Un informe deja en evidencia a Mónica García al relacionar sanidad privada y mortalidad evitable
Se trata de un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid tras la polémicas declaraciones de la ministra
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.
Un informe realizado por la Universidad Complutense de Madrid confirma la ausencia de conexión entre la subcontratación a proveedores privados y el aumento de la mortalidad evitable, tal y como afirmó la ministra Mónica García en sede parlamentaria a principios de año.
«No hay evidencia científica que relacione la sanidad privada con la mortalidad evitable», explican los autores del estudio, que indican que existen gran diversidad de factores que determinan el funcionamiento y los resultados de los modelos de colaboración público-privada: «La capacidad real del gestor, la personalidad jurídica, el entorno administrativo e institucional, la cultura del centro, las condiciones del contrato y la adecuada supervisión por parte del financiador de la calidad del servicio prestado por el gestor».
La investigación de la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM se produce tras las declaraciones de la ministra el pasado 26 de enero en el Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Mónica García señalaba lo siguiente: «Sabemos por numerosa evidencia científica que la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria».
Más de 500 artículos científicos analizados
Ante tales afirmaciones, la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada por ASPE, ha analizado más de 500 artículos científicos publicados en toda Europa y concluye que «no encuentra evidencias de que la colaboración público-privada incrementa la mortalidad evitable en España y otros países europeos». Además, agrega que con datos públicos oficiales «los hospitales públicos gestionados por operadores privados registran, por norma general, muestran mejores indicadores que la media de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en eficiencia y atención al paciente (índice de satisfacción global, de recomendación global y de reclamaciones)».
Consultando diversas fuentes -como el Observatorio del Servicio Madrileño de Salud, las auditorías realizadas por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana o la publicación de las listas de espera quirúrgicas por hospital o departamento de salud-, «los hospitales bajo este modelo colaborativo presentan mejores resultados que la media de los hospitales públicos en la mayoría de indicadores analizados», hacen hincapié los autores, que este miércoles han presentado el estudio en la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM.
Índice agregado de mortalidad
El caso de la Comunidad de Madrid, a modo de ejemplo y como indicador relevante en el ámbito principal del estudio realizado por la UCM, en su índice agregado de mortalidad refleja que cuatro de los cinco hospitales públicos gestionados por un operador privado presentan los mejores índices de toda la región. Son los hospitales de Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Villalba y Fundación Jiménez Díaz. Su ratio de mortalidad estandarizada (RME) es inferior a 1, es decir, por debajo de lo esperado. El quinto hospital, Torrejón, presenta un RME de 1.
Por otro lado, las dos auditorías sobre Manises y Torrevieja de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, concluyen que los departamentos de Manises y Torrevieja son dos de los más eficientes de la región y que suponen un ahorro sanitario público, registrándose índices de consecución de objetivos superiores al conjunto de los hospitales de la Comunidad Valenciana. En Torrevieja, la tasa de mortalidad para todas las edades y todas las causas por 100.000 habitantes ajustada a la población es de 822, mientras que la media autonómica se situó en 911 en el año 2015, por debajo de la media de la Comunitat Valenciana.
Los dos artículos mencionados por Mónica García
Mónica García sostenía sus polémicas declaraciones en base a dos artículos, uno de ellos publicado en The Lancet sobre el sistema británico y otro en Journal of Epidemiology and Community Health sobre el sistema sanitario de Italia.
Del análisis del artículo publicado en The Lancet (‘Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates in England, 2013–20: an observational study of NHS privatization’) los investigadores españoles señalan que «no se puede concluir una relación directa entre el incremento de la subcontratación a proveedores privados y el aumento de la mortalidad evitable». «Se observa que un gran número de los datos utilizados para obtener la conclusión sobre la relación directa entre el incremento de la mortalidad evitable y el aumento de la subcontratación, no tienen relación con la actividad asistencial subcontratada», explican.
En relación con el artículo en Journal of Epidemiology and Community Health sobre el sistema sanitario de Italia (‘The effect of healthcare delivery privatisation on avoidable mortality: longitudinal cross-regional results from Italy, 1993-2003’), la investigación de la Complutense concluye que «la tasa de mortalidad evitable no aumenta ante un mayor porcentaje en la prestación del sector privado».
Además, los académicos de la Complutense señalan que «las limitaciones existentes en los datos analizados no permiten generalizar las conclusiones obtenidas ni extrapolarse a otros territorios o momentos», y agregan: «La mayoría de la documentación existente se centra en analizar los diferentes modelos desde el punto de vista legal y, especialmente, ideológico, existiendo documentación a favor y en contra de la colaboración público-privada».
Ley de Gestión Pública
Para ASPE, las afirmaciones de la ministra «han tratado de menoscabar el modelo colaborativo que la privada brinda en auxilio de la sanidad pública», tal como permite la Ley General de Sanidad vigente desde 1986, y de esta forma «avalar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud», cuyo trámite parlamentario ha sido recientemente anunciado, y que busca acabar con los conciertos sanitarios y otros modelo de colaboración público-privada, «a pesar de las graves consecuencias que tendría en salud ciudadana y coste económico».
Carlos Rus, presidente de ASPE, señala que «nuestro sistema sanitario no puede permitirse una ley que arrasa con una colaboración histórica y exitosa en favor de la salud del ciudadano y que se convierta en la ley del ‘No es no al Paciente’ al aumentar estrepitosamente las listas de espera».
Y concluye: «La eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación».
