Las españolas con prótesis de pecho ilegales PIP volverán a llevar a juicio a los responsables
En España se estima que hay 18.000 víctimas, de las cuales solo 694 han sido representadas
Las españolas con prótesis de pecho ilegales PIP volverán a llevar a juicio a los responsables. | RRSS.
Se trata del mayor fraude sanitario del mundo. En España se estima que hay 18.000 víctimas (400.000 en todo el mundo), de las cuales solo 694 han sido representadas. Ahora, estas mujeres tendrán la última oportunidad para llevar a los responsables de las prótesis mamarias defectuosas de la marca PIP (Poly Implant Prothèse) ante los tribunales.
Así lo ha adelantado a THE OBJECTIVE la firma de abogados internacional Merci People’s Law Firm (antes Lozano Blanco & Asociados) que señalan que las afectadas «tienen ahora la oportunidad de formar parte del último grupo de demandantes en un litigio que se trata de un caso ganado porque las más altas Autoridades Judiciales Francesas ya fallaron a favor de las víctimas y se sentó un precedente a nivel global».
El 25 de mayo de 2023, la Corte de Casación, la máxima autoridad judicial en Francia, dejó en firme la declaración de responsabilidad de la empresa que certificó la calidad de dichos implantes (TÜV Rheinland), sin la opción de presentar más recursos. A ello se suma que la Corte de Apelación de Aix-en-Provence emitió un fallo indicando que las víctimas admitidas en el caso recibirían indemnizaciones finales que oscilan entre 9.000 euros y 40.000 euros, dependiendo de la gravedad de cada caso.
A juicio en el primer trimestre de 2024
En España, explica Nathalie Lozano Blanco, abogada de Merci People’s Law Firm, el 96% de las afectadas por prótesis PIP «no ha tenido la oportunidad de verse legalmente representadas». «Las personas que tienen este tipo de problemas sienten que es muy difícil demandar y de alguna manera se resignan», explica la letrada, que relata a este medio que en el primer trimestre de 2024 acompañará a un nuevo grupo de demandantes ante el Tribunal de Comercio de Toulon.
«En el último y más nuevo grupo contamos con 409 mujeres, 35 españolas», relata Nathalie Lozano, que hace hincapié en que Merci –que fue el primer despacho que llevó el caso PIP a los tribunales representando a 1.500 mujeres- trabaja sin previo pago. «Solamente en caso de que haya éxito, de que ellas reciban efectivamente una compensación por todo esto, cobramos honorarios», informa.
«Es muy injusto que las mujeres españolas no estén representadas en esto», lamenta la abogada, que destaca que alrededor de 30.000 tienen defensa en el mundo. «Ahora, desde Merci People´s Law Firm buscamos que obtengan una sentencia justa», agrega la representante de la firma de abogados internacional que, aunque precavida, señala que la probabilidad de éxito «es de un nivel de seguridad superior a casi cualquier otro casa que yo haya visto o que pueda ver».
El caso
El escándalo de las prótesis mamarias adulteradas explotó en 2010, cuando se supo que la empresa francesa PIP comercializaba desde el año 2002 implantes fabricados con un gel casero, no apto para uso humano y que costaba una décima parte de lo que costaba el gel Nusil, el único autorizado para tal uso. A esto se sumaba evidencia de que las prótesis PIP presentaban una tasa de ruptura bastante mayor a la de otras marcas.
En el año 2011, poco tiempo después de estallar el escándalo, la empresa Poly Implant Prothèse, fabricante de las prótesis que llevaban su marca, se declaró en quiebra y cesó su operación. Por ello, en 2013, fue presentada ante el Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) una demanda a nombre de 40 víctimas francesas contra TÜV Rheinland, el órgano notificado que auditó el sistema de calidad de dichos implantes y les otorgó el sello CE nueve años consecutivos, por fallas graves en el cumplimiento de sus responsabilidades fundamentales.
En febrero de 2023 la Corte de Apelación de Aix-en-Provence emitió un fallo que indica que las víctimas admitidas en el caso recibirán indemnizaciones finales de al menos 9.000 euros para mujeres que no hayan sufrido ruptura ni complicaciones adicionales, hasta los 40.000 euros, en función de la gravedad de las afectaciones a la salud de cada caso.
En los últimos 10 años se han presentado decenas de miles de demandantes en sucesivos grupos de mujeres demandantes. En todos ellos los tribunales franceses han fallado a favor de las víctimas y en contra de TÜV Rheinland y cada representada admitida ha obtenido un pago inicial de alrededor de 3.000 euros.
