El Gobierno mantuvo la mascarilla en el transporte incumpliendo su propio protocolo
El informe del Ministerio que marca la estrategia frente al covid no menciona el uso del tapabocas en el transporte público en ningún momento
Carolina Darias, ministra de Sanidad. | Europa Press
El próximo 7 de febrero las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte público después de que la Justicia haya pedido al Gobierno justificar por qué las mantiene, como adelantó en primicia este sábado THE OBJECTIVE. Sin embargo, desde principios de 2022, sin sustento científico ni legal, el Ejecutivo ha ido aprobando reales decretos en los que ha seguido manteniendo el uso obligatorio de los tapabocas en el transporte público a pesar de los buenos datos epidemiológicos, de las altas tasas de vacunación e «incumpliendo sus propios protocolos de Sanidad».
Así lo recoge el recurso interpuesto por la asociación Liberum y que ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, que establece el día 8 como fecha límite para que el departamento de Carolina Darias aporte los informes elaborados por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud que avalaron la decisión de mantener la mascarilla. Del auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se desprende que el Ministerio de Sanidad incumple el protocolo de actuación frente a la covid-19, en vigor desde el 3 de junio de 2022 y revisado a 8 de noviembre de 2022, denominado ‘Estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19 tras la fase aguda de la pandemia‘.
Aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en ningún momento menciona el uso de la mascarilla en el transporte público. El uso del tapabocas queda considerado únicamente para las personas que hayan dado positivo en covid-19 o para aquellas que presenten síntomas leves. También para aquellos individuos que sean contactos estrechos de positivos. Sin embargo, en ninguna de las 16 páginas del escrito aconseja el uso de la mascarilla en estos medios. De esta forma, Sanidad habría estado incumpliendo durante meses la propia normativa del Gobierno al haber establecido su uso como obligatorio hasta el próximo 7 de febrero.
Por ello es que la asociación, que vela por los derechos humanos y del consumidor, presentó el recurso contencioso-administrativo el 20 de noviembre, cuando el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos ya era historia en muchos países del continente, estimando en su queja que la Administración de Darias está «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la covid-19».
Sanidad debe entregar los informes de los expertos el 8 de febrero
El 10 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional asumió la competencia sobre el recurso formulado por Liberum tras el pronunciamiento del Ministerio Fiscal. Y eso, a pesar de que previamente la Abogacía del Estado había esgrimido que la competencia para resolverlo correspondía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque lo que se estaría impugnando sería el real decreto que modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
Tras esta decisión, la Audiencia Nacional requirió al Ministerio de Sanidad que remitiera los expedientes administrativos y los informes de la Ponencia de Alertas, formada por expertos del Ministerio, comunidades y sociedades científicas, que avalaron la decisión de mantener la mascarilla. Dio para ello un plazo de 20 días, que se cumple el 8 de febrero. «Hasta ahora no se ha publicado ninguno y queremos saber qué dicen», reconocía Luis María Pardo, uno de los abogados que participó en la elaboración del escrito, a THE OBJECTIVE.
Llama la atención que Sanidad haya puesto fin al uso obligatorio de los tapabocas en el transporte público un día antes de entregar los documentos en la Audiencia Nacional (la eliminación de la mascarilla se había planteado con anterioridad, pero Sanidad declaró que era una decisión imprudente). Además, según ha podido saber este periódico, el ministerio tenía previsto retirarla en abril.
Aunque el tapabocas será obligatorio en los establecimientos y servicios sanitarios y en los centros sociosanitarios tanto para sus trabajadores como para los visitantes, los expertos consultados señalan que Darias habría anticipado el fin de las mascarillas en el transporte ante el requerimiento judicial, una versión que rechazan desde el Ejecutivo.
