirá que no pasará nada porque esas propuestas empobrecedoras tienen que pasar por el Congreso. Respondo, por ejemplo, que la Constitución dice que los «Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual» (artículo 134), que «el Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos» y que «el volumen de deuda pública del conjunto de AAPP en relación con el PIB no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE» (artículo 135).

Y recuerdo que este es el Gobierno que rescató a Plus Ultra por ser «estratégica», que compró el 10% de Telefónica para reemplazar a su CEO y que está dispuesto a legalizar por decreto, sin pasar por el Congreso y en contra de lo que opinen los socios europeos, a cientos de miles o incluso un millón de inmigrantes ilegales (el efecto llamada ya está en marcha), todas cosas que, tiempo atrás, hubiéramos considerado impensables.

Los partidos de oposición deberían comprometerse a derogar todas y cada una de las medidas que adopte Pedro Sánchez, desde las elecciones de Extremadura en adelante, porque es la fecha desde la cual hasta el más dubitativo puede afirmar, sin ningún género de dudas, que estamos frente a un Gobierno ilegítimo. Se trata de tranquilizar a quienes necesiten planificar a largo plazo, diciéndoles que no tengan en cuenta nada de lo que haga el Gobierno durante este «tiempo de descuento» porque será abolido.

Es lo mínimo que podemos exigir. Lo ideal sería que el programa mismo del próximo Gobierno consista en retrotraer la situación jurídica a junio de 2018. Eso implica, entre muchas otras cosas, derogar la amnistía a los golpistas de 2017, la reforma de las pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cuota de «solidaridad», el nuevo régimen de cotización de autónomos, las tasas Google y Tobin, las normas que consienten la okupación, el IMV y reponer los límites para aportar a planes de pensiones.

No me hago muchas ilusiones. Intuyo que el próximo Gobierno sentiría vértigo antes de derogar masivamente la tarea legislativa del sanchismo-leninismo, por lo que su daño se extenderá en el tiempo mucho más de lo deseable.