La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido que la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra siguió «exactamente los mismos trámites, el mismo procedimiento administrativo (que las demás) y cuenta con todos los informes preceptivos».
El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra presentaba su solicitud de rescate. Alegaba tener acreditado que estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social, requisito imprescindible para optar a tal ayuda. Tal y como ya publicó THE OBJECTIVE, el escaneo estatal al que fue sometido Plus Ultra destapó que tenía «riesgos fiscales» por retenciones no practicadas e impuestos diferidos pendientes de comprobación. También deudas con la Seguridad Social, cuyo aplazamiento logró tras pedir el rescate. Pero eso no impidió que se bendijera su ayuda.
Durante su intervención este miércoles en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Gualda ha explicado que el expediente de la compañía «cuenta con más de 700 documentos en su fase de instrucción, incluidos los informes de los asesores externos», según recoge EFE.
Asimismo, se ha remitido a la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que investiga si se produjo alguna irregularidad en esta concesión, y ha asegurado que el organismo está «colaborando, facilitando toda la documentación y el expediente» para que la Justicia pueda analizarlos.
Gualda ha querido aclarar que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, a través del cual se otorgó esta ayuda, no concede rescates, sino préstamos «que se devuelven», y ha insistido en que todos siguen «un proceso muy exhaustivo y complejo (…) extremando las garantías para asegurar el reembolso» del dinero.
Sí que ha reconocido que la normativa del fondo «contempla que las operaciones tienen un carácter reservado», de cara a proteger a las solicitantes de los problemas que podrían tener si salieran a la luz detalles de sus planes de viabilidad. No obstante, ha dicho, tanto la Intervención General del Estado, como el Tribunal de Cuentas y los órganos judiciales «tienen todo el acceso a la documentación».
Casi 1.350 millones a siete empresas
A preguntas de los distintos grupos, la presidenta de la SEPI ha relatado la marcha de este fondo, habilitado por el Gobierno el 3 de julio de 2020 para dar respaldo a empresas estratégicas con dificultades financieras provocadas por la pandemia y que cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros.
Por el momento, se han concedido préstamos a siete compañías -Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra, Avoris, Tubos Reunidos, Rugui Steel y, recientemente Hotusa- por un importe agregado de 1.347 millones de euros.
Además, la SEPI ha recibido 69 solicitudes de apoyo temporal, aunque «algunas empresas han desistido porque han entendido que no cumplían con los requisitos», ha señalado Gualda, que ha afirmado que el organismo está «abordando el análisis del 100 %» de las peticiones «para resolverlas cuanto antes».
Otros instrumentos de apoyo
En su comparecencia, Gualda también se ha referido a otros instrumentos puestos a disposición del tejido productivo, como las líneas de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), subvencionadas por el Ministerio de Agricultura.
Mención especial ha dedicado a Sepides, la división de desarrollo industrial de la SEPI, que gestiona el fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 600 millones de euros de los Presupuestos de 2021 procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que «plantea 650 millones más para 2022».