El sector de la dependencia pide revisar los contratos públicos para adaptarlos al IPC

El sector de la dependencia clama una modificación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que desvincula los precios públicos del IPC y los asocia a los costes, bloqueando la revisión periódica de los contratos del sector público. Como consecuencia, el sector está observando, por ejemplo, una ralentización en la inversión a la hora de construir nuevas residencias para personas mayores, decenas de concursos de adjudicación desiertos o incluso aseguran que la continuidad de varias empresas del sector está «en riesgo» por las pérdidas que supone este bloqueo.

Así lo denuncian a THE OBJECTIVE la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que piden al Ejecutivo revisar «urgentemente» el precio de concierto de los contratos para indexarlos al IPC y a los costes laborales.

«La administración pública tiene que indexar los precios de concierto al IPC y al SMI, pero no solo en dependencia, sino en cualquier servicio público, en caso contrario se está poniendo en serio riesgo la viabilidad de un sector tan capital como el nuestro», señala Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, que hace hincapié en el momento actual: «Un escenario altamente inflaccionario, con una subida de costes de suministros del 350% y un incremento anual de los costes de alimentación de entre el 20% y el 25%».

Una opinión en la que coincide Josune Méndez, secretaria general de Aeste, que asegura que esta situación, en la que no se pueden revisar los precios de adjudicación en función del IPC o las subidas del SMI, provoca «mayores costes» en los servicios que ofrecen estas empresas dedicadas al cuidado de las personas mayores, «llevándolas en muchas ocasiones al límite».

«Hablamos en todo momento de servicios que son esenciales en nuestra sociedad y de los que sin embargo se pone en riesgo su viabilidad. Pese a esto, las empresas hacen un gran esfuerzo porque los ciudadanos no vean mermados sus derechos, ni la calidad de los servicios que reciben», señala la secretaria general de Aeste.  

Ajuste vinculado a los costes de las materias primas

El pasado 9 de mayo se publicó en el BOE la Ley 11/2023, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, que permite la revisión, al alza o la baja, de los contratos públicos de servicios y productos. Sin embargo, este ajuste está vinculado a los costes de las materias primas, energía y bienes intermedios y no basado en el IPC o la subida del SMI, como pide el sector.

Y es que según la nueva normativa, para poder adecuar los precios a los costes actuales deberán poder demostrar que el incremento motivado por las subidas de las materias primas superan el 20%. Un incremento, según el sector, «difícil de demostrar».

Con la última subida del SMI (5%), que será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, el SMI se incrementa en un 54% desde 2018. Esta cifra supone un incremento de 54 euros mensuales en 14 pagas, es decir, un total de 756 euros anuales. Además, los alimentos se han encarecido más de un 30% desde 2019. Sin embargo, cientos de contratos desde entonces siguen sin variaciones de precios con efectos especialmente negativos para las empresas que adquieren compromisos contractuales con el sector público, muchas de ellas de ámbito social.

Según datos de la propia Plataforma de Contratación del Estado, en el año 2022 hubo un aumento del 34% en el número de licitaciones desiertas en todos los tipos contractuales en comparación con el año anterior. 

Asistencia domiciliaria

Ante este situación, desde la FED muestra también una especial preocupación por la empresas que se encargan de la ayuda domiciliaria a los dependientes. Este sector, aseguran, trabaja con unos márgenes muy ajustados y con precios de conciertos con los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas bajos y no indexados al IPC, por lo que, «si se les obliga a realizar esta subida salarial, muchas empresas van a tener que trabajar a pérdidas, lo que repercutirá en un empeoramiento de sus servicios o directamente las obligará a cerrar».

«La empresa privada ofrece un servicio de calidad dónde la iniciativa pública no es capaz de llegar y en un sector tan sensible como es el del cuidado de nuestros mayores y dependientes, adoptar medidas que pongan en juego su sostenibilidad consideramos que es un error absoluto», Ignacio Fernández-Cid, que hace hincapié en que la colaboración público-privada es el «único camino» para lograr «el bienestar de nuestros mayores y de las personas dependientes».