Un plan de la exministra Belarra paraliza la construcción de 70 residencias de ancianos

El boom del negocio del ‘ladrillo geriátrico’ afronta una época de incertidumbre como consecuencia del conocido como ‘acuerdo Belarra’ de 2022, que ha frenado en seco el apetito inversor con la paralización de 70 residencias de ancianos en toda España, el 11% de las construcciones, sobre todo en la Comunidad Valenciana.

«El Gobierno aprobó un nuevo modelo de dependencia, sin el apoyo de patronales ni sindicatos y con la oposición de nueve comunidades autónomas, que obliga a las empresas a cumplir unos requisitos muy severos de transformación y que ya ha frenado en más de un 35% la inversión en un sector tan capital como el nuestro», cuenta a THE OBJECTIVE Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). En la actualidad hay 513 en construcción o en promoción.

El ‘acuerdo Belarra’, que inicialmente salió adelante con el apoyo de 10 comunidades autónomas frente al ‘no’ de las otras siete, más Ceuta y Melilla (que representaban el 71% de la población), establece que las nuevas residencias que se construyan deberán tener un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad, 90 en zonas de densidad intermedia y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas.

Además, deben contar con al menos un 65% de habitaciones individuales, un incremento de los ratios con un profesional por cada dos residentes y la reestructuración de las residencias públicas y concertadas, de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas.

En este sentido también se ha pronunciado a THE OBJECTIVE, Josune Méndez, secretaria general de la Asociación de Empresas y Servicios para la Dependencia (Aeste), que señala que «la incertidumbre generada en el sector tras el ‘acuerdo Belarra’ ha ralentizado la inversión en España para la construcción de nuevos centros residenciales de manera significativa. Esta norma, sin desarrollo aún en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, lleva a las empresas del sector a que, ante la inseguridad jurídica existente, extremen la prudencia a la hora de plantearse nuevas inversiones».

Sin memoria económica

Ambos expertos, recalcan que todo esto se ha llevado acabo sin una memoria económica que sostenga el acuerdo y sin un aumento de la financiación pública (España solo destina un 0,7% del PIB al sector de la dependencia, frente al 2,5% de Alemania o Noruega): «Consideramos que todas estas propuestas tan ambiciosas deberían ir acreditadas por una memoria económica que no se ha realizado a pesar de nuestras reiteradas solicitudes», asegura Fernández-Cid.

Como consecuencia, el nuevo modelo del Gobierno ha provocado un «escenario de incertidumbre y desconcierto general» (solo dos comunidades autónomas han traspuesto el nuevo modelo a sus normativas, a pesar de que hubo una inyección adicional de 200 millones para aquellas comunidades que votaron a favor del ‘acuerdo Belarra’). Por ello es que la FED reclama una reunión con el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el Imserso: «El nuevo modelo nacía muerto y va a crear un escenario de incertidumbre que va a frenar las inversiones en un momento donde necesitamos crear más plazas residenciales que nunca».

Josune Méndez también urge a la «coordinación» y al diálogo «entre todos los agentes implicados para buscar soluciones», ya que en su opinión «el impacto de esta ralentización en la inversión quedará mucho más en evidencia cuando dentro de unos años disminuya notablemente la apertura de plazas residenciales nuevas».

Déficit de 76.350 plazas residenciales

Y es que, en la actualidad, el sector tiene un déficit de camas que alcanza las 76.350 plazas residenciales. Además, la generación del baby boom (los nacidos entre entre 1957 y 1977) va cumpliendo años y se estima que en el plazo de una década muchos de ellos comenzarán a precisar algún tipo de servicio de atención (en la actualidad hay más de 12 millones de boomers).

Además, España es el segundo país más longevo de Europa. Las personas mayores de 64 años ya representan un 20% de la población (más de 9,6 millones de personas) y este porcentaje podría incrementarse hasta el 24% en 2030. En este sentido, la consultora inmobiliaria internacional JLL estima que para atender la demanda prevista en 2030 el stock de camas debe crecer en, al menos, 190.000 plazas, con una inversión de 5.700 millones.

Así, España tiene una de las ratios de cobertura más bajos de Europa, con 4,1 camas por cada 100 personas mayores de 65 años. Las comunidades autónomas que muestran un mayor desequilibrio entre oferta y demanda, con ratios de cobertura por debajo del promedio nacional (entre un 1,9% y un 3,1%) son Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Por otro lado, la oferta es más amplia en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, con una tasa superior al 6%.

Falta de enfermeros

El ‘acuerdo Belarra’ también estipula el aumento de la ratio de profesionales por usuario, con un profesional por cada dos personas en las residencias de mayores. Sin embargo, lo que no contempla es la «innegable» escasez de personal de enfermería que está provocando un «verdadero» problema de sostenibilidad al sector de la dependencia.

Según el  Consejo General Enfermería, España necesita más de 95.000 enfermeros para llegar a los datos de nuestros vecinos europeos, solo 50.000 para hacer frente al envejecimiento demográfico. Ante esta situación, desde la FED proponen permitir a perfiles auxiliares realizar determinadas labores de enfermería, como ocurre en País Vasco y la creación de más plazas universitarias (entre 2021 y 2022 las plazas ofertadas suponían el 21% de la demanda de aquellos que quieren entrar a estudiar esta rama en la universidad, según el informe Foro Regulación Inteligente).

Además piden que se mejore la agilidad en los trámites de homologación de miles de profesionales extranjeros de enfermería y medicina que están en España esperando a poder ejercer y la creación de una nueva figura profesional de enfermería proveniente de Formación Profesional, tal y como sucede en Alemania.