Castilla y León, Canarias, Murcia, Cantabria y Madrid son las cinco comunidades que se suman a las dos herramientas que el Gobierno ha puesto a su disposición para ayudar en el rastreo de contagios: los rastreadores del ejército y la aplicación móvil Radar COVID.
En contexto: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes que hasta 2.000 militares están listos para reforzar los efectivos autonómicos de rastreo, y recordó la utilidad de la aplicación móvil, que si usara el 20% de españoles reduciría en un 30 por ciento la curva de crecimiento de la expansión del virus.
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria, Canarias y Madrid, además de la ciudad autónoma de Melilla ya han manifestado su deseo de contar con estos expertos de las fuerzas armadas. La Xunta de Galicia ha solicitado más información por carta por su interés en pedir estos recursos humanos para el rastreo de casos.
Los gobiernos autonómicos tendrán que completar el formulario y remitirlo a la Secretaría de Estado de Sanidad, de reciente creación, con la especificación del cupo de rastreadores militares que necesitarían.
Una vez estudiada la petición, una primera dotación acudiría al territorio para evaluar la situación junto con los responsables sanitarios de la comunidad autónoma. Decidirán cuántos de estos expertos militares tendrán que ir y en qué zona actuarán.
Una de las que se ha decantado por el refuerzo de los rastreadores militares ha sido la Comunidad de Madrid a pesar de que este mismo jueves su consejero de Justicia, Enrique López, ha cuestionado el momento en que han conocido la oferta del Gobierno. A su juicio, tendría que haberse formalizado antes, en julio.
Un total de 150 pedirá el Ejecutivo madrileño, los mismos que la Generalitat valenciana. Murcia ha calculado que necesita 60 y Canarias, 100.
La Junta de Castilla y León ha elevado su estimación a 245, en tanto que no han trascendido aún los efectivos solicitados por Cantabria -su Ejecutivo prefiere anteponer las circunstancias de la región antes que estimar una cifra- y por la Ciudad de Melilla.
Además, todos los gobiernos autonómicos meditan la conveniencia del nuevo recurso, como es el caso de Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ve pertinente esta opción por ahora, pero no descarta recurrir a ella próximamente.
Y en Cataluña el PSC ha dicho que si la Generalitat no se suma a las peticiones de rastreadores, tal y como evoluciona la pandemia en el territorio, caería en un «despropósito».
Otra herramienta que va ganando terreno es la app Radar Covid, que ha sido descargada ya en 2,6 millones de dispositivos móviles y está operativa en ocho comunidades: Andalucía, Canarias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Murcia, donde ha ya comenzado a recabar datos aunque todavía no emite alertas. Al igual que con los rastreadores militares, Madrid la añadirá a los instrumentos que está empleando para mitigar la pandemia.
Navarra lo está analizando, ha apuntado su consejera de Salud, Santos Induráin, al igual que la Comunidad Valenciana, aunque su responsable sanitaria ha reconocido que podrían «no sumarse».
«Nosotros estamos estudiando todavía no solo la efectividad de la aplicación, sino cómo eso va a repercutir y qué incidencia va a tener cuando estamos llevando a cabo ya una labor de rastreo», indicó este jueves la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para quien la postura de la Comunitat «es una cuestión de eficiencia, de eficacia y de ver en qué medida puede completar» lo que ya se hace aquí.
El Gobierno estima que el 15 de septiembre la aplicación podría estar operativa en todo el país después de que se estrenara en La Gomera (Islas Canarias) como proyecto piloto el 29 de junio.
