La acusación popular pedirá la prisión provisional para Zapatero por riesgo de fuga
Iustitia Europa adelanta que solicitará la cárcel preventiva en la cita del próximo 2 de junio
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Audiencia Nacional ha imputado este martes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez José Luis Calama no ha dictado la prisión provisional y lo ha citado a declarar el próximo 2 de junio como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
Tras esta declaración, Iustitia Europa solicitará la prisión provisional de Rodríguez Zapatero, en virtud del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender que existe riesgo «elevado» de fuga. Así lo ha adelantado el letrado Luis María Pardo en el programa Objetivo directo, el programa de debate de THE OBJECTIVE: «Solicitar la prisión provisional, ante una posibilidad de riesgo de fuga, se convierte en algo totalmente necesario por los antecedentes de corrupción vinculados al PSOE».
La acusación popular recuerda que existen antecedentes en este sentido: el ex primer ministro socialista de Italia Bettino Craxi huyó a Túnez, en donde pasó el resto de sus días, de 1994 al año 2000. Craxi escapó a las leyes de su país y permaneció fugitivo en Hammamet protegido por el Gobierno de Zine El Abidine Ben Ali, su amigo personal, pese a haber sido condenado a 27 años en Italia por sus delitos de corrupción. «En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, existe un elevado riesgo de fuga por las relaciones internacionales que ha tejido como expresidente del Gobierno con diferentes países», considera Luis María Pardo, que cree que «cualquier otro ciudadano, ante estos delitos gravísimos, estaría en prisión provisional».
La ley española consigna en el artículo 503 de la norma antes citada que la prisión provisional puede dictarse para «asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga», y que para valorar la existencia de ese peligro «se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral». Esto, siempre que los delitos imputados superen la pena de prisión de dos años y que aparezcan en la causa «motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión».
Cabe recordar que el pasado mes de enero Hazte Oír, otra acusación popular, solicitó a la Audiencia Nacional que retirara el pasaporte al expresidente y le prohibiera salir de España. Esta medida cautelar formaba parte de una querella interpuesta por la asociación contra el exmandatario por su supuesta relación y colaboración con el régimen de Nicolás Maduro. En dicha querella, se le acusaba de supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, el procedimiento judicial concluyó en contra de los intereses de la asociación. La entidad no descarta solicitar ahora prisión provisional.
Las acusaciones
Las acusaciones que se ciernen sobre José Luis Rodríguez Zapatero son de una gravedad extraordinaria. El juez José Luis Calama ha acordado citar como investigado al expresidente del Gobierno el próximo 2 de junio como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado le imputa los presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha realizado registros en varias empresas a petición del juez.
Calama considera que la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». A través de un vídeo, el expresidente del Gobierno ha replicado que jamás ha realizado gestiones para el rescate de Plus Ultra y que toda su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad».
En el auto, de 85 páginas, el magistrado señala que la investigación constata la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». Calama sostiene que el expresidente incluso habría dado instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái (Emiratos Árabes) y que este y su entorno habrían cobrado casi dos millones de euros en comisiones.