El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener la orden de cierre de locales de ocio nocturno y prostíbulos, al entender que el interés general debe «prevalecer» sobre el del sector de la hostelería, por muy importante que este sea desde el punto de vista económico.
En contexto: la sala contenciosa del TSJC ha rechazado así un nuevo recurso de la patronal del ocio nocturno Fecasarm que pedía la suspensión cautelar de la resolución que la Generalitat aprobó el pasado jueves para prorrogar el cierre de discotecas, karaokes, bares musicales, salas de baile y de fiestas y prostíbulos, con el fin de impedir la propagación del coronavirus.
Como ya hiciera con el decreto que limitaba el horario de bares y restaurantes, el TSJC ha descartado suspender provisionalmente el cierre de los locales de ocio, al considerar que se trata de una decisión adoptada «in extremis» por la administración con el fin de reducir la propagación del coronavirus, «en una situación sanitaria de elevados contagios entre la población».
En opinión de la sala, «era y es necesario adoptar medidas urgentes que puedan paliar el riesgo» de contagios, por lo que «es difícil» revocar unas decisiones que favorecen a la población general si los demandantes no acreditan la «irracionalidad, arbitrariedad o incluso la vulneración del principio de proporcionalidad» en las mismas.
Tras aducir que las medidas adoptadas por el Govern «son temporales», el TSJC advierte de que, por «por muy importante que sea en el contexto general de la economía productiva el sector de hostelería, no puede prevalecer sobre el interés general que representa la administración pública».
Tampoco aprecia el tribunal la necesidad de resolver de forma urgente sobre la medida cautelar solicitada por la patronal del ocio.
Por su parte, la Fecasarm ha vuelto ha alertar hoy de la «desesperada» situación en que se encuentra el sector del ocio en Cataluña debido a la pandemia y ha avisado de que, si no reciben ayudas de forma rápida, hasta el 80% de las empresas se verán obligadas a cerrar antes de final de año y se perderán 40.000 puestos de trabajo.
En ese sentido, la patronal ha denunciado que el diálogo con la Generalitat para acordar las medidas de prevención en el sector «ha sido nulo desde hace dos meses», por lo que ha acusado a la consellera de Salud, Alba Vergés, de mentir cuando afirma que las restricciones se han adoptado de forma acordada.
