Una auditoría hace balance de la covid: hubo «contradicciones» en la gestión del Gobierno
Encargado en septiembre de 2021, el estudio lleva concluido desde abril de este año, pero se ha mantenido en secreto
Personal sanitario en Barcelona. | Europa Press
España «no estaba lo suficientemente preparada» para la pandemia de covid-19 por la ausencia de reservas estratégicas del material necesario para hacer frente al virus, la debilidad de los sistemas de información y alerta temprana y la insuficiencia de recursos diagnósticos; además, hubo «contradicciones en la respuesta», según un informe realizado por expertos independientes sobre la gestión de la covid-19 en España. Asimismo, el informe insta a «interiorizar» que una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad «no solo es posible, sino probable, a corto o medio plazo».
El fin último de este documento, que lleva por nombre ‘Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia Covid-19’, es ofrecer información útil que oriente la toma de las decisiones para fortalecer y cohesionar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y hacerlo más resiliente frente a futuras amenazas pandémicas. Entre sus peticiones figura la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, que el Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves en una rueda de prensa que será una realidad en 2024.
Encargado en septiembre de 2021, el estudio lleva concluido desde abril de este año, si bien se ha mantenido en secreto hasta este jueves, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha debatido con los consejeros de las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En concreto, los auditores advierten de que, en algunos casos, se produjeron «contradicciones en la respuesta de las distintas administraciones y se apreciaron fallos de coordinación en múltiples áreas».
Algunas de estas áreas son los servicios de Urgencias y Emergencias, los mecanismos para compartir recursos médicos entre territorios o la adquisición de material necesario para responder a la pandemia. Por otro lado, declaran que el marco legal disponible «tampoco fue suficiente» para afrontar la crisis sanitaria. Además, los auditores aseguran que el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), a saber, el órgano donde están representados el Ministerio de Sanidad y las CCAA, «no fue suficientemente eficaz como instrumento para adoptar decisiones homogéneas».
En este sentido, también alertan de que se produjeron «algunos errores de comunicación muy llamativos». Fundamentalmente, se refieren a la realización de pronósticos «innecesarios» sobre la evolución de la pandemia y valoraciones «apresuradas» sobre las principales vías de transmisión de la infección y la efectividad de las mascarillas; y también a alguna «confusión de roles», en referencia a aspectos como «quién informa las decisiones, quién las toma y quién las comunica».
«Sobreexposición» de Fernando Simón
En alusión a esto último los auditores lamentan «cierta sobreexposición» del portavoz habitual, refiriéndose, sin mencionarlo, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que mantuvo actividades públicas de comunicación en el propio domicilio incluso cuando estaba padeciendo la covid-19.
Según el documento, parte de los errores en la respuesta a la pandemia se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario, entre los que destacan «la distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales, las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica, unos recursos humanos estructuralmente infradimensionados para la actividad cotidiana de los servicios de salud pública, y la ausencia de un adecuado sistema de información a nivel nacional».
Estos expertos hacen «mención aparte» a la falta de protocolos previos en las residencias de personas mayores y otros colectivos vulnerables y la «limitada coordinación» entre el sistema sanitario y los servicios sociales, «que estuvieron en el origen de la tragedia vivida en los establecimientos residenciales».
Más allá de los aspectos mejorables, el documento también resalta que «muchas cosas se hicieron bien». Destacan, por ejemplo, la respuesta de los profesionales de la asistencia sanitaria, la salud pública y la atención sociosanitaria; así como de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la «excelente» campaña de vacunación; la creación de un mando único al comienzo de la pandemia y la comunicación continua que se produjo entre el gobierno central y las CCAA.
Una nueva pandemia es «probable a corto plazo»
Así las cosas, el informe insta a «interiorizar» que una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad «no solo es posible, sino probable, a corto o medio plazo». Por ello, propone algunas medidas «clave», como aplicar «de forma inteligente» el principio de precaución para evitar, o al menos retrasar, que la enfermedad atraviese las fronteras españolas. «En general, cuanto antes se intervenga, mejor», recalcan.
En este caso, llaman a detectar precozmente la aparición de casos de enfermedad, para intentar controlar su expansión. Además, piden que las primeras decisiones se tomen por un comité de gestión de la crisis sanitaria asesorado por un comité científico-técnico ad hoc. También afirman que es «necesario fomentar un clima de entendimiento que permita compatibilizar la transparencia con la protección de los equipos asesores frente a la presión social excesiva y el vapuleo mediático».
A su juicio, las medidas que se tomen deben estar amparadas desde el principio por un marco legal claro y suficiente, que dé seguridad jurídica a quienes tomen las decisiones. En este punto, reclaman la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública; así como la aprobación de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias y un Plan General de Reservas Estratégicas. «También es imprescindible una cultura profesional y social que no penalice excesivamente el error en la gestión de las primeras fases de una pandemia», han reclamado.
De forma paralela, opinan que debe ponerse en marcha la estrategia de comunicación a la ciudadanía, cuyas líneas generales deben estar previamente diseñadas. «Es prudente evitar en lo posible la discrepancia frontal en público de quienes lideren la lucha contra la pandemia, y no se deben usar las medidas de salud pública como abono para la contienda política descarnada», han pedido.
Además, aseguran que se debe disponer de «aplicaciones suficientemente bien evaluadas» de rastreo de contactos que faciliten el control de la extensión de la enfermedad y defienden la movilización «de forma precoz» de las reservas de los materiales específicos de protección. «También de manera temprana habría que instaurar los protocolos de protección a los segmentos a priori más vulnerables de la población, previamente entrenados mediante ejercicios o simulacros periódicos», han asegurado.
Por tanto, en caso de una nueva pandemia, la población debería estar «más empoderada» para gestionar su enfermedad, con una Atención Primaria «fortalecida» y con mayor capacidad de resolver problemas de salud. «Ambos niveles de atención (primaria y hospitalaria) deben tener capacidad para utilizar de forma eficiente todos los recursos y, además, con capacidad de transformarlos y expandirlos», declaran.
Por otro lado, defienden que «habrá que tener acordados ciertos mecanismos de traslado de pacientes entre comunidades y entre países, y también protocolos de derivación entre centros». En casos extremos, abogan por tener acordados protocolos de «priorización y racionamiento» de la atención. Además, señalan que España debería «reforzar» su acción en los organismos internacionales para apoyar política y financieramente las actividades de prevención de la próxima pandemia.
