Sanidad para todos: invita Pedro Sánchez, pagas tú
«El Gobierno no es como una familia porque las familias no pueden confiscar a sus vecinos parte de sus ingresos»
Ilustración generada con IA.
Lo voy a repetir para que el contexto esté claro incluso para el más distraído: 2026 está siendo el 19º año consecutivo en que el Gobierno de España paga todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Una conducta financiera que no puede más que calificarse de suicida. Es como si una familia pagara cada cuota de su hipoteca pidiendo un préstamo personal.
Pero el Gobierno no es como una familia, me dirán. Efectivamente: las familias no pueden confiscar a sus vecinos parte de sus ingresos y patrimonios mediante impuestos. En cambio, el Gobierno sí puede. Cuando se trata de un Gobierno encabezado por un mentiroso sin escrúpulos, está dispuesto a usar y abusar de ese poder.
Es evidente, al menos para los que han oído hablar alguna vez de la «curva de Laffer», que la presión tributaria no puede subir indefinidamente. Los recursos no financieros de las Administraciones Públicas pasaron del equivalente a 37,9% del PIB en 2017 (último año completo antes de Sánchez) a 43,5% en 2025. Un incremento de 4,6% del PIB que implica traspasar, cada año, 76.200 millones de euros más que en 2017 desde las cuentas corrientes de las familias a las de Hacienda (unos 4.000 anuales por cada uno de los que trabajamos en el sector privado; ¿ves ahora por qué tu salario no te rinde como antes?).
El caso es que ni siquiera sableando a las familias de ese modo cruel han sido capaces Pedro Sánchez y María Jesús Montero de cuadrar las cuentas. No lo han sido porque aumentaron el gasto público un 62%. Así como no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, tampoco el dinero alcanzará jamás a un manirroto.
Estos días hemos tenido una nueva evidencia de que la gestión de las cuentas públicas está sometida al interés político inmediato de Pedro Sánchez. En este caso, para satisfacer una nueva exigencia de sus socios comunistas: si los de Podemos habían exigido una regularización masiva de inmigrantes ilegales (con la intención de «reemplazar fachas por migrantes», según admitió Irene Montero), ahora los de Sumar exigieron la irresponsable e insostenible medida de facilitar la atención sanitaria gratuita a cualquiera: sea legal o no, haya aportado al sistema o no, viva aquí o venga especialmente a España a usufructuar la demagogia sanchista-leninista.
No es solidaridad; no es defender «lo público»; no es una medida extrema para resolver un problema urgente. No. Es un ataque directo a la gente que trabaja, paga sus impuestos y cumple la ley. Porque deberán asumir con sus impuestos un coste incalculable, mientras verán alargarse aún más las listas de espera (ya circulan en redes sociales anuncios de «turismo sanitario» a España; la ministra Mónica García difundió un vídeo en el que diversas personas, en distintos idiomas, alientan a utilizar el servicio sanitario español).
¿Todo esto por qué? Porque Pedro Sánchez intenta permanecer en la Moncloa como sea, literalmente. En este caso, necesitaba «compensar» a la gente de Sumar, aunque sea con una medida que va directamente en contra de la gente a la que el socialismo dice defender.
Un Gobierno que no cuente con una mayoría parlamentaria que lo respalde y tenga un mínimo aprecio por las reglas democráticas debería convocar elecciones generales. Ese es el caso del de Pedro Sánchez, incapaz de aprobar unos Presupuestos.
Pero si aun así continúa y toma medidas que afectan la calidad de los servicios públicos esenciales, debería someterlas a referéndum. Pero no lo hará, porque sabe que perdería. Un presidente que no puede pisar la calle sin ser insultado, ni tiene el apoyo del Congreso, ni sería capaz de aprobar nada en un referéndum, que decide gastos sustanciales al margen de unos Presupuestos. ¿Qué más hace falta para que se diga abiertamente que el de Pedro Sánchez es un Gobierno ilegítimo?