El desahucio de la política de vivienda de Sánchez
«Los precios no son altos porque los arrendadores sean voraces; son altos porque en España se construye poco»
Hay políticas que fracasan en silencio y hay políticas que fracasan ante un gráfico. La Ley de Vivienda pertenece a la segunda categoría.
Cuando el Gobierno la aprobó, en mayo de 2023, la promesa fue transparente: regular los alquileres, contener los precios, garantizar el acceso a quienes más lo necesitan. Casi tres años después, el INE acaba de publicar que el Índice de Precios de Vivienda (IPV) cerró 2025 con una subida del 12,9 % anual —la mayor desde 2007—, con la vivienda de segunda mano escalando un 13,1 % y la obra nueva un 11,2 %. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales (los desahucios que más duelen, los de las familias que pierden su hogar principal) sumaron 10.850 en 2025, un 21,4 % más que el año anterior y el nivel más alto desde 2022. El gráfico cuenta la historia que el Ministerio no quiere que sepamos: desde que entró en vigor la ley, los precios han acelerado y los desahucios han repuntado.
La lógica intervencionista aplicada a la vivienda incurre siempre en el mismo error: confunde el síntoma con la causa. Los precios no son altos porque los arrendadores sean voraces; son altos porque en España se construye poco, se tarda mucho y se arriesga demasiado al hacerlo. Los visados de obra nueva en 2025 rondan los 110.000, cifra que palidece frente a los más de 700.000 de 2006 y que sigue siendo insuficiente para una economía con crecimiento demográfico activo (vía inmigración) y un mercado de trabajo que concentra el empleo en las grandes ciudades. La demanda no espera; la oferta, sí.
La legislación vigente ha deteriorado la seguridad jurídica del propietario. España tiene hoy uno de los procesos de recuperación de un inmueble por impago más lentos de Europa, de entre 12 y 20 meses de media, y unas cláusulas sobre zonas tensionadas que disuaden de poner pisos en el mercado del alquiler. El resultado es exactamente el contrario al prometido: menos oferta, más precio, más familias en apuros. En las grandes ciudades, el alquiler medio supera ya el 40 % de la renta disponible de un hogar tipo, umbral a partir del cual se considera que existe estrés habitacional severo.
No hay un problema de demanda que legislar. Hay un problema de oferta que habilitar. Cada punto porcentual que sube el IPV representa miles de familias que quedan fuera del mercado, hipotecas que se vuelven insostenibles y jóvenes que aplazan la emancipación o renuncian a ella. El 37 % de los españoles ya señala la vivienda como el principal problema del país, según el último barómetro del CIS, en el primer puesto ya del ránking del descontento, por delante del paro y de la propia clase política.
La solución no es más intervención. La solución conocida, y demostrada en otros países, pasa por agilizar la concesión de licencias urbanísticas, reducir la burocracia que encarece y demora la obra nueva, reformar el proceso judicial de recuperación de viviendas impagadas, premiar y no demonizar al que arriesga y eliminar las trabas regulatorias que convierten en un negocio de riesgo lo que debería ser un negocio seguro: alquilar. Nada de eso requiere ideología. Requiere voluntad política y, sobre todo, abandonar la narrativa de que el mercado es el problema cuando la evidencia señala sistemáticamente en la dirección contraria.
El gráfico no miente. Desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, los precios han acelerado y los desahucios han repuntado. Eso no es un dato accidental; es el resultado predecible de una política que ataca los síntomas y agrava la enfermedad. El único escudo social que existe se llama mercado. Y la pregunta es si queda alguien en el Gobierno dispuesto a mirar el gráfico y sacar la conclusión correcta.