La oferta del Gobierno a las autonomías de cederles 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas, sobre la que el Ministerio de Defensa dará más detalles este jueves, ha sido en principio bien recibida por varias comunidades, aunque solo Murcia la ha solicitado ya y Galicia ha remitido una carta mostrando su interés.
En contexto: el consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, ha pedido este miércoles al Gobierno central la colaboración de 60 de estos 2.000 rastreadores militares, según ha informado el gobierno regional. Villegas ha detallado que la cifra solicitada es la que correspondería a la Región de Murcia por población respecto al conjunto de España. Galicia, por su parte, ha remitido una carta al Ministerio de Defensa para mostrar su interés y solicitar más información.
Mañana, dos de los trabajadores de las Fuerzas Armadas formados como rastreadores explicarán en una rueda de prensa junto a los responsables del Ministerio el trabajo que pueden desempeñar en aquellas autonomías que soliciten el refuerzo ofrecido ayer por el presidente Pedro Sánchez para apuntalar la localización de los contactos de infectados por la COVID-19[contexto id=»460724″].
«Si alguna comunidad autónoma necesita este apoyo del Ejército (…), nosotros desde Salud ya hemos incrementado los equipos», ha dicho la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, que rechaza la incorporación y además considera que 2.000 personas «no es una cantidad muy elevada» para repartir entre las diferentes regiones.
«Nos tendrán que concretar más», ha añadido Budó, una petición de información que comparte el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que, sin embargo, ha dicho que es «bienvenido» el ofrecimiento del Gobierno central.
«Vamos a pedir al Ministerio que determine esos perfiles para ver dónde pueden encajar», pues, según el consejero, en los rastreadores hay que distinguir dos perfiles: los que hacen la encuesta epidemiológica para determinar los contactos, que son técnicos de salud pública (diplomados o licenciados), y los operadores que día a día llaman al paciente para comprobar si ese contacto está guardando el confinamiento o tiene síntomas.
Y ha apuntado el consejero madrileño que «lo que es más complicado» es tener técnicos de salud pública. Por su parte, el conselleiro gallego de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, ha remitido este miércoles una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para mostrar el interés del gobierno gallego en los rastreadores militares y solicitar concreción al Ejecutivo central.
De entre las autonomías que se han pronunciado sobre la propuesta, Asturias no contempla recurrir a los militares, aunque está abierta a todas las posibilidades en función de cómo evolucione la pandemia en las próximas semanas.
Cantabria, por su parte, incorpora esta semana a diez nuevos rastreadores y llega a los 138, pero no descarta pedir más al Gobierno, porque «las listas de empleo del Gobierno de Cantabria se están agotando para determinadas profesiones» y no se encuentran ya ni biólogos ni farmacéuticos.
Y el presidente valenciano, Ximo Puig, ha admitido que todavía no se ha evaluado la cuestión y que la Comunitat va «por el camino correcto», pero que, si desde Salud Pública se considera que son necesarios más rastreadores, «por supuesto» que se pedirán.
Aunque el Gobierno vasco no se ha pronunciado, el parlamentario del PP Carlos Iturgaiz ha pedido este miércoles al lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, que acepte el ofrecimiento y no vuelva a «despreciar» al Ejército.
El Ministerio de Defensa publicó una instrucción a finales de julio en la que creaba un sistema de respuesta temprana ante la COVID-19 para prevenir un posible repunte de los casos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que incluía estos rastreadores puestos a disposición de la administración civil.
