Mónica García se niega a dar el nombre de sus 27 asesores designados a dedo
Varias resoluciones de Transparencia obligan a las administraciones a identificar a las personas que ocupan estos cargos
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.
El Ministerio de Sanidad se niega a facilitar el nombre de los asesores que forman parte del gabinete que dirige Mónica García, así como a precisar expresamente su sueldo. Así se desprende de una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en la que el departamento de García rehúsa a identificar a estos cargos de confianza sin dar ningún tipo de explicación.
En la documentación entregada al organismo, firmada por la subsecretaria de Sanidad, Ana Sánchez Hernández, el ministerio se limita a facilitar un enlace con dirección a la relación de puestos de trabajo de esta administración, sin dar respuesta a la información solicitada, que reclama el nombre y sueldo de los asesores del departamento. Según el documento público, el Ministerio de Sanidad cuenta con 29 puestos de asesores nivel 30, el de mayor rango, de los cuales, 27 estarían ocupados. De estos, ocho son de carácter eventual, es decir, la duración de su puesto está vinculada a la dirección del cargo que le designó.
Este mismo lunes 30 de septiembre, el BOE publicaba dos convocatorias para las dos vacantes de asesores. En concreto, el ministerio busca dos vocales asesores de la Subsecretaría de Sanidad del Gabinete Técnico por el sistema de libre designación. Según se desprende del Boletín Oficial del Estado, estas vacantes solo podrá ser solicitadas por funcionarios que deberán presentar títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados tanto en la Administración pública como en la empresa privada y estudios y cursos realizados. No se requiere ningún mérito específico.
Héctor Tejero, asesor de gabinete del Ministerio de Sanidad
Mónica García se niega a facilitar la identidad de este personal y a precisar expresamente su sueldo, mientras otros departamentos, como el de Agricultura, Ciencia, Cultura, Igualdad, Industria, Transportes y Vivienda sí lo han hecho tras una petición realizada mediante el Portal de Transparencia. No obstante, durante el año que lleva al frente de esta administración, sí se ha conocido el nombre de alguno de ellos, como el de Héctor Tejero, diputado de Más Madrid que dejaba el pasado enero su acta en la Asamblea de la Comunidad de Madrid –donde desde 2019 era portavoz de energía, cambio climático y digitalización, para desembarcar en Sanidad como asesor de salud y cambio climático.
Tejero es bioinformático y doctor en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Dio el salto a la política institucional en 2019, de la mano de Íñigo Errejón, con quien fue de número cinco de la lista para las autonómicas y número cuatro en las generales de aquel año, en las que no consiguió escaño en el Congreso. En 2021 fue en el puesto 10 y, en 2023, en el 15, en las madrileñas. También es coautor del libro Qué hacer en caso de incendio en el que propone sustituir las comunidades por «biorregiones ecosocialistas».
Resoluciones de Transparencia
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha dictado varias resoluciones en relación con esta tendencia de algunos ministerios a ocultar el nombre de sus asesores. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy publicó por primera vez los nombres de todo su personal eventual. Fue también la última: ningún Gobierno tuvo la iniciativa de dar sus nombres, solo accesibles gracias a solicitudes de información pública, informó Civio.
Según Transparencia, «prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal» en aquellos casos «en los que un puesto se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad». Y agrega, con especial mención a los niveles 28, 29 y 30 de libre asignación, que el interés de los ciudadanos por conocer esta información «conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los dato de carácter personal».
