El principal proveedor de mascarillas del Gobierno se esfuma tras cobrar 253 millones
La catalana FCS Select Products no ha entregado al registro sus cuentas de 2020, 2021 y 2022
Salvador Illa. | Europa Press
Algunos de los contratos millonarios de mascarillas y material sanitario, mayoritariamente adjudicados por el Gobierno en 2020, aún siguen bajo el punto de mira de la Justicia española y de la Fiscalía Europea. Tramitados de emergencia y entregados a microempresas, con menos de tres trabajadores, y con actividades muy diversas, las irregularidades, los retrasos en las entregas y los sobrecostes empiezan a ver la luz con cuentagotas.
Si la empresa que logró el mayor contrato del Ministerio de Sanidad –HongKong Travis Asia Limited- retrasó la entrega de sus mascarillas diez meses, tal y como reveló esta semana este diario, otras compañías que recibieron cuantiosas adjudicaciones durante el estallido de la pandemia prácticamente desaparecieron tras recibir los millones. Una de ellas es la catalana FCS Select Products. La firma se embolsó 253 millones de euros a través de cuatro contratos covid. La Fiscalía Europea investiga dos de ellos, según informan fuentes jurídicas y confirman documentos consultados por este diario.
Mientras, los otros dos contratos adjudicados a esa mercantil volvieron a la Fiscalía Anticorrupción por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Allí, la juez Concepción Jerez investiga irregularidades de 13 contratos adjudicados por Sanidad a firmas chinas. Debido a que llevan la firma de uno de los tres exaltos cargos del Ministerio de Sanidad imputados por las adjudicaciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a empresas chinas durante el inicio de la pandemia, Anticorrupción envió esos dos contratos de FCS Select Products al Juzgado 26 de Madrid para su acumulación en esa causa.
Contratos de mascarillas covid
Según una providencia dictada el pasado 28 de febrero de 2023, la juez que investiga los contratos del Ingesa aclaró a Anticorrupción que en ese juzgado «no se investigaban los contratos relativos a la citada empresa acordando la devolución de la documentación recibida».
Esos contratos de FCS Select Products que volvieron a manos de Anticorrupción están firmados por la exdirectora de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, una de las tres personas investigadas por malversación en los contratos covid del Ingesa que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.
Los nuevos documentos mercantiles sobre esa empresa catalana apuntan a que sus responsables, bajo la lupa de la Fiscalía Europea aún, habrían dejado prácticamente inactiva la compañía. Pese a que permanece activa, las últimas cuentas presentadas por FCS Select Products en el Registro Mercantil son de 2019, un año antes de la pandemia. Los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran un parón total en 2020. Ese año, FCS logró adjudicarse los cuatro contratos. Se formalizaron en el mes de octubre de ese ejercicio. La empresa está radicada ahora en un chalé unifamiliar de Sant Cugat del Vallés.
Justificación del contrato
La mercantil se fundó en 2012 por Felipe Recio y Mayra Daga con el objeto importar, exportar y distribuir toda clase de productos del ramo de la alimentación. En 2020 se le encargó traer desde China 508 millones de mascarillas de diferente tipo. El año anterior ya había cambiado su actividad económica. Se centró en el comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación e intermediación del comercio de productos diversos. Según recoge Insight View hoy tiene el máximo riesgo de impagos y se recomienda «operar con prudencia».
Mayra Daga Castillo fue condenada en 2015 a cuatro años de prisión. Sin embargo, se libró tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Se le acusó de un delito continuado de estafa agravada a empresas de la construcción. Pese a todo, ha seguido vinculada al sector inmobiliario, ya que una de los 22 apoderados de Inversión Patrimonial Carpetania.
Pese a todo, el Ministerio de Sanidad justificó la adjudicación de estos macrocontratos, de forma urgente y sin investigar la solvencia de la empresa, en la situación de emergencia para hacer frente a la expansión de la covid–19 –ver Real Decreto-. La empresa catalana, según recoge el documento se comprometió en uno de los contratos a realizar dos entregas semanales de mascarillas durante cuatro semanas. En total, 37,5 millones de mascarillas semanales.
Fiscalía Anticorrupción
Entre las exigencias de FCS recogidas en el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, estaba el pago del total del 100% del pedido, que este caso ascendía a 77 millones. Apuntaba además que el transporte de la mercancía se realizaría utilizando la capacidad logística de la empresa Industria de Diseño Textil (Inditex).
Anticorrupción abrió diligencias en 2022 sobre los contratos del Gobierno a FCS Select Products, a raíz de una querella del Partido Popular de Madrid sobre una decena de adjudicaciones covid otorgadas a dedo por diferentes ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Respecto a esta empresa, el PP denunciaba que esta empresa catalana hasta 2019 se dedicaba «al sector de bebidas alcohólicas», nunca al suministro de material sanitario, y «recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social» por parte del Ministerio de Sanidad.
Además, los populares aludían a supuestos vínculos entre los propietarios de FCS Select Products y el exministro Illa por ser del mismo municipio. Y añadían que «la administradora de la empresa, M. D. C., fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros», explica el escrito.
