Madrid pagó 11 millones más por la compra de batas en pandemia al burlar el contrato de Illa
El Servicio Madrileño de Salud incumplió el procedimiento de contratación del acuerdo marco
Un sanitario se pone una bata. | EP
De los fondos previstos para el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros puesto en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 para centralizar las compras de material sanitario por parte de comunidades autónomas y ministerios, apenas se licitaron un 6%. Muchas regiones, en ese periodo de tiempo, fueron abastecidas directamente por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) con material que había sido adquirido mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- antes de la entrada en vigor del megacontrato público. Otras, como adelantó THE OBJECTIVE en exclusiva este miércoles, bordearon directamente el acuerdo marco para no hacer uso de él, haciendo compras a empresas que no formaban parte del convenio. Y otras regiones, aunque sí acudieron al acuerdo marco para adquirir material sanitario, lo hicieron, en algunos casos, incumpliendo su procedimiento de contratación.
Es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid con la compra de millones de batas quirúrgicas protección estándar (lote 1). El procedimiento de contratación, según los pliegos del acuerdo marco consultados por este medio, indica que el órgano de contratación deberá acudir, en primer lugar, a la empresa más económica para adquirir el material. En el caso de que la empresa con el importe más barato no pueda abastecer con suficiente material por falta de estocaje o cualquier otra circunstancia se deberá acudir a la siguiente licitadora más económica; y cuando circunstancias especiales en un suministro concreto hagan necesario disponer de distintos suministradores, la administración deberá comprar como mínimo el 60% a la empresa con el precio más bajo seleccionada en el acuerdo marco.
Según se desprende de los informes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) recibidos por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional–a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE– tras una demanda de una de las empresas seleccionadas en el acuerdo marco contra el Ingesa, el 25 junio de 2021, la Comunidad de Madrid compró diez millones de batas (lote 1) a la empresa Iturri (la licitadora con el precio más bajo, 1,60 la unidad sin IVA), por un importe total de 16 millones de euros. Sin embargo, 15 días antes (10 de junio de 2021) había adquirido 20 millones de mascarillas por 50 millones de euros a la empresa Garric Medica (2,5 euros la unidad sin IVA).
Garric Medica era la tercera empresa que ofrecía el precio más económico para el lote 1 (bata quirúrgica no estéril, desechable, prestación estándar). La licitadora Kaelis era la segunda con el precio más barato por este tipo de bata (1,94 sin IVA), sin embargo, según se desprende de los informes, no se acudió a ella ni se le hizo ninguna compra mediante el acuerdo marco. Una situación que contraviene lo estipulado en el megacontrato público, en el que se determina que nunca podrían haber comprado a Garric sin adjudicar primero unidades a Kaelis. Como consecuencia, la Comunidad de Madrid pagó un sobrecoste de 11.200.000 euros por la adquisición de 20 millones de batas. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero hasta el momento de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.
El caso de Canarias y La Rioja
El caso de Canarias es más sonrojante aún. Como contó este medio en exclusiva el miércoles, el Ejecutivo canario, por entonces capitaneado por el actual ministro Ángel Víctor Torres, esquivó el megacontrato de Illa para comprar miles de batas y mascarillas a través de otros procesos de contratación a precios desorbitados.
Según el texto, firmado por el actual director general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Sebastián Fuentes Tarajano, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 «no se adjudicó ningún contrato basado en el Acuerdo Marco 2020/070 de suministro de material sanitario para hacer frente al Covid-19 tramitado por el Ingesa y al que estaba adherido el Servicio Canario de la Salud». Sin embargo, durante el periodo indicado, sí que fueron adjudicados varios contratos de suministros «a través de otros procedimientos de contratación».
Uno de esos contratos fue la compra de un millón de mascarillas a Tanoja Services por un importe de 880.000 euros, esto es, a 0,88 euros la unidad, un precio 20 veces superior al que ofrecían otras empresas licitadoras dentro del acuerdo marco. Otro procedimiento de contratación al que acudió el Gobierno de Torres sorteando el megacontrato público fue la compra de 98.240 batas a la empresa Titerro Internacional por un importe total de 442.080 euros (4,5 euros la unidad), tres veces más que el que ofrecían otras empresas licitadoras. Tanto Tanoja Services como Titerro Internacional están siendo investigadas en la actualidad por la Fiscalía Europea por presuntas irregularidades en los precios del material sanitario.
En el caso de La Rioja, su servicio de salud (SERIS) manifiesta que «no adjudicó ningún contrato basado en el Acuerdo Marco de referencia» ni tampoco «por fuera» del Acuerdo Marco desde la formalización del mismo hasta la fecha de su terminación, ya que todas las mascarillas quirúrgicas fueron suministradas «directa y periódicamente por el Ingesa, sin cargo».
