El mapa del aborto en España: 17 modelos regionales con protocolo y financiación dispar
Cataluña cambió su protocolo para facilitar la interrupción del embarazo. Mientras, en La Rioja es casi imposible abortar: el 100% de los médicos son objetores
La propuesta de Vox para modificar el protocolo IVE ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Castilla y León, que preside Alfonso Fernández Mañueco y cuyo vicepresidente es Juan García- Gallardo. | Europa Press
La polémica generada por el plan de Vox para modificar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y frenar los abortos en Castilla y León, una iniciativa que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de coalición en la comunidad, ha dejado patente las diferentes políticas sanitarias sobre este asunto y la ausencia de un modelo único en las regiones, que tienen como referencia y base de su política la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada parte el pasado mes de mayo.
El monopolio privado en la realización de los abortos, que para muchas clínicas es su principal negocio; la burocracia; las listas del objeción de conciencia en las que se incluyen médicos y sanitarios contrarios a este tipo de intervenciones por razones morales o religiosas o las barreras autoimpuestas en determinadas provincias y regiones dibujan un mapa de extremos, pese a que el guion común que deben seguir es el mismo.
Los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, muestran que en torno a 100.000 mujeres han abortado de media cada año desde que se puso en marcha la conocida como Ley del aborto y en 2021, último año disponible, 91.000 mujeres interrumpieron su embarazo de forma voluntaria. El pico se dio en 2011, primer año de aplicación de la ley y en un contexto de crisis, lo que evidencia que una de las causas tiene que ver con la situación económica.
El aborto, un criterio político
La estadística del Ministerio de Sanidad recoge que en las comunidades había en 2021 un total de 210 centros públicos y privados -clínicas y hospitales- en los que era posible interrumpir un embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, aunque una distribución regional muy dispar.
Las cifras que aporta el departamento que dirige Carolina Darias, a partir de los registros de estos centros IVE, muestran que la comunidad en la que se practican más abortos es Cataluña -13,42 por cada mil mujeres-, mientras que Castilla y León -7,17 por cada mil mujeres- y La Rioja -6,17 por cada mil mujeres-, se encuentran al final de la tabla.
En el caso de Cataluña, la clave está en la importante infraestructura hospitalaria para realizar un aborto, con un total de 68 centros públicos y 15 privados. Las peculiaridades de Cataluña, una comunidad en la que se practican uno de cada cinco abortos, son muchas y ha sido la primera autonomía en permitir la interrupción del embarazo mediante un cóctel de fármacos en las primeras 14 semanas de gestación, frente a las nueve estipuladas en el resto.
Cataluña y La Rioja, cara y cruz del aborto
Este método abre la puerta a las mujeres que no quieren someterse a una intervención quirúrgica, resulta más económico y menos invasivo y puede incluso realizarse en un centro de atención primaria antes de las diez semanas. La financiación es otra de las claves y según reconocía recientemente la directora general de Planificación e Investigación en Salud catalana, Aina Plaza, el 80% de los abortos en la comunidad tuvieron financiación pública.
En el otro extremo están La Rioja, donde prácticamente la totalidad de los médicos del área pública se han declarado objetores y donde no existen clínicas privadas en las que sea posible realizar una interrupción del embarazo, y Castilla y León, una región que limita al máximo la financiación de esta práctica. Estos frenos provocan el éxodo de mujeres que se ven forzadas a abortar en las comunidades limítrofes.
Hay desplazamientos interregionales e incluso a otras comunidades para interrumpir el embarazo, con varias comunidades pluriprovinciales -Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Aragón- en la que no se disponen de centros IVE en todas las provincias. La mayor parte de los abortos se practican en centros privados -el 85%-, muchos de ellos concertados y en los que los gobiernos regionales financian la interrupción. Mientras, solo el 9% de las IVE estuvieron motivadas por anomalías en el feto y por el riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
