El auto de Zapatero deja a Sumar en 'shock' y sin directrices: «No sabemos qué hacer»
El grupo de Yolanda Díaz señaló a los jueces, pero tras tener más datos de la investigación quedó desorientado
Yolanda Díaz con la portavoz de Sumar, Verónica Barbero. | EP
Dudas, preocupación y falta de directrices. Sumar observa con enorme «nerviosismo» y con cierto caos interno la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La noticia de la investigación de la Audiencia Nacional que afecta al expresidente socialista, imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, ha dejado a los socios de Pedro Sánchez fuera de juego. Los portavoces del grupo parlamentario de Sumar apuntaban a un posible caso de lawfare, es decir, de ataque judicial a la política para condicionar el futuro del Ejecutivo. Pero esta versión quedó algo matizada cuando se empezaron a conocer más datos de la investigación, a partir de la tarde del martes. «No sabemos qué hacer», deslizan algunos desde la coalición, mientras que otros se refugian en el «prudencia y esperar», subrayando que las formaciones del grupo parlamentario «respetan los procesos judiciales».
El juez José Luis Calama acordó el martes citar como investigado a Zapatero como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional efectuó registros en varias empresas a petición del juez, entre ellas la sociedad administrada por las hijas del exlíder socialista, Inteligencia Prospectiva SL, controlada por dos empresarios venezolanos vinculados al sector de la minería e hidrocarburos, y Análisis Relevantes, que el juez describe como una empresa pantalla para los negocios del expresidente. Los agentes también entraron en el despacho del expresidente. El juez sospecha que Zapatero cobró al menos dos millones de euros en comisiones de dudosa legalidad.
La gravedad de la investigación ha dejado a los socios de Sánchez literalmente en shock. Así lo trasladan fuentes internas de la coalición, que transmiten una falta de directrices reales por parte de los principales dirigentes y ministros adjuntos al grupo. La investigación sobre Zapatero sorprende a Sumar en un momento de enorme fragilidad. El pasado domingo, su lista obtuvo un resultado muy por debajo de las expectativas en las autonómicas de Andalucía. Y su líder, Yolanda Díaz, ha perdido la legitimidad interna como para hablar en nombre de los demás. Prueba de ello, y también del caos interno, es que la propia vicepresidenta ha preferido guardar silencio. Los demás ministros también han apostado por no hacer declaraciones.
Sin mención explícita al ‘lawfare’
Así, mientras que a primeras horas de la mañana algunos de los portavoces de Sumar manifestaban sus «dudas» sobre el proceso judicial, aunque sin señalar de forma directa una injerencia judicial para romper el Ejecutivo, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, intentó poner un cortafuego entre lo que afecta a Zapatero y la supervivencia del Gobierno. «Tal como sabemos que se están comportando últimamente sus señorías y la judicatura, podemos tener ciertas dudas», dijo para hablar de los jueces, pero sin ir más allá. Desde su propio sector sostienen que la defensa de Zapatero se está llevando a cabo «con la boca muy pequeña».
El problema, según sostienen las fuentes consultadas, es que el juez que instruye la presunta «trama» criminal (o «red», según detalla el auto de 85 páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE) no tiene en su historial argumentos a los que agarrarse para acusarle de partidismo. Y en Sumar admiten que los efectos colaterales afectan a «todo el PSOE», pero que también debilitan al Ejecutivo.
Jefe de una de las dos «tramas»
El esquema delictivo dibujado por el juez, en efecto, señala a Zapatero como el jefe de una de las dos ramas (la otra es la de José Luis Ábalos) que intercedieron supuestamente con el Ejecutivo de Sánchez para que se concedieran 53 millones de euros a Plus Ultra. Y recoge frases como la siguiente: «Zapatero dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias, situándose Julio Martínez Martínez (el amigo íntimo del expresidente) como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones».
De ahí las dudas internas sobre qué hacer con respecto a la permanencia en el Gobierno. Hay «voces» que piden romper la baraja, confirman las fuentes consultadas. Y la imputación de Zapatero, después del golpe electoral en Andalucía, estaría «reforzando» estos tipos de reflexiones y exigencias. Aunque las fuentes consultadas también admiten que el problema sigue siendo el de verse señalados como los culpables de la caída del Ejecutivo.
Con respecto a las acusaciones de lawfare, en Sumar existen fundamentalmente dos sectores. Uno que quiere seguir la estela dibujada por la reacción socialista (no tanto de los miembros del Gobierno, pero sí de sus terminales en medios y redes). Y otra que advierte de que este argumento tiene difícil cabida. Tampoco se están apuntando a la -equivocada- tesis del PSOE de enfocar el escándalo en la denuncia del grupo Manos Limpias para desacreditar la investigación. También en esto, un sector de Sumar manifiesta dudas, porque sabe que toda la causa está siendo «pilotada» por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.
Podemos reacciona con más contundencia
No hay directrices concluyentes, reconocen desde dentro del grupo de Sumar, para describir una coalición incapaz de buscar la manera de salir del embrollo. Varias fuentes transmiten el caos interno en el grupo de socios de Sánchez. Y las «dudas» respecto a qué tipo de planteamiento seguir, puesto que «no hay líder» y cada uno está haciendo un cálculo sobre qué es lo más conveniente a partir de ahora. Entre los ministros, por ejemplo, se considera que Mónica García sería la dirigente más afectada por los escándalos que sacuden el Gobierno, puesto que su intención es volver a la Comunidad de Madrid como candidata de Más Madrid a las autonómicas.
Quienes, en cambio, sí han salido con algo más de contundencia al rescate de Zapatero han sido los de Podemos. La formación de Irene Montero sostiene que «la derecha le tiene muchas ganas» a Zapatero. El partido morado y también el medio de Pablo Iglesias definen como «sorprendente» que la Audiencia Nacional haya imputado a Zapatero, pero que la justicia no haya imputado nunca a Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar. Pero ni siquiera los morados han querido hasta este momento hablar claramente de lawfare o de persecución de una magistratura politizada para dinamitar el Gobierno de Pedro Sánchez. Incluso la diputada Ione Belarra ha admitido que «es evidente que el Gobierno cada vez lo tiene más difícil para seguir gobernando».