Hacienda se niega a bajar el IVA a la tecnología sanitaria a pesar del aval de la UE
El sector asegura que aplicar un IVA reducido en sus productos generaría al sistema un ahorro de más de 1.000 millones de euros
La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP.
Se cumple un año y medio desde que los ministros de Economía europeos (ECOFIN) apoyasen la fijación de tipos reducidos a «bienes esenciales» para reformar los sistemas sanitarios. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda –al contrario que otros homólogos europeos– se niega a reducir el IVA al sector de la tecnología sanitaria, que lleva meses reclamando tipos reducidos y cero a determinados productos y servicios que satisfacen necesidades básicas.
En diciembre de 2021, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea –compuesto por los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros– acordó la reforma del IVA a fin de permitir a los Gobiernos nacionales que pudiesen fijar en adelante –a decisión propia, sin contar con la aprobación de la Comisión Europea– tipos de IVA reducidos y cero a determinados productos y servicios.
Ese acuerdo se oficializó tres meses después con la publicación de la Directiva 2022/542, la cual menciona expresamente a los productos sanitarios como bienes esenciales susceptibles de contar con un IVA reducido. Concretamente, cita los «equipos, aparatos, dispositivos y artículos médicos, así como el material auxiliar y los equipos de protección, incluidas las mascarillas de protección».
Sin embargo, 18 meses después, según confirman desde Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) a THE OBJECTIVE, no hay novedades al respecto, y aún esperan una reunión con el ministerio de María Jesús Montero para así establecer una hoja de ruta común. Y es que el sector asegura que este medida generaría al sistema un ahorro de más de 1.000 millones de euros «que podrían revertirse en el propio sistema sanitario». Además, recuerdan que el Gobierno ya aprobó un Real Decreto-ley el 21 de abril de 2020 en el que se rebajaba al 0% el IVA de 41 productos necesarios para combatir el coronavirus. Una medida que solo duró unos meses y que afectó desde a dispositivos médicos más complejos como respiradores, ventiladores, humificadores, monitores o escáneres, hasta carpas para hospitales de campaña, según recoge la normativa.
El 85% de la tecnología sanitaria tiene un IVA del 21%
Actualmente en España la mayoría de estos productos sanitarios -aproximadamente el 85%– son gravados con el tipo impositivo más alto (21%), «pese a que, tal y como ha demostrado la pandemia, se trata de bienes de primera necesidad y esenciales en situaciones de emergencia». En países vecinos como Italia, Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido tienen un IVA reducido menor del 10% para estos productos.
En nuestro país el IVA reducido (10%) solo es aplicable a grupos muy concretos, como prótesis o implantes quirúrgicos, y a productos para enfermos crónicos, como dispositivos para el control de la diabetes. Por su parte, el IVA super reducido (4%), solo se aplica a productos para personas con discapacidad, como sillas de ruedas; y el IVA cero (0%) únicamente a las terapias respiratorias domiciliarias.
De esta forma, desde el sector reclaman que la tecnología sanitaria cuente con un IVA reducido «en consonancia» con otros países «para garantizar una mayor igualdad» entre España y el resto de los Estados miembros.
Indexación de los precios
No obstante, este no es el único reto que afronta el sector. Como ya contó THE OBJECTIVE, el sector de la tecnología sanitaria critica la complejidad para indexar (revisión de los precios) determinados contratos públicos de suministro y servicios, como los de tecnología sanitaria, a pesar de la reciente modificación de la ley que permite la revisión de los precios.
El pasado 9 de mayo se publicó en el BOE la Ley 11/2023, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, que permite la revisión, al alza o la baja, de los contratos públicos de servicios y productos. No obstante, el presidente de Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), Jorge Huertas, señaló en la 29 edición del Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria que se celebró este miércoles, que aunque valora «muy positivamente» esta normativa, «se debe poner el foco en la complejidad de ejecución de esta medida».
En este sentido, la Federación solicita una indexación basada en el IPC y no vinculada a los costes de las materias primas, energía y bienes intermedios cuyo acceso a sus indicadores «es limitado». Para poder adecuar los precios a los costes actuales deberán poder demostrar que el incremento motivado por las subidas de las materias primas superan el 20%. Un incremento, según el sector, «difícil de demostrar».
