La sanidad privada denuncia estar criminalizada por Mónica García y afea sus declaraciones
El sector privado ve con preocupación las expresiones «altisonantes e innecesarias» pronunciadas por la ministra
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.
La patronal de la sanidad privada, ASPE, ha salido en defensa de su papel «determinante» en el sistema sanitario de salud tras las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes, cuando ha anunciado que su departamento ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.
«En el contexto del anuncio hecho por la ministra de Sanidad del inicio de la tramitación de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, la Alianza de la Sanidad Privada Española califica de irreal la intención de gestionar de manera eficiente un Sistema Nacional de Salud sin la colaboración del sector privado y observa un riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública», se ha mostrado contundente la patronal en un comunicado.
En este sentido, Carlos Rus, presidente de ASPE, también ha querido pronunciarse directamente al respecto y considera que «la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación».
Expresiones «altisonantes e innecesarias»
El sector privado ve además con preocupación las expresiones «altisonantes e innecesarias» pronunciadas por la ministra de Sanidad Mónica García, ya que estas declaraciones nuevamente «contribuyen a criminalizar la actividad legitima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión
de asistencia sanitaria a los ciudadanos», indica Carlos Rus.
Mónica García ha anunciado esta mañana que su departamento ya ha iniciado los trámites de la ley que pondrá coto al «lucro» de la sanidad privada. Así, ha reiterado que, desde el Ministerio de Sanidad, están «firmemente comprometidos» con evitar que la sanidad se «venda» siempre al «peor postor». «La evidencia científica ya nos ha demostrado que no han salido mejoras en la salud de la población con esas fórmulas de gestión, sino todo lo contrario, lo que ha salido han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas, que han ido detrayendo el presupuesto de nuestro SNS», ha agregado.
De esta forma, la sanidad privada quiere, nuevamente, afirmar su papel «determinante» a lo largo de estos años como «recurso estratégico y flexible» y niega cualquier acusación extemporánea que se vierta contra su concurso. Asimismo, recuerda que la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, según los estudios, teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas.
«Este proyecto de ley pasa por alto casi 40 años de colaboración eficiente bajo la tutela de la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios. Un sistema con éxito en numerosas formas de colaboración público-privada que además es habitual en el conjunto de los países líderes de nuestro entorno europeo», hacen hincapié desde Aspe.
Por su parte, desde la Fundación IDIS también también se han pronunciado al respecto aunque se mantienen «expectantes» a la espera de conocer en qué se materializa el propio Proyecto de Ley. En un comunicado, han señalado que estarían de acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público «que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes».
