El Gobierno busca un atajo para agilizar la dependencia: la 'uberización' de los cuidados
Pretende suprimir la excepcionalidad de la prestación de cuidados en el entorno familiar para incluir al entorno relacional
El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García. | EP.
La lista de espera para atender a personas vulnerables y con un alto grado de dependencia no deja de crecer. Hasta el 31 de diciembre de 2023, había 204.755 personas pendientes de una resolución de grado o de prestación –se estima que la cifra roza ya las 300.000 personas–. Ante esta situación, el Ministerio de Derechos Sociales ha encontrado un atajo para reducir esta alarmante lista de espera: la ‘uberización’ de los cuidados.
Así lo denuncia en THE OBJECTIVE Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) que critica la intención del Gobierno de modificar la ley 39/2006 para, entre otras cosas, dejar «los cuidados de los dependientes en manos de personas sin cualificación y sin ningún tipo de control».
Esto es, la intención del Ejecutivo es suprimir la excepcionalidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar para incluir al entorno relacional. Algo, en palabras del directivo de la patronal, «contrario a los objetivos de profesionalización de los cuidados».
«Esta modificación es profundamente injusta con los cuidadores, sean los que sean, que con una dotación económica mínima han de atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a una persona altamente necesitada de cuidados y atención, y además careciendo de todo conocimiento, en la mayoría de los casos, de cuáles deben ser estos cuidados», explica el presidente de la FED. Hasta ahora, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar era algo «excepcional», como la propia ley contempla.
‘Uberización’ de los servicios de la dependencia
«¿Quién va a cuidar a los dependientes en su domicilio? ¿Qué se le va a exigir a los cuidadores? ¿Qué control se va a desarrollar sobre el servicio que se va a prestar? ¿Cuál va a ser la intensidad del servicio?», se pregunta Fernández-Cid. Son cuestiones para las que a día de hoy no hay respuesta.
En este sentido también se ha pronunciado Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), quien en línea con Ignacio Fernández-Cid comenta: «En una decisión y política que pone en riesgo los derechos de nuestros dependientes, que además va en contra tanto del espíritu como de la letra de la ley. Ley que queremos configure el 4º pilar del Estado de Bienestar y que corremos el riesgo de reducir a una prestación económica más, poniendo en peligro los cuidados, la salud y el bienestar de las personas más frágiles de nuestra sociedad».
De esta forma, desde ambas patronales temen que la dependencia se ‘uberice’ con personas sin formación ni supervisión. «¿Por qué no se dignifican las condiciones laborales en lugar de apostar por la uberización de los servicios de la dependencia?», se vuelve a preguntar el presidente de la FED. En esta ocasión, la repuesta la tiene clara: «Porque la desprofesionalización del sector es más barata y rápida». En concreto, las prestaciones económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar alcanzan, como máximo, los 455,4 euros al mes.
Domiciliar los cuidados
Por su parte, desde el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, justifican esta medida bajo el argumento de que se trata de una apuesta por un «nuevo modelo de cuidados» a favor de la atención a domicilio para que las personas que necesitan cuidados «no se vean obligadas a vivir en macroresidencias y puedan permanecer en sus casas, en sus barrios o en sus pueblos todo el tiempo que les sea posible». Con una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones, junto con el Ministerio de Sanidad trabaja en una estrategia que potencia la atención domiciliaria para evitar el ingreso en residencias.
Una dotación que también celebran desde las patronales, pero que, sin embargo, consideran no es una buena medida para profesionalizar los cuidados. «Lo que debemos hacer es hacerlos más profesionales y de más calidad. Lo que están haciendo es simplemente implementar una paga para reducir las sangrantes listas de espera, que actualmente están en torno a 300.000 personas», insiste Ignacio Fernández-Cid.
En este punto, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia recuerda que en el sector de las residencias hay un déficit de unas 20.000 enfermeras. Así, piden que se mejore la agilidad en los trámites de homologación de miles de profesionales extranjeros de enfermería y medicina que están en España esperando a poder ejercer y la creación de una nueva figura profesional de enfermería proveniente de Formación Profesional, tal y como sucede en Alemania.
En 2023, 40.447 personas fallecieron sin haber recibido la atención. Además, 220.100 personas fallecieron en alguna de las fases del proceso de reconocimiento de la situación de dependencia, de las cuales 201.646 ya tenían una resolución de su ayuda –con independencia del resultado– y 18.454 murieron sin ser valoradas.
