El Gobierno incumple la ley y deja sin Atención Primaria a 25.000 presos, la mitad de los reos
19 prisiones, las que concentran mayor número de población reclusa, solo tienen servicios de urgencias o teleasitencia médica
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. | EP
La lenta decadencia de la sanidad penitenciaria ha tocado techo: 19 prisiones, las que concentran mayor número de población reclusa, se encuentran en estos momentos sin Atención Primaria. Esto es, más de la mitad de los internos, unos 25.000, tan solo pueden recurrir a los servicios de urgencias o, con suerte, a la teleasistencia ante la escasez de médicos con los que cuenta el sistema sanitario penitenciario que, según las fuentes consultadas, «está en vías de desaparecer».
En apenas 10 meses, las prisiones españolas han pasado de tener 216 facultativos a 167 (131 titulares, 32 interinos y cuatro en prácticas), es decir, un médico para cada 299 presos, según datos facilitados a THE OBJECTIVE por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Además, en 2023 se jubilarán 30 sanitarios más.
Para entender el problema es preciso señalar que el reglamento penitenciario, en su artículo 209, señala que la atención sanitaria en instituciones penitenciarias «se basará en el modelo de Atención Primaria», de forma que «los establecimientos penitenciarios contarán con un equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al menos, por un médico general, un diplomado en enfermería y un auxiliar de enfermería».
Así, atendiendo a los principios constitucionales de equidad e igualdad, a las personas privadas de libertad «se les garantizará una atención médico– sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población», con derecho a una Atención Primaria igual que el resto de la sociedad. Así lo recoge también el artículo 208 del mismo reglamento. Sin embargo, según ha podido saber THE OBJECTIVE, esto dejó de ser así a finales de 2021, cuando se inició un proyecto piloto para implementar un modelo de atención en urgencias, hoy en vigor en, al menos, 19 centros. Algunos de estos son: prisión de Valdemoro (Madrid), Estremera (Madrid), Aranjuez (Madrid), Soto del Real (Madrid), Zuera (la más grande de Aragón), Dueñas o Topas en Salamanca, Archidona (Málaga), Villena (Alicante), Castellón II, Mallorca o el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia), la prisión con más presos de España –unos 2.000– y que solo cuenta con urgencias. También en varias prisiones de las Islas Canarias.
Menos atención, menos diagnóstico
Esta situación de abandono de la Atención Primaria en prisiones por un modelo de urgencias ha dado lugar a una alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y problemas de salud mental en los presos. Así lo denuncia en este periódico Pedro Martínez, responsable de prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que asegura que el modelo de atención de urgencias por el que ha optado la Administración penitenciaria «abandona la prevención, olvida el seguimiento de patologías crónicas y hace imposible el diagnóstico temprano».
Además, manifiesta, es un modelo que aumenta el gasto tanto en ambulancias, ingresos hospitalarios y pruebas diagnósticas. Cada día de ingreso hospitalario, por ejemplo, tiene un coste de 1.500 euros, además de los gastos de las pruebas diagnósticas y un largo etcétera sufragado con fondos que emanan de los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, Martínez, que trabaja en la cárcel de Ocaña II (Toledo) y lleva 30 años como médico de prisiones, asegura que «la sanidad penitenciaria está en vías de desaparecer», con cárceles que tienden cada vez más a contratar servicios privados y profesionales autónomos ante la fuga de sanitarios. En Ocaña II, por ejemplo, solo cuentan con dos médicos cuando la relación de puestos de trabajo es de cinco. Y en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante), si hace un año y medio contaba con siete médicos para 1.100 reclusos, hoy solo tiene uno.
Así, prisiones como la de Cuenca han tenido que acudir a los servicios de la clínica Quirón, la de Burgos ha recurrido a la Clínica Clarís y en la de Cáceres han tirado de personal autónomo que «a veces van por horas, otros por días y otros solo para las guardias». «Esto es como el ejército de Pancho Villa, en cada centro se hace lo que se puede», apunta Martínez ante la «incompetencia» del Ministerio de Interior, que si bien ha reconocido extraoficialmente que «el mayor problema que tienen las prisiones es la sanidad», no aporta, según el responsable del CESM, ninguna solución para arreglar tal situación: «No sé si por incompetencia o porque realmente lo que quieren es privatizar la sanidad penitenciaria».
Ante esta situación realmente crítica, con centros sin médicos y enfermeros con cargas y responsabilidades que no les corresponden, la única respuesta de la Administración ha sido la de implantar un sistema de guardias por teleasistencia de 9 a 15 horas y de 16 a 21 horas en días de diario y de 9 a 21 horas en festivos y fines de semana. Con esta respuesta, apuntan desde la CESM, el departamento de Grande-Marlaska está poniendo de manifiesto «su falta de voluntad en cumplir la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas». 19 años después, estas transferencias solo se han producido en Cataluña, País Vasco y Navarra.
En 2023 se jubilarán 30 médicos más
A final de año, si el Ministerio de Interior no refuerza la sanidad penitenciaria, los 50.000 presos de las cárceles españolas contarán con 30 médicos menos que se jubilarán este año. De forma que, 2023 terminará con algo más de 100 médicos de prisiones para toda la población reclusa. Esto es, un médico para cada medio millar de internos.
Y es que si el año pasado, la cartera de Grande-Marlaska solo reforzó la sanidad penitenciaria con cuatro médicos, este año ha incorporado siete médicos más –uno de psiquiatría y seis de AP–, cuando faltan unas 300 plazas para cubrir la relación de puestos de trabajo (RPT) establecida por la Administración.
No obstante, la convocatoria publicada en el BOE es de 80 plazas. Sin embargo, solo se han presentado 15 médicos de los cuales han aprobado 12. De estos, finalmente, únicamente siete han decidido continuar y comenzar sus prácticas en alguna prisión nacional. La gran diferencia salarial –de unos 1.600 euros– de un médico de prisiones y su homólogo en cualquier centro de salud es una de las razones por las que los facultativos deciden no optar a una plaza en un centro penitenciario. Por ello es que desde la CESM recuerdan una vez más que la única solución pasa por la equiparación de las remuneraciones de los profesionales hasta que se produzca la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas.
