Las actas de la SEPI demuestran que el Gobierno rescató Plus Ultra antes de estudiar los informes
Alejandro Martínez Vélez | Europa Press
El rescate de la aerolínea Plus Ultra se planeó en febrero en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sin haber inspeccionado los informes jurídicos y financieros, a los cuales tuvieron acceso un mes después, según publica Vozpópuli.
El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra presentaba su solicitud de rescate. Alegaba tener acreditado que estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social, requisito imprescindible para optar a tal ayuda. Tal y como ya publicó THE OBJECTIVE, el escaneo estatal al que fue sometido Plus Ultra destapó que tenía «riesgos fiscales» por retenciones no practicadas e impuestos diferidos pendientes de comprobación. También deudas con la Seguridad Social, cuyo aplazamiento logró tras pedir el rescate. Pero eso no impidió que se bendijera su ayuda.
Los integrantes del consejo gestor de la SEPI actuaron de conformidad para autorizar esta ayuda de fondos públicos que ahora se investiga por presunto delito de prevaricación, según los documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli y que han sido incorporados al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, a cargo de las pesquisas del denominado ‘caso Plus Ultra’.
En estos documentos se puede ver que son tres las actas que recogen cuatro reuniones celebradas entre el 9 de febrero y el 3 de marzo. Precisamente, fue en la primera reunión, liderada por el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y que contó con la presencia «como invitado» del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, cuando se declaró la constitución del consejo y se habló de la situación de Plus Ultra.
En esta primera sesión, en la que se planeó la entrega de la ayuda de 53 millones de euros, se apuntó a la «conformidad» de la operación y al carácter «estratégico de la compañía», pese a que hasta el momento solo contaban con el plan de viabilidad aportado por la aerolínea. Asimismo, el Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, mostró su conformidad con la operación de rescate al considerar que «recuperar la conectividad es esencial para recuperar el turismo», según recoge el citado documento.
No fue hasta las dos últimas reuniones cuando la SEPI contó con toda la documentación. En la tercera reunión, que se llevó a cabo los días 2 y 3 de marzo, fue cuando la SEPI autorizó formalmente el desembolso de 53 millones de euros. De este montante, 19 millones corresponden a un préstamo ordinario, mientras que los 34 restantes fueron en calidad de préstamo participativo.
«Dudas razonables» para el rescate
El informe pericial remitido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid recoge en sus conclusiones «dudas más que razonables» de que la aerolínea cumpliera con todas las condiciones para ser rescatada por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En el documento de 499 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos han explicado que existen «dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía» a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, «sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública».
En este sentido, han explicado que «Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio ‘espectro’ de alguna de las mismas, excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en ‘situación de crisis’ a la fecha de 31 de diciembre de 2019».
En el marco del informe, encargado por la juez, los peritos han hecho hincapié en dos cuestiones: la existencia de un préstamo participativo y la dotación de una serie de provisiones contables derivadas de la existencia de ciertos procedimientos judiciales. En concreto, han advertido de la existencia de un préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en fecha de 22 de diciembre de 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente «en el momento de su firma» a 6,3 millones de euros. «Hay que indicar que no consta como aportado en el expediente de SEPI copia de este contrato inicial de fecha de 22 de diciembre de 2017», han señalado.
Asimismo, han avisado de unas provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales que se siguen en los juzgados de primera instancia de Madrid: uno por el que Aquatravel y Tendencias del Sector SL reclaman 908.136 euros a Plus Ultra; y otro por el que Boliviana de Aviación exige 1,1 millones de euros a la aerolínea. En este sentido, los peritos han subrayado que estas provisiones solo figuran en las cuentas anuales de 31 de enero de 2021, aunque las contingencias ya existían en el ejercicio precedente. Han alertado, también, de la cancelación de la deuda de los «bonistas» –valorada en 8,9 millones de euros– y de la «posibilidad de existencia de situación de insolvencia».
Dichos hechos, han puntualizado, «suscitan» las «dudas más que razonables» sobre si Plus Ultra se encontraba o no en situación de crisis y así lo reflejan en el documento aportado a la juez Esperanza Collazos.
