Marlaska adjudica medio millón a dedo para resolver la falta de médicos en las prisiones
Interior recurrió hasta en 46 ocasiones a empresas de sanidad privada y profesionales autónomos para cubrir la atención asistencial de los internos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha decidido apostar por los contratos menores para cubrir la mayoría de las necesidades de la sanidad penitenciaria ante la escasez de médicos en las cárceles de España. De esta forma, durante 2022, recurrió hasta en 46 ocasiones a los servicios de empresas de sanidad privada y profesionales autónomos destinando un monto total de casi medio millón de euros (486.183), según información facilitada por el Portal de Transparencia tras una consulta realizada por THE OBJECTIVE.
Los contratos menores, que tienen un valor inferior a 40.000 euros cuando son contratos de obras e inferior a 15.000 cuando se trate de contratos de suministro o servicios, siguen siendo el método más empleado por el sector público para gestionar la mayoría de sus necesidades. Este tipo de contratación, siempre ha estado bajo el punto de mira ya que se trata de una fórmula que permite a las administraciones adjudicar servicios y obras pequeñas a discreción. No obstante, determinados ministerios han abusado de este método diseñado para compromisos excepcionales o imprevistos.
De esta forma, con 19 prisiones, las que concentran mayor número de población reclusa, sin Atención Primaria en estos momentos por el déficit de sanitarios, como adelanto este medio en exclusiva, el departamento de Grande-Marlaska se ha visto en la obligación de recurrir a este tipo de contratación para cubrir la atención asistencial de los internos.
Interior prefiere los contratos menores
Sin embargo, esta práctica, según fuentes expertas consultadas, podría contravenir el ordenamiento jurídico, ya que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios se tiene que prestar «con medios propios o ajenos concertados» por la Administración penitenciaria competente y las administraciones sanitarias, según la normativa penitenciaria y el artículo 9.2 de texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública. Este último establece que las funciones que impliquen salvaguardar intereses generales del Estado y de las administraciones públicas solo pueden hacerlas «exclusivamente» funcionaros públicos. Esto es, tareas como informes médicos para juzgados, informes sobre huelgas de hambre, situaciones de aislamiento o protocolos de suicidio no pueden ser desempeñadas por servicio médico privado contratado.
En apenas 10 meses, las prisiones españolas han pasado de tener 216 facultativos a 167 (131 titulares, 32 interinos y cuatro en prácticas), es decir, un médico para cada 299 presos, según datos facilitados a THE OBJECTIVE por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Además, en 2023 se jubilarán 30 sanitarios más.
En este contexto, si el año pasado, la cartera de Grande-Marlaska solo reforzó la sanidad penitenciaria con cuatro médicos, este año ha incorporado siete médicos más –uno de psiquiatría y seis de AP–, cuando faltan unas 300 plazas para cubrir la relación de puestos de trabajo (RPT) establecida por la Administración.
Contratos relevantes
Ante esta situación de disparidad, Instituciones Penitenciarias ha hecho uso indiscriminado de los contratos menores para cubrir la atención asistencial de los internos. A partir de los documentos facilitados a THE OBJECTIVE por el Portal de Transparencia, podemos constatar que casi la mitad rozan la cifra límite legal para el control y un porcentaje muy destacable contempla 14.999 euros. De esta forma, prisiones como la de Ávila, Málaga, Melilla, Segovia o Soria han recurrido en numerosas ocasiones a los servicios de empresas de sanidad privada o profesionales autónomos a lo largo de 2022.
Llama la atención los dos montos de 14.999 euros destinados a Medical Service Care para asistir al centro penitenciario de Málaga o los tres importes (dos de 7.125 euros y uno de 14.999) destinados al Hospital Santa Teresa de Ávila. También es destacable que en centros como los de Alicante, Badajoz, Mallorca, Cáceres, Huelva, Monterroso o Valencia estos contratos siempre han sido otorgados a la misma persona física por importes que en muchos casos rozan el límite legal.
Precisamente, adjudicar varios contratos menores a una misma empresa en el mismo ejercicio estaba prohibido por la ley, pero el Gobierno de Pedro Sánchez modificó ese punto mediante un decreto al comienzo de la legislatura con la excusa de que había que adaptar la normativa española a una directiva europea.
Este medio, mediante otra solicitud al Portal de Transparencia, ha intentado conocer cuántos contratos menores se adjudicaron desde 2018 a 2021, pero en esta ocasión, el organismo público, en un escrito firmado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, ha rechazado la solicitud por interpretar que «existe un carácter abusivo en las solicitudes, causa de inadmisión».
