Las farmacéuticas asumirán por primera vez el coste de la limpieza de las aguas residuales
Tendrán que sufragar al menos el 80% de los gastos relacionados con la depuración de estas aguas con impurezas
La Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo del Soto, en Móstoles, Madrid. | EP.
Quien contamina paga. Bajo ese principio las farmacéuticas y empresas de cosméticos, responsables del 92% de la carga tóxica presente en las aguas residuales, tendrán que asumir, al menos, el 80% de los costes relacionados con la limpieza de las sustancias nocivas que vierten en las aguas residuales urbanas.
Se trata de un acuerdo provisional —todavía por ratificar— alcanzado esta semana entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE mediante el cual se pretende modificar la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
De esta forma, la industria farmacéutica, por primera vez, pagará los costes del tratamiento adicional, el llamado tratamiento cuaternario, para eliminar los microcontaminantes de las aguas residuales urbanas. Así, estos laboratorios tendrán que cubrir hasta el 80% del gasto adicional necesario para deshacerse de los pequeños contaminantes que ensucian las aguas residuales urbanas. Los gobiernos pagarán el resto (máximo el 20%).
«Esta cuestión será decidida en cada Estado miembro por parte de sus respectivas organizaciones de responsabilidad del productor (Producer responsibility organisations), donde las empresas cosméticas y farmacéuticas negociarán quién paga cuánto», apuntan a THE OBJECTIVE fuentes del Parlamento Europeo, que aclaran que esta decisión se tomará en base «al volumen de microcontaminantes, la peligrosidad de los microcontaminantes y la biodegradabilidad de los productos o sustancias». Si son biodegradables no se necesita pagar para su limpieza.
Además, cada Estado podrá decidir qué porcentaje del 20% asume, ya que la industria debe pagar al menos el 80%. «En aras a tener una comunicación adecuada entre organismos y Estado, se supone que cada Estado miembro evaluará sus programas de implementación nacionales y mantendrá abierto el diálogo con los operadores de agua sobre qué tecnología es mejor utilizar», aclaran desde Bruselas.
Reutilización de las aguas residuales urbanas
Las reglas, según el borrador consultado por este medio, obligan a retirar la materia orgánica del agua urbana antes de verterla al medio ambiente en todas las localidades de más de mil habitantes para 2035; para 2039, los países de la UE tendrán que garantizar la aplicación del tratamiento terciario (es decir, la eliminación de nitrógeno y fósforo) en todas las plantas que cubran 150.000 habitantes o más; y, para 2045, tendrán que aplicar un tratamiento cuaternario de forma obligatoria en todas las localidades de más de 10.000 habitantes para eliminar microcontaminantes, como pesticidas y nanopartículas.
De esta forma, el acuerdo final incluye la obligación de que los Estados miembros promuevan la reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas que procedan de plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente en zonas con estrés hídrico y para todos los fines, «si no hay efectos adversos para el medio ambiente y la salud humana». Además, el acuerdo final incluye una cláusula de revisión de los planes nacionales obligatorios de reutilización del agua, incluidos objetivos y medidas nacionales.
Por su parte, desde la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia) ha señalado que el sector está «dispuesto a asumir su parte justa de responsabilidad», aunque matiza que la propuesta no tiene en cuenta el «impacto en la accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos«.
«Destacamos la necesidad de establecer un sistema EPR no discriminatorio y basado en el riesgo para financiar la mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas que permitan la eliminación efectiva de los microcontaminantes», indican desde Efpia.
Sanción europea contra España
En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso la mayor multa de la historia de la UE a España por «incumplimiento generalizado» de la legislación de aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas. El fallo establecía más de diez millones de euros por semestre mientras sigan los incumplimientos.
Si en un primer momento el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un calendario en el que se fijaba 2023 como el año en el que estarían listas las depuradoras de esas nueve aglomeraciones urbanas, ahora, según este departamento, se estima que no estarán operativas hasta finales de 2024 o 2025.
De esta forma, la multa, que asciende ya a más de 90 millones de euros, seguirá engordando al no solventarse los problemas de depuración en estos núcleos, algo que afecta al correcto estado de los ríos y mares donde, finalmente, terminan vertidas estas aguas.
