García vende como nuevo un organismo anticorrupción que lleva un año sin desarrollar

Tras el estadillo del ‘caso Koldo’, la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas que ha salpicado a varios ministerios, como el de Sanidad, Transportes e Interior, Mónica García, titular de Sanidad, ha anunciado la creación de un Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria «como escudo contra los comisionistas hermanos, novios y asesores que hacen negocio con nuestra salud».

Un anuncio que ha sorprendido a expertos, que recuerdan que ya hay una ley aprobada desde hace un año, que prevé la creación de canales internos de información de corrupción en todas las administraciones, un canal externo (y denuncia anónima) y el nombramiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), y que aún no se ha puesto en marcha. «La creación de un observatorio, cuyas funciones no tienen ningún carácter coactivo ni tienen capacidad de investigar, no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que se cumpla la ley y que se investiguen todas las informaciones de las que se alerta relacionadas con corrupción o con otras infracciones graves», explica a THE OBJECTIVE Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho.

Además, Mónica García ha señalado que el Ministerio de Sanidad se unirá a la Red Europea contra el fraude y la corrupción en el Sector de Salud para afianzar el «compromiso» del Gobierno de España en la lucha contra la corrupción. Durante su intervención en el pleno del Senado –a petición del portavoz de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero– aseguró que su ministerio «será un muro de contención contra la corrupción sanitaria». Para ello, comunicó que trabajará en dos vías: «Una, en la elaboración de una estrategia para la lucha contra la corrupción en el ámbito sanitario y, otra, en la creación de un observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria que lleve a cabo esta estrategia».

«Los comisionistas de todo pelaje se aprovecharon porque nuestros escudos se habían caído como un castillo de naipes, después de años y años de austeridad que se cebó particularmente con nuestra sanidad», insiste García en su discurso.

«La creación de un observatorio no es lo que necesitamos»

Mientras tanto, sigue sin aplicarse la Ley 2/2023, de 20 de febrero de protección a quienes informan de corrupción –que es una transposición de una normativa europea–. «No sabemos si las administraciones públicas han cumplido con su deber de crear los canales internos y externos de información de corrupción, si estos canales están funcionando bien, si se están investigando los casos, salvaguardando el anonimato, que es una cuestión fundamental», explica la directora general de Hay Derecho, quien, sobre todo, denuncia la ausencia de Autoridad Independiente de Protección del Informante –contemplada en ley– que debe velar por estos informantes.

«Se pueden dar situaciones paradójicas, como aquellas en las que individuos denuncian casos de corrupción a través de canales internos (ya sea en empresas privadas o entidades públicas), pero queden desprotegidos frente a posibles represalias debido a la ausencia de una autoridad estatal competente para brindarles amparo. Además, la ausencia de esta Autoridad supone la inexistencia de un canal externo de denuncia, también obligatorio según la ley española, en cumplimiento de la directiva europea», hacen hincapié desde la fundación, que denuncian que sin la creación de esta autoridad estatal, no existe una institución encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, lo cual es competencia de la A.A.I. 

«Es paradójico que, ante los últimos casos de corrupción, se esté hablando de reforzar las medidas legales cuando lo cierto es que el Gobierno está incumpliendo con una Ley que lleva ya un año en vigor, y debería permitir alertar de forma anónima de casos de corrupción», concluye Safira Cantos.