Desmantelada una red especializada en la regularización de inmigrantes
La Guardia Civil, en el marco de la operación FLEK, ha desmantelado en Almería una red criminal especializada en la regularización de las situaciones administrativas de residencia y/o trabajo de inmigrantes no comunitarios. Centraba su actividad delictiva en la constitución de parejas de hecho fraudulentas, así como en la realización de empadronamientos también fraudulentos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), ha informado el Instituto Armado.
La Guardia Civil, en el marco de la operación FLEK, ha desmantelado en Almería una red criminal especializada en la regularización de las situaciones administrativas de residencia y/o trabajo de inmigrantes no comunitarios. Centraba su actividad delictiva en la constitución de parejas de hecho fraudulentas, así como en la realización de empadronamientos también fraudulentos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), ha informado el Instituto Armado.
En la operación se ha detenido a un total de 28 personas y se ha investigado a otras 11, a los que se les imputa los delitos continuados de falsedad y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con el trasfondo de favorecer la regulación de inmigrantes no comunitarios por arraigo familiar.
Entre los detenidos se encuentran los 8 integrantes de la organización que tenían funciones claramente definidas, desde la captación de inmigrantes y de mujeres, aportación de domicilios vacíos para los empadronamientos, altas fraudulentas en la Seguridad Social, asesoramiento a las parejas, hasta la constitución de la organización y liderazgo de la misma.
Además, la investigación ha permitido relacionar con el entramado a una persona que contaba con el permiso requerido y acceso al padrón municipal, la cual ha sido detenida como presunta autora de un delito de prevaricación y cohecho.
Parejas de hecho fraudulentas
La primera acción delictiva consistía en la formalización de parejas de hecho fraudulentas, en las que los componentes de la organización captaban a personas de nacionalidad principalmente marroquí en situación administrativa de residencia irregular en la Unión Europea y a los que les proponían la posibilidad de regularizar su situación y adquirir el permiso de residencia constituyéndose como pareja de hecho fraudulenta con una mujer, normalmente de más edad, española o comunitaria.
Para ello, la organización captaba a las mujeres que, previo pago, accedían primeramente al empadronamiento de ambos en viviendas con las que contaba la organización en Roquetas de Mar. La misma organización sacaba cita en el registro del Ayuntamiento para la constitución de la pareja de hecho y los acompañaban a la Oficina de Extranjeros en Almería para que formalizaran las solicitudes de residencia.
Por todo ello, la persona que pretendía regularizar su situación administrativa debía pagar a la organización entre 3.000 y 4.500 euros, según su capacidad económica. Con este dinero, se pagaba a la mujer que accedía a hacerse pareja de hecho del inmigrante entre 1.000 y 2.000 euros, siendo el resto del dinero para los miembros de la red.
Empadronamientos fraudulentos
Una segunda forma de actuación de la organización consistía en realizar empadronamientos fraudulentos en Roquetas de Mar, captando a personas de origen africano que carecían de permiso de trabajo en la Unión Europea y a los que les ofrecían la posibilidad de empadronarse en una vivienda de la localidad almeriense con el fin de justificar el tiempo de estancia mínima en España exigida para poder solicitar el permiso de trabajo por arraigo.
Principalmente se trataban de personas inmigrantes que residían de manera intermitente en poblados chabolistas o cortijos y que se desplazaban a Roquetas de Mar expresamente para que los empadronaran fraudulentamente en la localidad, previo pago de cantidades entre 150 y 200 euros, con el fin de obtener un certificado de empadronamiento válido.
Dichos movimientos venían supeditados por la facilidad dada por una de las oficinas del padrón de Roquetas de Mar, en la que los inmigrantes presentaban la documentación falsa, no requiriendo la presencia ni del propietario de la vivienda ni de las propias personas a empadronar.