Sebastián Trapote defiende que la Policía actuó el 1-O tras confirmar la "inacción" de los Mossos
Sebastián Trapote fue jefe superior de Policía de Cataluña durante el 1-O
El juicio del procés se ha reanudado este jueves en el Tribunal Supremo con la testifical de los que fueran jefes de la Policía Nacional, Sebastián Trapote, y la Guardia Civil, Ángel Gozalo, en Cataluña durante el 1-O, así como de dos históricos comisarios de los Mossos d’Esquadra que dirigieron las áreas de Información y de Planificación. El primero en testificar ha sido Trapote, actualmente jubilado, que ha defendido la actuación policial durante la jornada del 1 de octubre de 2017 ante la inactividad de los Mossos. «Josep Lluís Trapero no admitía que Interior coordinara el operativo». Trapero declarará el próximo 14 de marzo, según el calendario cerrado ya por el tribunal.
Este miércoles declaro la secretaria judicial Montserrat del Toro, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía el 20-S, y que pidió que no se mostrara su rostro durante su testimonio. La secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ya ha presentado una denuncia ante los juzgados de guardia por los mensajes amenazadores publicados en las redes sociales tras su declaración de ayer. La denuncia se suma a las diligencias que la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto este jueves, a raíz de los supuestos mensajes amenazadores, por los delitos de obstrucción a la justicia, revelación de secretos e injurias a funcionario público. No obstante, Tras tener constancia de la denuncia de la letrada, la Fiscalía ha archivado sus diligencias, dado que la ley establece que el ministerio público debe abstenerse de investigar aquellos casos que estén judicializados.
La fiscal Consuelo Madrigal ha abierto la sesión de este jueves preguntando a Trapote por un informe sobre la actuación policial durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. «Se recogían todas las actuaciones en las cuatro provincias», ha dicho Trapote, que ha explicado las reuniones en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, a la que acudieron los jefes de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra (Josep Lluís Trapero), Guardia Civil (Ángel Gozalo) y él mismo. «El fiscal nos dio instrucciones sobre las competencias de distintos cuerpos. Se trataba de que conociéramos nuestras funciones por los acontecimientos ocurridos en Cataluña».
Trapote: «Trapero no admitía que Interior coordinara el operativo del 1-O»
Fue en la tercera reunión que mantuvieron, el 21 de septiembre, cuando el fiscal les notificó que se nombraba a un coordinador operativo de los cuerpos de seguridad. Se trataba del coronel del Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Trapote ha asegurado que el entonces mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, «no admitía que un responsable del Ministerio del Interior fuera el responsable del operativo».
La Fiscalía también ha preguntado sobre las reuniones de coordinación una vez que Pérez de los Cobos ya era coordinador de las fuerzas de seguridad. «A ellas no acudió Trapero», solo el segundo de los Mossos, Ferrán López, según ha explicado Trapote, que ha revelado que los días previos al 1-O sintió «mucha preocupación» porque «éramos conscientes de que ese día iba a ser muy complicado». Durante esa jornada, Trapote ha alabado la «colaboración» del número dos de los Mossos, Ferran López, pero ha afirmado que no conocía el dispositivo preparado por los Mossos. «No tuve acceso a ningún dispositivo de los Mossos».
Trapote: «Sabíamos que el 1-O iba a ser complicado»
Durante el 1-O, Trapote ha explicado que había dos planes: el A y el B. El primero era apoyar a los Mossos, pero finalmente se puso en marcha el plan B ante la actitud de los Mossos «y actuamos nosotros». Trapote ha relatado que llamó al coordinador, Pérez de los Cobos, y este, tras hablar con el secretario de Estado, José Antonio Nieto, le informó de que había que poner en marcha el «plan B»: sustituir a los Mossos.
Trapote ha reconocido que el 1-O, en los centros de votación había niños, pero ha defendido que «la mayoría eran ciudadanos cuya agresividad hacia las fuerzas de seguridad era de una alta virulencia», y que estaban «perfectamente organizados». La Policía actuó tras confirmar que «la policía autonómica estaba inactiva», ha explicado Trapote a la abogada del Estado Rosa Seoane.
El abogado de Vox Javier Ortega-Smith ha preguntado a Trapote por el grado de «organización» de los ciudadanos concentrados en los colegios electorales. Trapote ha detallado que, en las cuatro provincia, resultaron heridos 65 policías, pero que ninguno tuvo que ser hospitalizado.
Trapote ha asegurado que hubo Mossos controlando los movimientos de los policías, y que se produjo algún «enfrentamiento puntual» entre Mossos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. En este contexto, ha señalado que el operativo de los Mossos estaba enfocado a «garantizar la seguridad colectiva», y ha calificado su actuación como «pasiva» más que «obstructiva».
Xavier Melero, el abogado de Joaquim Forn, ha cuestionado a Trapote sobre el plan de los Mossos para el 1-0. «Nosotros no le íbamos a decir al major qué plan debía presentar», ha dicho Trapote, que ha insistido que desconoce que plan finalmente planteó y presentó el exjefe de la policía autonómica. «Nunca tuve conocimiento del plan». En cuanto a si los diferentes cuerpos policiales compartían los informes de inteligencia, Trapero ha explicado que ellos no pasaban los informes a la policía autonómica pero que sí intercambiaban la información que estaba en los informes.
Andreu Van den Eynde ha preguntado a Trapote sobre si la Policía vigilaba a los Mossos, algo que el excomisario de Policía ha negado, ya que según él, el objetivo no era ese, era recabar información sobre la situación en los colegios.
El que fuera jefe de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O ha reconocido ante Jordi Pina, letrado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, que en alguno de los hoteles donde se concentraron los agente de Policía hubo concentraciones a favor de las fuerzas policiales. «Algún representante del PP fletó un autobús con personas afines a para dar apoyo a los agentes en aquellos hoteles que estaban siendo objetos de hostigamiento por parte de ciudadanos de grupos independentistas o radicales».
Trapote: «La Policía no se dedica a golpear de manera gratuita»
Ante la pregunta de Pina sobre si ha presenciado que hubiera agentes que golpearon con la porra o con las manos y pies a ciudadanos sentados de forma pacífica, Trapote ha asegurado que no le consta. «Afortunadamente vivimos en un estado democrático en el que si un ciudadano considera que sus derechos han sido vulnerados puede presentar la correspondiente denuncia». Tras un breve receso de 30 minutos, Trapeto ha sido interrogado por Mariano Bergés, abogado de la exconsellera Dolors Bassa, que le ha preguntado sobre el uso de la violencia policial durante el 1-O. Trapote ha vuelto a defender la actuación policial. «Se usó la fuerza cuando no había más remedio y solo para entrar y salir de los colegios», ha incidido.«El uso de la fuerza se hizo de manera congruente, racional y proporcional».
Àlex Solà,uno de los tres abogado de Cuixart, ha querido saber quién decidía cada una de las actuaciones policiales. «Los jefes de grupo de cada unidad tienen la facultad y la libertad para actuar en el colegio que estimaran oportuno», ha aclarado Trapote, al que también se ha preguntado sobre por qué no se han aportado todas las grabaciones realizadas por los policías antidisturbios. El excomisario de Policía ha asegurado que las imágenes están a disposición de la autoridad judicial para usarlas en cualquier momento.
Tras casi tres horas y media de declaración, el siguiente en declarar ha sido el teniente general y exjefe de la Guardia Civil en Cataluña durante el 1-O, Ángel Gozalo, que ha respondido en primer lugar a las preguntas de la fiscalía, y al igual que su antecesor en el juicio, ha criticado al plan de los Mossos, que no vio en ningún momento, porque era acorde con «una celebración convencional de elecciones», pero no con un referéndum «ilícito» que había que impedir.
Gozalo: «Había sombras de duda sobre la actuación de los Mossos»
Gozalo ha insistido en que, tanto el 19 como el 20 de septiembre, hubo ya «sombras de duda» sobre la actuación de los Mossos, preocupantes en su opinión porque se producían pocos días antes de la jornada del referéndum. En este sentido, Gozalo ha relatado que en uno de los registros de Unipost, en Terrassa, el 19 de septiembre de 2017, se pidió la ayuda delos Mossos, que tardaron en llegar 40 minutos. Gozalo ha definido la actitud de los Mossos de «pasividad» en el mayor de los casos, en otros, «puntuales», incluso resistencia.
Gozalo sobre la pasividad de los Mossos «fue una constante el 1-O»
El teniente general ha afirmado que la Guardia Civil realizó 71 intervenciones el 1-O y que 55 guardias fueron afectados por contusiones y lesiones. y cinco de ellos «necesitaron atención médica» y «causaron baja». Asimismo, ha admitido que algunas intervenciones se tuvieron que abortar por las complicaciones para la seguridad. «Se le tenía ganas a la Guardia Civil» porque había participado en los registros y la incautación de material del referéndum.
El Supremo avala el 155 ante «la gravedad extraordinaria» de lo ocurrido
Este jueves, coincidiendo con la celebración del juicio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de 20 miembros del Parlamento de Cataluña la pasada legislatura contra la aplicación del artículo 155 en una sentencia en la que ha afirmado: «La gravedad extraordinaria de lo sucedido no parece necesitar de más explicación».
La sentencia de la Sala de lo Contencioso, a la que ha tenido acceso la agencia Efe y de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico, rechaza el recurso contra el Real Decreto por el que el Ejecutivo cesó al Govern y convocó elecciones tras la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Entre otras cuestiones, los recurrentes –entre los que se encuentra el actual presidente del Parlament, Roger Torrent– alegaban que el presidente del Gobierno no es la autoridad prevista en la legislación (el Estatut) para disolver el Parlament.
El Supremo expone en la sentencia que «no basta cualquier incumplimiento de la Constitución o del ordenamiento jurídico» para aplicar el 155. «Han sido numerosos los casos en que se han apreciado comportamientos inconstitucionales o ilegales y contrarios a los intereses generales por parte de las Comunidades Autónomas y, también, por parte del Estado y de las corporaciones locales».
El Supremo ha recalcado que las medidas del 155 son las útiles para «hacer frente a actuaciones contra las que no sirven las respuestas ordinarias que pueden ofrecer los órganos constitucionales en su normal funcionamiento», es decir «las imprescindibles e idóneas» para «la defensa, la salvaguardia de la propia Constitución y, en último extremo, de la soberanía del pueblo español».
