Cataluña, a la cola de las regiones a la hora de evaluar el grado de discapacidad
La Generalitat emplea más de un año en resolver estos expedientes para que las personas puedan acceder a las ayudas
La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. | EP
Colapso en Cataluña en la lista de espera para evaluar la discapacidad. La Generalitat tarda más de un año en resolver estos expedientes que tienen como objetivo garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, en igualdad de condiciones, a los beneficios, derechos económicos y servicios que ofrecen los organismos públicos. En concreto, la comunidad de Salvador Illa tarda 16,6 meses de media (aproximadamente 500 días) en dar respuesta, un tiempo que supera con creces los plazos fijados en la ley que regula estos procedimientos, que establece en 180 días de espera el plazo máximo que debe transcurrir desde que se solicita la certificación del grado, o bien la revisión del mismo, hasta que se resuelve.
De esta forma, el Govern de Cataluña triplica el tiempo de espera establecido, de forma que sus ciudadanos deben esperar hasta tres veces más para poder acceder ayudas, jubilaciones o a servicios destinados al colectivo. Así se desprende de la respuesta parlamentaria a una pregunta del Partido Popular a la que ha accedido THE OBJECTIVE. «En este momento, la lista de espera para las valoraciones de discapacidad es de 16,6 meses de media en Cataluña (aproximadamente 500 días). La reducción del tiempo de espera para la valoración y reconocimiento de la situación de discapacidad es una prioridad del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, y por eso se están haciendo algunas actuaciones de mejora y otras se están estudiando para su implantación a corto y medio plazo», dice el texto, firmado por Mònica Martínez, Consejera de Derechos Sociales e Inclusión.
En cuanto a la distribución por comarcas del tiempo de espera actual para el reconocimiento del grado de discapacidad, los tiempos son bastante dispares. Así, mientras una persona de la comarca del Alto Campo (Tarragona) o del Tarragonès (Tarragona) esperan unos seis meses en recibir valoración; otra del Alto Panadés (Barcelona), el Barcelonés (Barcelona) o la Segarra (Lérida) superan los 20 meses. En la comarca del Vallés Occidental rozan los 30 meses (29), esto es, dos años y medio de espera. Un incumplimiento de los plazos clamoroso que implica no tener acceso a beneficios concretos.
Las valoraciones de las personas con discapacidad se hacen en los centros de valoración y orientación que dependen de la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión, dirigida desde agosto del año pasado Mònica Martínez. Su antecesor fue Carles Campuzano, consejero entre octubre de 2022 y agosto de 2024 con el gobierno de Pere Aragonès. Cataluña dispone de nueve centros de atención a las personas con discapacidad en los que sus equipos efectúan la valoración de las situaciones y la calificación de su grado, así como, en su caso, la revisión por intensificación o atenuación o error material o de hecho. Un certificado de discapacidad que sea menor del 33% no conlleva ninguna prestación económica, ni tampoco beneficios fiscales o sociales.
Falta de digitalización
Ante esta situación, Martínez presentó en diciembre de 2024 un paquete de medidas para mejorar la gestión del proceso de reconocimiento de la dependencia y la discapacidad y reducir su tiempo de espera. Y es que al tiempo de espera en evaluar el grado de discapacidad hay que sumar el que tienen que aguardar para que se les reconozca que presentan un 33% o más de discapacidad y poder acceder así a una ayuda o servicio subvencionado, como residencias o centros de día. En este aspecto Cataluña es la comunidad que presenta peores resultados, con 133.865 personas con discapacidad en la lista de espera de las ayudas a la dependencia. Cada día mueren 38 catalanes esperando este tipo de ayudas. En 2023, fue la región que registró más casos de personas que habían fallecido antes de recibir una resolución o una ayuda (12.280).
El plan de la Generalitat anunciado hace apenas dos meses tiene una dotación de 2,3 millones de euros y pone el acento en simplificar y digitalizar procesos y mejorar las condiciones de los equipos profesionales. Y es que, según la propia Consejería, el principal problema es la falta de digitalización y de integración digital, ya que aseguran que un 80% de solicitudes se hacen en papel. Otra problemática detectada es que un 28% de las solicitudes de dependencia terminan sin grado reconocido debido «a las dificultades para encontrar profesionales para los equipos valoradores». En este sentido, se han comprometido a contratar a unos 50 profesionales más.
Desde el departamento de Mònica Martínez señalan que tanto el número de solicitudes de valoración de dependencia como las de discapacidad van en aumento. En cuanto a la dependencia, la cifra casi se ha duplicado en la última década al pasar de 65.000 en 2014 a más de 120.000 en 2023, es decir, un aumento del 86%. En cuanto a la discapacidad, el número total de solicitudes de valoración anual ha pasado de 80.000 en 2014 a casi 150.000 en 2023. Se trata de un aumento de un 85%.
La diputada del PP en el Parlament, Montserrat Berenguer, que ha formulado la pregunta al Ejecutivo, lamenta esta situación en la que se encuentran tantas personas en Cataluña: «Pedimos más centros de atención a personas con discapacidad en Cataluña para acabar con estas largas esperas: más equipos, profesionales, recursos de todo tipo. No solo digitalizando procesos, porque sin más equipos poca cosa haremos, en especial en las zonas que superan los dos años de espera»
