Los médicos temen que con la lista de objetores del aborto se pueda discriminar a los sanitarios
Los facultativos apelan a la ley para que se guarde la confidencialidad de los profesionales que objetan
Mónica García, ministra de Sanidad, y Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. | EP.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que se encuentra ultimando el protocolo por el que se creará un registro de médicos objetores al aborto, tanto en ámbito de la sanidad pública como de la privada. Una medida que llegará «en los próximos días», según ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, y que esperan con cautela desde los diferentes colegios de médicos. Mientras que desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) rechazan tajantemente este listado, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se muestran más cautos y apelan a la ley para garantizar todo derecho objetor de los médicos preservando su confidencialidad.
Este protocolo establecerá las bases para que las comunidades desarrollen sus registros de objetores que marca la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y que hasta ahora solo cinco comunidades han llevado a cabo. Su aplicación, ha dicho la ministra, «garantizará el cumplimiento de la ley y establecerá las bases para que las comunidades autónomas desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada en todo el territorio, asegurando que no haya lugar para excusas o vacíos legales».
Sin embargo, los médicos de Madrid no aprueban este listado y reciben con «preocupación» la noticia, ya que, en palabras de su presidente, Manuel Martínez-Sellés, «esta lista negra se puede usar para discriminar a aquellos profesionales que se han acogido a la objeción de conciencia a la hora de ser contratado». Para el doctor Martínez-Sellés, «el médico debe estar al servicio de preservar la vida en cualquiera de sus estadios»; por lo tanto, «cualquier profesional que se quiera acoger a su derecho a la objeción de conciencia no debería de ser discriminado por este motivo».
Preservar la confidencialidad
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el órgano que agrupa y representa a todos los colegios de médicos a nivel estatal, se muestran más cautos. Su presidente de deontología, el doctor José María Domínguez Roldán, señala que «si se respeta la ley, estas listas servirán para garantizar el derecho constitucional al aborto» dentro de la cartera de servicios.
Para Domínguez, este registro servirá para reorganizar la asistencia de los centros y asegurar así el aborto dentro de un sistema sanitario equitativo. No obstante, el presidente de deontología del colegio de médicos insiste en que se debe preservar la confidencialidad de estos profesionales, como establece la ley, para que no se produzca ningún tipo de discriminación por este motivo. Así, hace hincapié en dos puntos principales atendiendo al código de la deontología: «En primer lugar, el médico tiene derecho a la objeción de conciencia; y, en segundo lugar, el médico objetor debe notificar al prestado del servicio su calidad de objetor registrado»
«La ley deja claro el pleno respeto del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario preservando su confidencialidad, si alguien no respeta esto, estará incumpliendo la ley», aclara el médico. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en un tuit que «el registro de objetores de conciencia será confidencial y permitirá que puedan ejercer su derecho sin menoscabar el derecho al aborto».
Una afirmación que cuestionan desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. «¿Cuál es el fin de tener estas listas? La única finalidad posible es que se vayan a utilizar para discriminar a objetores de no objetores a la hora de contratar a estos especialistas; de lo contrario, no tiene sentido realizar una lista», afirma el portavoz de los médicos madrileños, que pone un ejemplo: «Si en la pública quieren contratar a un ginecólogo no objetor, se va a discriminar al que es objetor y no se le contratará, en contra del código deontológico médico, que dice que es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido».
Solo dos de cada diez abortos se producen en la sanidad pública
Este anuncio llega tras los últimos datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo en España que muestran que solo dos de cada diez abortos que se realizan en nuestro país tienen lugar en la sanidad pública. Según datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad, el 81,45% de los abortos se practicaron en centros privados.
En 2023, España registró 103.097 abortos en 2023, un 4,8% más que el año anterior. Por comunidades autónomas, Cataluña presenta la tasa de abortos más elevada, con 14,92 por cada 1.000 mujeres, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid, con una tasa de 13,92. En cambio, Aragón registra la tasa más baja, con 8,4 por cada 1.000 mujeres.
