Primer juicio contra la Administración en España por los efectos de la vacuna de AstraZeneca

Un damnificado por la vacuna de AstraZeneca contra la covid ha conseguido llevar a la Administración a juicio y reclama que se reconozca su situación como contingencia laboral o enfermedad profesional. Se trata de un profesor de Física y Química de una escuela pública de Barcelona que, como trabajador esencial, le tocó ponerse AstraZeneca, pese a que por edad no le correspondía. Es el primer juicio de estas características en España y tendrá lugar el próximo día 17 de marzo en el Juzgado de lo Social 31 de Barcelona. La demanda ha sido interpuesta contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Mutua Asepeyo y el Departamento de Educación de la Generalitat.

Pedro García es el demandante. Según relata a THE OBJECTIVE, el 24 de febrero de 2021 se vacunó con AstraZeneca como docente del Institut Infanta Isabel d’Aragó en Barcelona. Unas semanas más tarde presentó dolor abdominal y comenzó a sangrar por la boca. Fue ingresado en la UCI del Hospital del Mar el 17 de marzo de 2021. Allí pasó una semana con un trombo de pulmón, otro en la vena porta y una bajada de plaquetas muy pronunciada. El propio centro hospitalario, según cuenta el afectado, notificó a farmacovigilancia la sospecha de efecto adverso por la vacuna. Finalmente, el diagnóstico fue una trombocitopenia inmune trombótica inducida por vacuna (VITT).

El 28 de febrero de 2022, este hombre compareció en la Comisión de la Vacuna del Congreso como afectado. En 2023, hizo lo propio en la Fiscalía de Salud Laboral. Sin embargo, el Estado exculpa a la Administración de cualquier responsabilidad, ya que las inyecciones, justifica, fueron voluntarias. «Me vacuné tal y como nos pedía el Estado como trabajador esencial para dar ejemplo a alumnos y familias y asegurar la escolaridad presencial. Las indicaciones de cómo vacunarnos nos llegaron por correo electrónico de la directora del instituto que nos enviaba la información a petición de la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad», explica Pedro García, que agrega: «El Estado nos asignó esta vacuna por nuestra profesión y ahora se desentiende. Justo cuatro años después de ingresar en la UCI, otro 17 de marzo, la Justicia abre la puerta al reconocimiento y reparación».

Profesionales esenciales, vacunados con AstraZeneca

Los colectivos profesionales considerados esenciales (como profesores, sanitarios, veterinarios o policías) se vacunaron masivamente a partir del 15 de febrero de 2021 y fueron de los grupos poblacionales convocados más tempranamente con el argumento de que tenían mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas. Las empresas, según cuentan los propios afectados, ya les proporcionaban el día y lugar donde recibirían la vacuna. La dosis, AstraZeneca. No había elección.

En plena campaña de vacunación con AstraZeneca, esta se paralizó durante 15 días –desde el 15 de marzo hasta comienzos de abril– debido a los efectos secundarios de la vacuna y la muerte de una docente de 42 años días después de la inoculación de esta. La vacunación con AstraZeneca se reanudó para los trabajadores esenciales «negando la gravedad» de los efectos secundarios y el «preocupante» alcance de los mismos. Sin embargo, finalmente, el pasado mayo de 2024, la Comisión Europea suspendió la comercialización de la vacuna covid de AstraZeneca tras admitir el laboratorio por primera vez que «puede, en casos muy raros, causar TTS [síndrome de trombosis con trombocitopenia]». No obstante, AstraZeneca apuntó que la retirada no se debió a los efectos de la inyección, sino a cuestiones de «comercialización».

Nexo de causalidad

Cuatro años después de la vacunación, muchos de estos trabajadores continúan con efectos secundarios como mareos, incontinencias urinarias, miocarditis, ahogos, parálisis, pérdida de fuerza en manos, brazos, piernas y tronco, fuertes dolores de espalda o migrañas. Otros sufren trombosis, neuritis o incluso esclerosis múltiple. Francesc Feliu, el abogado que representa a Pedro García en su causa contra la Administración, explica a THE OBJECTIVE que para reclamar es necesario que se acredite un nexo de causalidad entre la inoculación de la vacuna y el daño.

«En el caso de Pedro, lo tenemos acreditado porque la Agencia Española de Medicamento ha dicho que hay una relación de causalidad. Hay un vínculo entre vacuna y la patología de Pedro. Con ese vínculo pedimos a la Seguridad Social que reconozca esa relación de causalidad porque se pidió, especialmente a los profesores, que dieran ejemplo. Además, debían vacunarse con AstraZeneca, no podían escoger, por ejemplo, Pfizer o Moderna. Entonces, con base en esa petición del Estado que, por activa y pasiva, pidió al sector educativo dar ejemplo y proteger a los más débiles, nosotros entendemos que hay un mandato y que la patología de Pedro debe ser reconocida como contingencia laboral», señala el letrado, que indica que tiene interpuestas otras 20 demandas por la misma causa.

«Cuando el Estado no está, solo nos queda la Justicia», concluye Pedro García, que también forma parte de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca (Ateava) –aunque la demanda es a título personal– Además, García hace hincapié en que no es antivacunas ni negacionista: «Prueba de ello es que me vacuné para garantizar la educación presencial y proteger a los demás».