El CIS evidencia que la gestión de Sanidad empuja a Ceuta y Melilla fuera del sistema público
Los datos del Barómetro Sanitario que se desvía a la población hacia la sanidad privada y fuera del territorio
El Hospital Comarcal de Melilla, en Melilla (España), en 2020. | ÓSCAR GIMÉNEZ / Europa Press / ContactoPhoto
La tercera oleada del Barómetro Sanitario del CIS pone de manifiesto un patrón de alejamiento del sistema sanitario público en Ceuta y Melilla, no como una preferencia ideológica, sino como consecuencia de las limitaciones estructurales del modelo de gestión dependiente del Ministerio de Sanidad.
En conjunto, los datos del CIS muestran que el modelo sanitario gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla -a través de INGESA- no garantiza una capacidad de respuesta equiparable a la de buena parte del resto de territorios que cuentan con gestión autonómica de la sanidad, lo que está empujando a la población de ambas ciudades autónomas hacia la sanidad privada o al desplazamiento fuera del territorio como vías de escape ante la escasez de especialistas y las prolongadas listas de espera. Este fenómeno no es nuevo y se refleja, entre otros aspectos, en la derivación habitual de pacientes a otras comunidades, especialmente a Andalucía.
En una de sus preguntas dirigidas a la población general, el CIS plantea un escenario hipotético en el que los ciudadanos indican a qué tipo de centro acudirían si necesitaran atención sanitaria. Las respuestas sitúan a Ceuta y Melilla como los territorios con menor confianza en la capacidad del sistema público para absorber la demanda asistencial.
En el caso de la atención primaria —médico de cabecera o pediatra—, mientras el 68,8% de la población en España recurriría al sistema público, este porcentaje desciende al 45% en Ceuta y se reduce aún más en Melilla, hasta el 34,2%. En esta última, casi dos de cada tres ciudadanos recurrirían a la sanidad privada incluso para el primer nivel asistencial, lo que evidencia una pérdida de confianza en el pilar básico del sistema público.
El impacto de la mala gestión resulta aún más acusado en el acceso a especialistas, uno de los principales cuellos de botella del sistema sanitario. Frente a una media nacional del 58,2% de preferencia por el sistema público, solo el 33,8% de los ciudadanos de Ceuta acudiría a la sanidad pública. En Melilla, el porcentaje cae hasta un 10,8%, mientras que el 88% recurriría a la sanidad privada, el registro más elevado de todo el Sistema Nacional de Salud.
La desconfianza se extiende también a los ingresos hospitalarios. A nivel nacional, el 73,4% de los ciudadanos acudiría a un hospital público, frente al 52,2% en Ceuta y el 54,5% en Melilla, donde la preferencia por la sanidad privada se aproxima al equilibrio con el sistema público.
Incluso en el ámbito de las urgencias, donde el sistema público suele ser claramente mayoritario, Ceuta presenta el peor registro del país, con solo un 46,2% de preferencia por los servicios públicos, frente a una media nacional del 70,3%. Melilla ocupa el segundo peor lugar, con un 55,3%.
En conjunto, los datos del CIS muestran que el modelo sanitario gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla -a través de INGESA- no garantiza una capacidad de respuesta equiparable a la de buena parte del resto de territorios que cuentan con gestión autonómica de la sanidad, lo que está empujando a la población de ambas ciudades autónomas hacia la sanidad privada o al desplazamiento fuera del territorio como vías de escape ante la escasez de especialistas y las prolongadas listas de espera. Este fenómeno no es nuevo y se refleja, entre otros aspectos, en la derivación habitual de pacientes a otras comunidades, especialmente a Andalucía.
Más allá de las preferencias declaradas en el Barómetro Sanitario, Ceuta y Melilla arrastran deficiencias estructurales persistentes. La falta de profesionales sanitarios, el elevado volumen de derivaciones, las carencias en infraestructuras y los discretos resultados en indicadores de salud y prevención evidencian las limitaciones de un modelo de gestión centralizado que no está logrando garantizar una atención sanitaria adecuada.
Estas carencias se traducen en mayores tiempos de espera, dificultades de acceso a la atención especializada y un creciente nivel de insatisfacción por parte de la población, al ver comprometida una necesidad básica. En este contexto, los datos apuntan a que el problema no reside en el grado de descentralización del sistema, sino en ineficiencias en la gestión y en la falta de incentivos adecuados para cubrir necesidades asistenciales clave.